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España, lejos de ser tan "verde" como pide Bruselas

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La CE impone a España nuevos retos para 2020, cuando ya prevé que deberá pagar por no cumplir con los de Kioto.

España, lejos de ser tan "verde" como pide Bruselas. EFE

L. López

AL Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se le acumulan los deberes en materia medioambiental. Su política energética va encaminada a cumplir en lo máximo posible con el Protocolo de Kyoto para 2012, pero la Comisión Europea ya le ha impuesto nuevos retos para 2020, con el objetivo acabar con el cambio climático. El pasado mes de enero, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció que España deberá recortar en un 10% sus emisiones de gases contaminantes con respecto a los niveles de 2005 y producir un 20% de energías renovables de aquí a 2020, más del doble de la producción actual (8,7%).

Asimismo, habrá que conseguir que la producción de energía eléctrica con fuentes renovables vaya del 20% actual al 42% o 43% y que los usos térmicos, como calefacciones, pasen de utilizar un 3,6% de energía verde al 6%. En la política energética que tendrá que ir implantando España se incluye el objetivo común a todos los países de la UE de introducir un 10% de consumo de biocombustibles en el transporte. Este es el punto donde el país tendrá que hacer un mayor esfuerzo, porque el consumo nacional sólo alcanza el 0,6%.

Tras el anuncio de Durao Barroso, representantes del Gobierno español se apresuraron a decir que los objetivos marcados por la Comisión Europea “son ambiciosos pero alcanzables”. Lo cierto es que las expectativas para España no son nada halagüeñas, máxime cuando un informe de Bruselas ya ha alertado de que, con las actuales políticas medioambientales, España ni siquiera podrá cumplir con el Protocolo de Kyoto, que pide que las emisiones de CO2 no excedan en un 19% a las de 1990.

El documento de la CE prevé que las emisiones serán en 2010 un 51% más que las registradas en 1990. Bruselas amenaza con sanciones si se siguen incumpliendo los compromisos, al tiempo que advierte de que España es el país avanzado que está más alejado de cumplir con Kyoto.

La situación de España mejoraría ligeramente con la puesta en marcha de los mecanismos previstos en el Protocolo (lograrían una reducción del 6,9% de las emisiones) y con los planes de reforestación (-1,9%), a pesar de lo que seguiría superando las emisiones autorizadas en un 27%. En esta reprimenda España no se queda sólo. La Comisión estima que Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal tampoco podrán cumplir esos compromisos.

Si España sobrepasa el máximo permitido, tendrá que acudir a los mecanismos que fija el Protocolo para penalizar el exceso, como la compra de derechos de emisión adicionales. El Gobierno ha cifrado en 3.000 millones de euros el gasto para cumplir con Kyoto, ya que se verá obligado a obtener más derechos de emisión que los asignados de forma gratuita. Sin embargo, expertos del sector estiman que este gasto podría llegar a los 5.000 millones de euros si se tiene en cuenta el encarecimiento de los derechos de emisión en los mercados de carbono, que han pasado de valer apenas unos céntimos a más de 20 euros por tonelada.

Cinco normas para lograrlo
El Ejecutivo de España saca pecho y afirma ya ha aprobado cinco normas que permitirán moderar el crecimiento de las emisiones. Estos cinco pilares son el Plan de Asignación de derechos de CO2, el plan de Energías Renovables y el de Efeciencia Energética, y el Código Técnico de Eficación, que obligará a construir casas de forma que consuman menos energía.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio confía en que habrá un cambio de tendencia según aumente la producción de electricidad con fuentes renovables.