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domingo, 20 de julio de 2008 Última actualización: 06:21:48

Joaqun Madina LoidiColumna de
FernandoMéndez Ibisate



Sociedad de la información

A pesar de las leyes y planes para impulsar las nuevas tecnologías, se han ido suceciendo, uno tras otro, los fracasos

Fernando Méndez Ibisate

 

Mucho me temo que políticos y Gobierno mantienen sus pautas en materia de política tecnológica, dando pasos y estableciendo leyes en favor y amparo del statu quo de mercado no competitivo, aderezado con mucha intervención en decisiones relevantes empresariales, incluidos el establecimiento de precios o las políticas de inversión.
 Concretamente, en materia de internet llevamos escuchando de boca de los políticos, desde los años 90, la importancia y trascendencia del desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestro tejido productivo y en el progreso social y económico de empresas y familias de cara a un futuro que continuamente se transforma en presente, pero que —a los resultados me remito— no ha logrado en ningún momento los objetivos que los gobernantes han pretendido o declarado en sus grandilocuentes discursos. A pesar de que los últimos años recogen una gran implantación y expansión de las nuevas tecnologías (me refiero sobre todo a internet) en el ámbito empresarial y doméstico, seguimos manteniendo años de retraso y permanecemos en el furgón de cola de los países desarrollados en la materia. Existe, no obstante, una gran disparidad o desproporción en el ámbito empresarial y laboral, donde la penetración de internet y el servicio de banda ancha, así como la carga y descarga de información y documentos tienden a funcionar bastante adecuadamente a las necesidades (desde luego, no sin excepciones importantes) de las compañías, frente a la cobertura, servicio y precios de la oferta de internet para usuarios domésticos y pequeñas empresas. Parece que, en los dos últimos años, se contempla por parte de los grandes operadores una comercialización más específica del servicio dirigida a pymes, con ofertas y paquetes que facilitan el acceso para los pocos empresarios todavía reticentes con la utilidad de las nuevas tecnologías o cuyos equipos, instalaciones y redes (inexistentes en algunos casos), pasado un tiempo, han quedado obsoletos, impidiendo sacar mayor provecho organizativo, de comunicación y, en definitiva, productivo para sus firmas.

 Hace años escuché en el Ateneo de Madrid al entonces embajador alemán en España, Guido Brunner —el del famoso “convoluto”—, destacar cómo la veloz transformación de la sociedad española había permitido la convivencia en nuestro país de las más nuevas, especializadas y altas tecnologías en campos diversos como la biotecnología, farmacia y medicina, industria, comunicación, química, óptica, etc. con el mantenimiento del carro de bueyes como sistema de producción. Pero tal hecho no ha sido  exclusivo de España. Por proximidad temporal, basta con mirar a Irlanda que, sin embargo, no presenta las carencias ni deterioros que sufre España en asuntos tecnológicos y de I+D+i, que lastran nuestra productividad.

 Numerosas leyes, planes, impulsos e incentivos para implantar y extender las nuevas tecnologías e internet (la última, la Ley 56/2007 de 28 de diciembre pasado) se han promulgado en los últimos 15 años y uno tras otro se han sucedido los fracasos que sólo el esfuerzo individual de los agentes privados logra superar e imponerse, pese a las trabas y frenos establecidos administrativamente.

 Y es que en España tenemos todavía restringida la capacidad de conexión a un máximo de cuatro megas que no son reales (velocidades de subida y bajada no se corresponden y el servicio contratado no se asegura en todo momento), con promesas del operador principal en un futuro próximo de velocidades (supuestas) de 10 megas, cuando la tecnología permite multiplicar por 10 tal velocidad y volumen de transmisión de datos. Puede lograrse mayor amplitud de banda con tecnologías distintas al ADSL que nos impuso el monopolio (luego oligopolio, pero con monopolio de conexión final) de Telefónica, con el visto bueno gubernativo, ya que el mejor ADSL posible (el ADSL2+), que logra hasta 24 megas, es mucho más lento que las redes de fibra óptica. Ha faltado previsión, una política de aunar esfuerzos en la total conexión y cableado y más libertad de entrada y operatividad para las compañías que deseen ofrecer un servicio de calidad.

 Como consecuencia, tenemos un internet de peor calidad y más caro. En julio, la OCDE señalaba que nuestra conexión mensual a banda ancha era la segunda más cara de los países del entorno. Y a finales de noviembre, Bruselas denunciaba que nuestra banda ancha era un 20% más cara que en el resto de Europa. Las nuevas ofertas no han logrado mucho, pues la demanda tiende a mejorar su baja calidad de conexión (paso de uno a tres megas) a precio mayor y, en consecuencia, se extiende la conexión inalámbrica.




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