El cine, la música y los videojuegos se unen contra la piratería y buscan alianzas con las operadoras, como en Francia.
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El presidente de la FAP, José Manuel Tourné. JESUS MAQUEDA |
M.A.Uriondo.
Por cada español que se compra un disco, una película o un videojuego en una tienda hay otro que prefiere descargárselo gratis en internet o comprarlo en el top manta. Ésta es la principal conclusión que se extrae del informe elaborado por la consultora GfK para ilustrar la presentación de la nueva Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, un lobby integrado por la Federación Antipiratería, la SGAE, Egeda y Promusicae y decidido a frenar el gratis total en la Red.
Los datos del instituto, basados en 2.000 entrevistas realizadas a mayores de 16 años, desvelan que el 30% de los españoles, 11,5 millones de personas, siguen comprando contenidos por la vía tradicional, por 8,77 millones que los descargan de la Red, un 23%, y los 3,8 millones que recurren a manteros.
Según este estudio, un 22% de los españoles han descargado música de forma gratuita, y un 19% ha hecho lo propio con las películas, muy por delante de los programas de TV (5%) o los videojuegos (4%).
No son Jack Sparrow
"Existe una gran necesidad de sensibilizar a la población de que las descargas en internet no son algo simpático, como el protagonista de Piratas del Caribe, sino una práctica que ha impactado duramente sobre el negocio de la música, el cine y los videojuegos", explicó el presidente de la Federación Antipiratería (FAP), José Manuel Tourné. El directivo destacó que el negocio de la música se ha reducido en un 58% desde 2001, pasando de una facturación de 600 millones a poco más de 250 millones. El negocio del cine, por su parte, ha pasado de un techo de 144 millones de espectadores a los 100 millones que se esperan para este año, mientras que el del vídeo ha pasado de 420 millones de euros a 265 millones.
Tourné se felicitó por la nueva actitud que han tomado los operadores de internet con respecto a las descargas gratuitas, y confirmó que han comenzado una serie de conversaciones preliminares con Redtel, la patronal de operadores con red que integran Telefónica, Ono, Orange y Vodafone, para llegar a un acuerdo. "El objetivo sería crear dos grupos de trabajo, uno encargado de resolver las cuestiones legales y otro que afrontase el reto tecnológico, pero la situación es aún embrionaria", explicó.
El responsable de la FAP aseguró que una buena medida para acabar con estas prácticas pasaría por utilizar la respuesta gradual, un sistema cuya implantación ya se estudia en países como Francia y Reino Unido. Consiste, básicamente, en hacer que los operadores cancelen la conexión de internet a todos aquellos que, después de varios avisos, sigan insistiendo en descargar contenidos protegidos.
En cuanto a las relaciones con Industria, explicó que se trata de un ministerio clave para resolver la situación de la piratería en España y manifestó su incredulidad ante el poco compromiso del estamento judicial y el Gobierno ante la escalada de las descargas gratuitas.
"La solución pasa por legislar, asegurarse de que esas leyes se cumplen y sensibilizar a la población", remarcó Tourné. "Creemos que internet es una gran oportunidad, pero nadie va a pasar por caja si puede llevarse las cosas gratis por otra puerta", concluyó.
Una alianza nacida de las cenizas de la guerra del canon
El reglamento del canon digital que debe aprobar en breve el Consejo de Ministros ha sido uno de los principales obstáculos para que las distintas organizaciones que se ven perjudicadas por las descargas de contenidos a través de internet hayan decidido unir sus fuerzas y presionar al Ejecutivo para que ponga fin a esta práctica.
En este sentido, los productores de contenidos representados en la Federación Antipiratería (FAP) nunca han sido especialmente partidarios de una tasa cuyos réditos se quedan las sociedades de gestión de derechos de los autores. De hecho, siempre han defendido que el pago de un canon por copia privada ha legitimado, en cierta forma, las descargas a través de internet y ha contribuido a generar entre el público la idea de que lo que pagan por el canon ya les exime de cualquier responsabilidad a la hora de descargar contenidos de la Red.
De hecho, la SGAE y sus socios paralizaron la promoción de un informe jurídico en el que se denunciaba la ilegalidad de las descargas, precisamente porque en él también se vertía una opinión negativa contra la principal fuente de ingresos de los gestores.
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