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A la CNE le preocupa que el Gobierno francés participe en un asalto a Iberdrola

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El consejero socialista Jorge Fabra consigue incluir en un reciente informe del regulador algunas advertencias a la compañía gala

María Teresa Costa, presidenta de la CNE. JESÚS MAQUEDA

Lorena López

Madrid. Las operaciones en el sector energético español están de nuevo en el ojo del huracán, después de que el diario The Wall Street Journal avanzara este fin de semana que Electricité de France (EDF) y ACS ofrecerán 91.000 millones por Iberdrola y Unión Fenosa.

Nuevos rumores para una vieja operación que EDF no ha escondido nunca. La eléctrica francesa ha reconocido conversaciones con ACS, el primer accionista de la eléctrica, e incluso se ha atrevido a aventurar un plazo máximo de 18 meses para llevarse el gato al agua. Pero la compañía gala tendrá que contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que la operación se salde con éxito.

¿Qué puede hacer el regulador español? En principio, lo que le dicten desde Moncloa. Pero, mientras la operación se concreta, los nueve miembros del consejo de administración de la CNE siguen de cerca cualquier movimiento del grupo francés y, aunque todavía no existe una operación firme sobre la mesa, ya están mandando mensajes de advertencia para disuadir a la interesada EDF.

Fuentes del consejo de la CNE explicaron que el regulador ha tratado este asunto, con motivo de la petición de Iberdrola de frenar un posible asalto a la eléctrica de EDF y ACS, y todos los consejeros coinciden en que el grupo que preside Pierre Gadonneix no va a tener fácil superar la Función 14, es decir, la autorización del regulador energético. Se trata de su nueva competencia para estudiar las operaciones que afectan a las compañías energéticas españolas, la que se aprobó ad hoc para frenar a E.On en su intento de hacerse con Endesa.

El principal hecho que preocupa a la CNE es la participación del 84% del Gobierno francés en el capital de EDF, así como el blindaje del que disfruta esta compañía, puesto que es necesario modificar una ley para que una empresa pueda adquirir una participación de la compañía. El regulador también sugiere estos temores en su respuesta a Iberdrola sobre su petición para bloquear una opa hostil: “Las leyes que limitan la circulación de capitales de determinadas empresas eléctricas comunitarias, la falta de armonización de la regulación o diseño de los mercados y la ausencia de una política común de seguridad en el abastecimiento energético, son todas cuestiones que preocupan a la CNE en el contexto europeo y español”, destaca el informe.
    
Duras condiciones

Según las mismas fuentes, el consejero socialista Jorge Fabra fue quien abogó por incluir este párrafo en la resolución para dejar constancia de que tiene que haber una política energética española, ante la ausencia de un mercado común a escala europea, y preocuparse así de quién controla Iberdrola. Así, la CNE podría imponer unas duras condiciones a la compañía gala y dificultar cualquier operación. No obstante, Industria podría revocar su resolución por la vigilancia de Bruselas.

Sí es seguro que entre una cosa y otra el proceso se retrasará, tal como sucedió con la opa de E.On, donde Fabra abogó sin éxito por forzar al grupo alemán a vender su filial gasista, Ruhrgas. Ante los constantes rumores, Iberdrola pidió a la CNE en febrero que impidiera a ACS ejercer sus derechos de voto más allá del 3% y que revocase la autorización para alcanzar un 24,9% del capital. El regulador rechazó esta petición por entender que un asalto hostil de la constructora junto a EDF se trata, por el momento, de supuestos y no de hechos reales. La votación fue clara. Ocho consejeros se decantaron por rechazar la petición de Iberdrola y sólo Luis Albentosa, consejero nombrado por el PSOE, criticó una vez más la participación de ACS en dos competidores de un mismo sector (Iberdrola, 12%, y Unión Fenosa, 45%).