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Las empresas de telecomunicaciones baten el récord de sanciones

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La inclusión indebida en ficheros de morosos dispara un 45% las multas durante 2007.

El presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, presentó la Memoria de...

Irina Moreno

Las compañías de telecomunicaciones siguen en el punto de mira de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por cuarto año consecutivo, este sector ha batido el récord de sanciones que impone el ente público presidido por Artemi Rallo. La Memoria de 2007 de la AEPD recoge que ese año se resolvieron un total de 112 procedimientos sancionadores, lo que supone un aumento del 45,5% con respecto al ejercicio anterior.

Un incremento desaforado que, según ha explicado a LA GACETA el presidente de la AEPD, se debe sobre todo a la inclusión indebida de clientes en ficheros de morosos y a la obtención irregular de datos personales con fines comerciales. No hay más que echar un vistazo a las últimas multas que la Agencia impuso el último mes del año para constatar estos datos. Vodafone España, por ejemplo, cometió en diciembre una infracción grave por valor de 60.000 euros por instar la inclusión de datos personales de un consumidor en el fichero de solvencia patrimonial y crédito, a pesar de que no mantenía ninguna deuda con la misma.

Financieras
Pero no sólo las telecos han recibido un rapapolvo de la AEPD. El segundo sector más vapuleado, también por cuarto año consecutivo, es el de las entidades financieras, con 80 procedimientos sancionadores, un 21% más que el año anterior. Y le siguen las comunicaciones electrónicas comerciales, el llamado spam: 37 sanciones y una espectacular crecida del 164% con respecto a 2006. A pesar de que dichos sectores son reincidentes, Rallo niega que la Agencia vaya a iniciar una campaña de inspecciones de oficio en estas empresas y matiza que "la mayoría de las sanciones son fruto de las denuncias de los ciudadanos, que cada vez están más concienciados". Y lanza un aviso a navegantes: "Las que sí van a recibir inspecciones durante este año son las empresas de publicidad automatizada a través de sms, las de geolocalización y las relacionadas con internet y menores". En este sentido, es reseñable que la videovigilancia se haya situado como el tercer sector con más inspecciones con un aumento extraordinario del 400% respecto a 2006.

La AEPD resolvió en 2007 un total de 399 procedimientos sancionadores, incrementándose la cifra en un 32%, pero como ya adelantó Rallo a LA GACETA el 28 de enero, la cuantía de las mismas ha descendido. El importe de las multas es de 19.674.480 euros, es decir, casi un 20% menos que el pasado año. Esto se debe a que han disminuido las infracciones muy graves (14 frente a 32), que se han incrementado las leves (211 frente a 117) y que han aumentado los casos que permiten apreciar una disminución cualificada de la responsabilidad por parte de los infractores. Según añade el presidente de la Agencia, estos datos dan a entender que "las empresas se están poniendo al día en materia de protección de datos".

Pero esta alentadora conclusión no puede extrapolarse a la Administración pública. Las infracciones (nunca sanciones, ya que la ley no las contempla para la Administración pública) impuestas a la Administración estatal han aumentado un 46% y las impuestas a la autonómica un 77%. La local es la única que se salva de las tres, con un 65% menos de infracciones.

Regulación de los sistemas de denuncia interna
La Agencia de Protección de Datos, por primera vez en su historia, ha incluido en la Memoria de 2007 tres recomendaciones normativas y seis ejecutivas. Entre las peticiones legales, destaca la que solicita a los poderes públicos que se regulen los sistemas de denuncia interna de los trabajadores en las empresas. Rallo pide que se “delimiten las actividades en las que puede resultar necesario el establecimiento de estos sistemas garantizando la confidencialidad del denunciante y los derechos de los denunciados”. Asimismo, reivindica el desarrollo de procedimientos que permitan proteger los derechos de autor de forma compatible con el derecho fundamental a la protección de datos. Y, por último, señala “la necesidad de regular la publicación anonimizada de sentencias de órganos jurisdiccionales. Esta materia tiene muchas zonas oscuras, por lo que debería limitarse su alcance en una norma con rango de ley”.