Los empresarios lusos no quieren que los españoles sean los beneficiarios del boom de las obras públicas (42.800 millones hasta 2017).
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Francisco Barcia
Lisboa. El Gobierno portugués puede copiar lo que se hace bien en el extranjero. Y asegurar la protección de las empresas, como se hace en España. Hay que exigir la defensa de los intereses nacionales”. Este llamamiento es de Antonio Mota, presidente de la constructora Mota-Engil, la mayor de Portugal, y pretende cerrar el paso a las empresas españolas, interesadas en unas obras públicas que moverán 42.800 millones de euros hasta el año 2017.
Después de muchos años de una recesión severa, el negocio de las infraestructuras comienza a salir del letargo en Portugal, justo cuando la actividad de la construcción ha iniciado su declive en España.
Los números son mareantes. Las tres líneas de alta velocidad (AVE) costarán 8.500 millones de euros. El primer concurso de la conexión ferroviaria Lisboa-Madrid (1.700 millones) se lanzará ya en junio. Las obras del AVE incluyen la construcción de un puente de 13 kilómetros en el estuario del Tajo, en Lisboa, presupuestado en otros 1.700 millones. Están en marcha varias concesiones de autopistas que suman 1.000 kilómetros y costarán 3.800 millones. La capital portuguesa tendrá un nuevo aeropuerto internacional a partir de 2017 (3.300 millones de euros), y se ha anunciado la construcción de 10 nuevos embalses (1.100 millones).
Megacontratos
Según la Asociación Nacional de Constructores de Obras Públicas (Aneop), estos megacontratos y otros proyectos en áreas tan diversas como las carreteras, los puertos, las plataformas logísticas, el tratamiento de aguas residuales, los hospitales y la rehabilitación urbana sumarán 42.800 millones hasta 2017. La presencia de las empresas españolas siempre despierta recelos en Portugal, no sólo en las obras públicas. Sigue latente el temor a la “invasión” española, un fantasma secular que la prensa recuerda casi a diario.

“Traidores”
El papel de las constructoras de nuestro país ha sido muy relevante en los últimos años, aunque la crisis portuguesa ha obligado a muchos grupos a replegar sus posiciones. Sacyr, en 2003, protagonizó la última compra de una constructora local: Somague. En su día, algunos medios de referencia llamaron “traidores” a sus propietarios.
El apelo al proteccionismo, que propugna el principal accionista y presidente de Mota-Engil (un grupo que factura 1.400 millones de euros al año), choca con una realidad apuntada a LA GACETA por gestores españoles en Lisboa y por las propias autoridades lusas: ni las constructoras ni la banca de Portugal tienen la capacidad y los recursos financieros suficientes para afrontar tal volumen de inversión en tan pocos años.
Los grupos españoles no pierden el tiempo y, antes de que se abran los grandes concursos (AVE y aeropuerto de Lisboa), ya han tomado posiciones en Portugal para llevarse un buen trozo del pastel: Somague (Sacyr Vallehermoso) se ha adjudicado un tramo de autopista en el norte del país (375 millones de euros), Aqualia (FCC) gestionará el agua del municipio de Elvas (93 millones) y Abertis ha iniciado las obras de una plataforma logística próxima a Lisboa (265 millones de euros).
España toma posiciones
La “española” Somague, además, invertirá 200 millones de euros en otra plataforma en Maia (Oporto) e integra dos poderosos consorcios eminentemente portugueses que optarán a la construcción y la gestión del AVE y el aeropuerto de Lisboa.
Curiosamente, Mota-Engil es el impulsor de los dos consorcios “100% nacionales” donde está la filial de Sacyr Vallehermoso y que, según los expertos, parten como los grandes favoritos.
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