Las empresas pujarán por los derechos de emisión, lo que supondrá un coste de 20.000 millones anuales
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El ministro de Industria, Joan Clos, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, valoraron... |
L. López
Madrid.
La Comisión Europea ha decidido que las empresas sean conscientes del daño medioambiental que causan por su contaminación y, por ello, va a acabar con la gratuidad de los denominados "derechos de emisión" de CO2.
Ahora, el tejido empresarial e industrial de cada país tendrá que pagar totalmente por toda la contaminación que provocan, lo que supondrá un coste de más de 20.000 millones de euros anuales para los principales sectores económicos de España.
No obstante, la propuesta del Ejecutivo comunitario contempla una excepción para las industrias intensivas en energía (que no define), que podrán obtener los permisos de emisión gratuitos si no se logra un acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barraso, se encargó ayer de presentar en Bruselas el nuevo paquete de medidas sobre energías renovables y cambio climático en la Unión Europea. En esta exposición explicó que cada Estado miembro subastará sus derechos de emisión asignados, de forma que cada sector económico pagará por la contaminación que emita.
Nada más conocer la propuesta comunitaria, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, resaltó que España ha recibido más derechos para subastar que el 90% del resto de países, ya que la Comisión Europea ha tenido en cuenta las especificidades de cada país y, muy concretamente, el que España haya crecido mucho en los últimos años y que cuente con mucho turismo a lo largo de todo el año.
Concretamente, la nueva propuesta de Bruselas también establece una reducción de un 20% de los gases de efecto invernadero respecto al año 1990, así como alcanzar el 20% de energías renovables y un 10% de biocarburantes para el transporte para el 2020. Los sectores difusos (agricultura, transporte y vivienda) tendrán que reducir sus emisiones en un 10% respecto a 2005.
El Gobierno comunitario ha escogido como criterio para fijar estas especificidades el PIB per cápita, de forma que a los países más ricos de la UE se les requiere un mayor esfuerzo, como a Finlandia o Suecia, mientras que se es más benévolo con países de Europa del Este. En cualquier caso, esta propuesta todavía tiene que ser aprobada por los Veintisiete y por la Eurocámara, y la CE espera llegar a un acuerdo final a finales de año o durante el primer semestre de 2009.
En materia de renovables, los países a los que se les exige un mayor esfuerzo son Suecia (49%), Letonia (42%), Finlandia (38%), Austria (34%), Portugal (31%), Dinamarca (30%). Para Alemania, la cuota obligatoria es del 18%, mientras que a Francia la Comisión le ha asignado el 23% (por encima de lo que exigía el presidente Nicolas Sarkozy), a Reino Unido el 15% y a Italia el 17%.
A España también le queda mucho camino por recorrer para conseguir que el 20% de energía consumida en 2020 sea de origen renovable. Según el ministro de Industria, Joan Clos, la producción eléctrica de renovables tendrá que elevarse al 48% desde el 20% actual, mientras que en geotermia las renovables tendrán que alcanzar el 6% desde el 3,6%. Por último, los biocombustibles tendrán que lograr la cota del 10% frente al 0,6% actual.
Tanto Narbona como Clos mostraron su satisfacción porque Bruselas haya sido flexible en cuanto al modelo para impulsar las energías renovables, a través de un sistema de primas, como el modelo español y Alemán, y también aceptando el comercio de certificados verdes.
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