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El Gobierno rebaja el canon a los CD a cambio de extenderlo a MP3 y móviles

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La propuesta oficial de canon digital será remitida este miércoles a las Entidades de Gestión y a las Asociaciones de Fabricantes de Equipos.

Joan Clos, ministro de Industria. EFE

Eva Úriz / Agencias

Madrid. La polémica en torno al canon digital volvió a reavivarse ayer, a raíz de que los ministerios de Industria y Cultura hicieran pública su propuesta de cambios en los gravámenes por copia privada aplicados a cada dispositivo (ver cuadro). Su idea es reducir las tarifas para ciertos productos —como el CD y el DVD, “los equipos de mayor uso por los ciudadanos”, donde el canon se rebaja en más de un 20%; o la grabadora CD-DVD y la impresora de inyección tinta, en más de un 45%—, a cambio de comenzar a gravar sistemas hasta ahora exentos —como los MP3 y MP4, los teléfonos móviles o las memorias USB—.

La Orden Ministerial conjunta, que según la nota oficial pretende “compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir en razón de las copias para uso privado (que no la piratería)”, espera entrar en vigor a partir de mediados de enero. Además, deberá ser revisada al año de su aplicación, a fin de “corregir las posibles desviaciones” entre las ventas estimadas para los distintos dispositivos (a partir de las cuales se establece la pertinente compensación) y las realmente logradas. En caso de desajustes la Administración se lavará las manos, pues establece que “las partes deudoras y acreedoras acordarán la forma de compensar el exceso o defecto de recaudación”.

Voces divididas

La iniciativa del Gobierno llega apenas dos días antes de que el Congreso vote la Ley del Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), que ya ha sido aprobada por el Senado y que exige la eliminación del canon digital y la modificación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo de un año.

Una división en el plano político —con el PP como adalid de la supresión del canon y el PSOE como principal impulsor de su mantenimiento— que ha sido calificada de “oportunista” y “electoralista” por los colectivos realmente afectados —autores, fabricantes y consumidores—.

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) asegura que hay “miles de millones de euros” en juego. Por poner un ejemplo, las ventas de teléfonos móviles en España en 2007 alcanzan los 21 millones de unidades, de los que 12,5 millones corresponden a terminales con MP3 o cámara de fotos. Así, de haberse gravado su compra con los 1,5 euros ahora propuestos, las sociedades de gestión habrían recaudado 18,75 millones de euros.

Los fabricantes temen que el mantenimiento del canon digital perjudique a las empresas españolas porque los usuarios empiecen a adquirir sus productos a través de Internet de países donde no existe este gravamen —como Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Italia, y así hasta la mitad de los estados miembros de la Unión Europea—. No obstante, la seguridad jurídica creada en torno a la ley —no tiene carácter retroactivo, por ejemplo— les hace calificar la medida de “mal menor”, si bien preferirían medidas de protección tecnológicas (como las empleadas por Apple para garantizar la legalidad de las descargas en sus iPod) y no impositivas. Asimismo, defienden que se luche contra la piratería, que es donde está el fraude.

Por su parte, más de un centenar de creadores firmaron ayer un manifiesto en el que defienden con con uñas y dientes el mantenimiento del canon. Una postura opuesta a la de los consumidores e internautas, que solicitarán al Defensor del Pueblo que reclame la inconstitucionalidad del gravamen.