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Los empresarios urgen una ley que garantice la unidad de mercado

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Piden que se armonice la dispar normativa autonómica en materia laboral, fiscal y urbanística

Enrique Morales

Madrid. Hace seis meses, Gerardo Díaz-Ferrán, pronunciaba su primer discurso como máximo responsable de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cargo en el que sustituía a José María Cuevas, que había presidido la patronal durante 23 años.

En su intervención ante la Asamblea General de CEOE, Díaz-Ferrán dejaba claro el talante que iba a imprimir en la patronal en su mandato, con una defensa a ultranza del liberalismo, de las privatizaciones y de la flexibilidad laboral, sin dejar de lado el diálogo social, avalado por Cuevas y que tan buenos resultados ha dado en los últimos años.

Aquel 6 de junio, la primera petición de Ferrán al máximo órgano de gobierno de la patronal fue la elaboración de un Plan Estratégico que recogiese las claves de su discurso y en el que se hiciese especial incidencia en la defensa de unidad del mercado y en los temas sociolaborales y económicos.

Tras meses de trabajo, las líneas maestras del plan ya están trazadas y servirán de eje para las propuestas y reclamaciones que la patronal impulse en los próximos cuatro años para garantizar competitividad, productividad y desarrollo económico.

LA GACETA ha tenido acceso al documento, que se presentará en la Asamblea Extraordinaria que CEOE celebrará en diciembre, en el que se reclaman nuevas medidas que amortigüen el cambio de ciclo económico y la desaceleración del empleo, reduzcan la burocracia y la regulación y avancen en la consecución de un mercado único nacional.

Para CEOE, la defensa de la unidad del mercado es una de sus prioridades para la próxima legislatura, pero no se olvida de sus tradicionales reclamaciones ligadas a la flexibilidad laboral, la eliminación de impuestos o la reapertura del debate sobre el uso de la energía nuclear.

Los empresarios reconocen que el funcionamiento del modelo autonómico genera una incertidumbre añadida a la propia de su actividad y que la disparidad normativa provoca que sus actuaciones estén condicionadas al territorio en el que actúan, lo que limita la competitividad.

Las comunidades han abierto la puerta a modelos económicos y sociales diferentes en el territorio español, provocando una ruptura del mercado y un freno para las decisiones. Ante esto, los empresarios urgen en su documento —en el que han participado todas las organizaciones sectoriales y territoriales— consensuar y promulgar una Ley de Ordenación General de la Economía, que armonice la normativa en materias como urbanismo, impuestos, comercio, transporte, servicios sociales y marco laboral.

En el contexto económico, la disminución de las ayudas europeas y la desaceleración hacen necesario más rigor presupuestario. En esta línea, abogan por racionalizar el gasto sanitario en pensiones y la inversión en infraestructuras.

En materia laboral, aseguran que persisten rigideces normativas que frenan el dinamismo de un mercado que requiere mayor movilidad y flexibilidad salarial y de las relaciones laborales. Denuncian la falta de eficacia pública, la escasa coordinación entre administraciones que dispara el gasto público y la existencia de unos sistemas de protección que desincentivan buscar empleo.

Sin duda, el documento de CEOE está plagado de reformas y propuestas ambiciosas, cuyo impulso dependerá de la receptividad de los partidos para incluirlas en sus programas, pero el desarrollo de otra parte de las medidas estará supeditado a la negociación y al pacto con los sindicatos. Ésta ha sido la clave del desarrollo del mercado de trabajo en los últimos años, que ha propiciado un descenso de la conflictividad laboral del 80%. Si se trata de avanzar, en muchas ocasiones, el peor acuerdo es preferible al mejor de los desencuentros.