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Los accionistas disidentes de El Corte Inglés buscan un acuerdo

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La intención de la familia Areces es pactar un precio favorable para las dos partes y evitar así interminables recursos.

En la imagen, uno de los hermanos demandantes de El Corte Inglés, César Areces Fuentes. JESÚS...

G. Cañabate

El juicio que enfrenta a los hermanos Areces contra El Corte Inglés por la venta de sus acciones se encuentra a la espera de sentencia pero, mientras tanto, el trabajo en los pasillos se intensifica. Según fuentes cercanas al proceso, los accionistas disidentes están buscando un acuerdo con El Corte Inglés antes de que se pronuncie la justicia, previsiblemente a mediados de julio, con la intención de evitar interminables recursos. Por el momento, El Corte Inglés se muestra firme en su postura de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias y no ha dado una contestación a la propuesta de consenso de la familia Areces.

Si se llegara a alcanzar este pacto, también se incluiría al cuarto hermano disidente, César Areces Fuentes, que por razones de forma interpuso una demanda paralela con las mismas pretensiones de venta que el resto de su familia y en la que se falló que El Corte Inglés debería pagar 98,5 millones de euros por el 0,67% de sus acciones. Esta sentencia se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial.

Más interesados
Los peritos presentados por el grupo de distribución en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid valoran a la compañía en 5.573 millones de euros, mientras que expertos contratados por los hermanos Ramón, María del Rosario y María Jesús Areces Fuentes consideran que su valor se triplica, en concreto, en una horquilla de entre 14.500 y 16.419 millones de euros.

Lo que pretenden los accionistas es alcanzar un acuerdo intermedio que deje contentas a las dos partes, pero no será fácil, porque este conflicto podría traer cola. Como ya adelantó LA GACETA el pasado 13 de mayo, la familia González, poseedora de un paquete accionarial del 9% a través de la sociedad Ingondel, y representada en el consejo de administración de El Corte Inglés por Juan Carlos González Delgado, también tiene intención de vender parte de su cartera.

Estos nuevos accionistas disidentes se encuentran en la actualidad buscando el consenso con los representantes de la empresa, aunque el resultado final dependerá en buena medida de la resolución del conflicto con los Areces.

Los estatutos de la compañía que preside Isidoro Álvarez otorgan al grupo de distribución un derecho preferente en la compra de sus participaciones, por lo que tanto los hermanos Areces como la familia González no pueden enajenar libremente estos títulos. De ahí esta demanda que se ha convertido ya en la mayor de la historia del grupo.

Ofertas externas
Durante la vista oral celebrada en mayo, los hermanos Areces reconocieron ante el juez que han recibido varias ofertas de una compañía ajena a El Corte Inglés, aunque prefirieron no desvelar el nombre. Estos intereses ponen al grupo de distribución en una situación complicada, porque de no poder o no querer afrontar las cantidades exigidas, el posible camino hacia el parqué estaría más cercano. Una opción sobre la que El Corte Inglés no quiere ni oír hablar, ya que terminaría con el concepto de empresa familiar que la compañía ejecuta desde sus orígenes.

A vueltas con el precio
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2005, cuando César Areces Fuentes, sobrino del fundador Ramón Areces, manifestó su intención de desprenderse de todas sus participaciones, recibidas por herencia, con la única intención de hacer caja.

Tras varios intentos de negociación frustrados, la compañía que preside Isidoro Álvarez expresó su voluntad de adquirir ese paquete por un precio equivalente al valor teórico contable que, según el balance consolidado de 2004, es de 74,93 euros por cada acción. Un precio que en conjunto situaría la participación de César Areces en 35 millones de euros y el valor total de El Corte Inglés en 5.500 millones de euros. Siempre teniendo en cuenta los parámetros utilizados por el perito contratado por el grupo de distribución, en los que no se incluye el valor de la marca ni el de sus inmuebles.

Por su parte, el resultado de la investigación encargada por los disconformes accionistas, eleva esa cifra hasta los 14.000 millones de euros. Otro de los problemas es que, como reconoció el propio consejero delegado de El Corte Inglés en el juicio, Carlos Martínez Echeverría, durante los últimos 30 años nunca se han llevado a cabo operaciones de compraventa de títulos propios que hayan requerido la valoración de un experto externo, ya que desde 1966 sólo se han comprado y vendido acciones de los directivos.

Son diferencias que parecen insalvables y sobre las que se tendrá que pronunciar el juez si los litigantes no alcanzan un acuerdo. Tienen de plazo hasta mediados del próximo mes.