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España 1, Mercados 17

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Los empresarios denuncian el creciente peligro de la fragmentación económica. La España empresarial se muestra cada vez más rebelde ante la proliferación de competencias autonómicas que, en su opinión, amenazan con convertir a España en una suma de 17 mercados diferentes, algo insólito en la Europa del mercado único. Según los empresarios, la pasión de los gobiernos autonómicos por fabricarse sus propias normas, muchas contradictorias entre sí y con el Estado central, está minando la capacidad de nuestras empresas para competir, lo que sólo servirá para debilitarlas y perjudicar, de paso, a los consumidores.

Los empresarios denuncian el creciente peligro de la fragmentación económica

 

 

 

¿Vuelven los reinos de taifas? A juzgar por las opiniones de los expertos consultados no caben muchas dudas de que así ocurre y de que en España peligra algo tan básico como la unidad de mercado.

En estos últimos meses, empresarios, ejecutivos, banqueros, responsables patronales, políticos incluso, han reiterado su alarma ante lo que ven como creciente fragmentación del mercado español, cada vez menos “único”. “Nos parece lamentable –advierte Miguel Garrido, director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid– que, después de los esfuerzos para crear un mercado único en Europa, nos encontremos con más y más problemas para vender nuestros productos a lo largo y ancho de España”.

Opinión que comparte Fernando Eguidazu, del Círculo de Empresarios, quien denuncia “una carrera de las comunidades para crear una jungla de normativas propias, ineficaces, redundantes y contradictorias, que sólo sirven para poner trabas inútiles, causar gastos e inhibir la competencia”. Eguidazu y otros expertos achacan lo que ocurre al fenómeno del “efecto imitación”, que lleva ahora a todas las comunidades a querer emular a Cataluña y armarse de estructuras legislativas y burocráticas cada vez más nutridas. Sin olvidar, tampoco, otro curioso “efecto diferencia”, que las lleva, por contra, a procurar que su abundante cosecha de normas se diferencie lo más posible de las de sus vecinos. ¿Resultado? “Un escenario –dice Eguidazu– en el que el mercado español que existía está siendo sustituido por 17 minimercados regionales”.

Para Francisco Utrera, portavoz de Hacienda del Grupo Popular, “estas situaciones acabarán pasando factura a las empresas y a los consumidores. A las primeras, porque les merma la libre competencia, y a los segundos, porque tendrán que pagar más por los mismos productos”. Además, el sarampión se agrava por días. El que cada una de las 17 autonomías se estén fabricando sus procedimientos propios para autorizar la instalación de empresas, aperturas de hoteles o hipermercados, sus propios horarios comerciales o de rebajas, sus normas de transporte por carretera o exigencias para instalar torres de alta tensión o antenas de móviles está llevando al paroxismo.

Estamos ya en la situación –reconoce Emilio Díaz Ruiz, socio del despacho de Uria y Menéndez– de que algunas empresas, con su producto homologado en Andalucía o Galicia, lo pueden vender en Austria o Suecia, pero no en Valencia o Cataluña. Porque para venderlo en esas comunidades tienen que homologarlo ahí de nuevo”. Y no importa qué productos. Todos pueden estar sujetos –y de hecho lo están– a las correspondientes homologaciones, ya se trate de una cubertería doméstica o un contador eléctrico. “Estas situaciones no se dan en Francia o Italia –asegura este jurista–. Allí, una vez que homologas un producto, lo puedes vender en todo el territorio nacional”.

La obsesión por tenerlo todo “propio” y “local” ha llegado a los libros de texto. Ya se sabe que muchas autonomías imponen sus propios manuales de literatura española, historia o ciencias sociales, en catalán o vasco, según los casos. Lo que se sabe menos es que casi todas exigen también el tener sus propios manuales en otras asignaturas. “En los últimos años –asegura José Moyano, presidente de Anele, la patronal del sector– se ha tendido a una situación en la que tenemos que hacer un manual de física o matemáticas para cada Autonomía, lo que reduce las tiradas hasta el punto de que a veces no compensa el coste de producción”. La casuística es variopinta y… da lugar a situaciones que darían hasta risa, si no fuera por el despilfarro que provocan. “Un camión que vaya de Sagunto a La Coruña, cargado de chatarra –explica un ejecutivo de una patronal de transporte por carretera– puede pasar por algunas autonomías sin problemas, mientras que en otras su carga está tipificada como peligrosa”.

Otro ejecutivo, de una patronal metalúrgica, apunta, irónico, que “lo que en una Comunidad está prohibido en otra puede tener premio”. Y pasa al ejemplo: “Hay una empresa de Pradilla de Ebro, Aragón, que ha recibido autorización para funcionar, pese a que produce sales muy tóxicas, procedentes de chatarra de aluminios, que vierte al medio ambiente. En Cataluña, de hacer algo parecido se iría a la cárcel”. En esta patronal, que ha puesto una denuncia contra la empresa en cuestión, no sólo les asombra el nivel de divergencia (¿contradicción?) entre dos comunidades vecinas, sino que nadie haga nada por impedir algo que tipifica como competencia desleal. “Es evidente que la empresa de Aragón puede producir a menor coste que las que actúan en Cataluña o Valencia, con leyes más exigentes. Es una quiebra de la unidad de mercado”.

Barreras de entrada

Queda, pues, claro que a los empresarios la disgregación normativa y competencial les gusta más bien poco. “Nosotros –dice Garrido, de la Cámara de Comercio de Madrid– somos partidarios de la máxima libertad de actuación, que es buena para las empresas y los consumidores. Toda esta suma de nuevas normas, autorizaciones, procedimientos y licencias multiplicados por 17 sólo genera más costes, a veces tan altos que en algunos casos acaban actuando como barreras de entrada”. Garrido advierte de que la “pasión” legisladora de las comunidades no es gratis: “Les genera a las empresas costes de gestión diferentes en cada sitio, el uso de consultores y abogados para desentrañar la maraña de normas e intermediar con autoridades locales y enormes pérdidas de tiempo que se traducen en dinero y oportunidades perdidas”.

Eguidazu se muestra de acuerdo en que todo ello “incrementa los costes de transacción internos de las empresas, con más gastos administrativos y de personal. Lo que podrías hacer con un nivel de interlocución, lo tienes que multiplicar por 17”. Este miembro del Círculo de Empresarios señala que conoce “el caso de una empresa de prevención de riesgos laborales que ha tenido que presentar una ya de por sí voluminosa documentación en las 17 comunidades donde pretendía establecerse. Ha tardado dos años en empezar a funcionar. Los gastos fueron ímprobos”. Lo peor es que, además, parte de la burocracia autonómica tiene fines proteccionistas. “Muchas de estas normativas buscan una cierta discrecionalidad –apunta Utrera– que les permita a las administraciones regionales proteger actividades o empresas locales y ponérselo difícil a los que vienen de fuera. Y esto es inaceptable”.

Esta proliferación normativa y competencial, que Díaz Ruiz no duda en calificar de “auténtica diarrea”, está desatando críticas acerbas de los empresarios. Es el caso de la CEOE, donde el anterior presidente, José María Cuevas, ya llamaba la atención sobre el resquebrajamiento de la unidad de mercado en el año 2000 (con el PP en el poder). Tampoco Gerardo Díaz Ferrán, su sucesor, ha dejado de llamar la atención sobre el fenómeno, sobre todo tras la aprobación del Estatut de Cataluña. Esta preocupación aparece en primerísimo plano en el nuevo plan estratégico de la patronal.

Las voces en contra han surgido incluso del interior o los aledaños del PSOE. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, o Javier Gómez Navarro, ex ministro con Felipe González y actual presidente del Consejo de Cámaras, han advertido ya de que “la unidad de mercado peligra”. El tema ha sido objeto de informes del Consejo Económico y Social (también en contra) y del Círculo de Empresarios, que en el año 2006 dedicó su Libro Marrón a este tema. “Decidimos abordar el asunto –explica Eguidazu, coordinador de este trabajo de más de 360 páginas– básicamente por tres razones: porque el marco regulatorio se ha hecho más complejo, se están produciendo normas de muy baja calidad y además redundantes y contradictorias”.

Los empresarios y expertos coinciden en culpar al Estatut de Cataluña de lo que está sucediendo. “Pese a que la fragmentación del mercado era consustancial al Estado autonómico –apunta Utrera, del Grupo Popular–, esto se ha agravado después del Estatut, cuando todas las Autonomías –Valencia, Andalucía, Baleares, Aragón…– se han decidido a sacar estatutos en la misma línea”. Utrera afirma que “estamos ante una carrera que no se sabe bien adónde nos va a llevar”. El diputado explica que si la situación “no se desorbitó hace años, se debió a que hasta la llegada de Zapatero había un consenso básico entre los dos grandes partidos que no permitía ninguna reforma estatutaria”. Utrera reconoce, además, que si es cierto que “ya había problemas como el del etiquetado o los horarios comerciales, eran menores y estaban controlados. La diferencia es que ahora no sólo han empezado a emerger diferencias en todos los ámbitos, sino que se ha extendido un estado de opinión según el cual el que no quiere jugar a exacerbar las diferencias queda como el tonto de la película”.....

Un proceso contra natura

Las organizaciones comerciales se han mostrado especialmente críticas con la situación. En su discurso ante la última asamblea anual de Anged, la patronal que agrupa a las grandes superficies, su presidente, Juan Manuel de Mingo (El Corte Inglés), se quejó de que “la configuración descentralizada de nuestro Estado empieza a ser un grave obstáculo para cualquier empresa, de cualquier rama de actividad empresarial con vocación de trabajar en todo el territorio español”. De Mingo aseguró que, con esta situación, “el tejido empresarial pierde fuerza, porque la fragmentación del mercado es un elemento que asfixia los objetivos de cualquier empresa de conseguir mayores niveles de eficiencia” y también que “esta ruptura de la unidad de mercado obstaculiza el desarrollo de las empresas, desalienta la inversión, consagra posiciones de dominio amparadas en fundamentos más administrativos que estrictamente económicos y, todo ello, en un proceso contra natura, cuando lo que se ha impuesto ya es un mercado único en Europa y global en el mundo entero”.
(Extracto de la Revista Dinero perteneciente al mes de Enero, más información en sus kioscos).