La clave está en que reciban financiación tanto del Estado como de las CCAA para cubrir los servicios que prestan.
Fotografía del Ayuntamiento de Valencia. EFE |
Jesús García
SI el nuevo modelo de financiación local contase con los recursos suficientes para hacer frente a todos los gastos que tienen que acometer los ayuntamientos españoles, se atajaría otro de los problemas de fondo de la municipalidad como es el suelo, la principal fuente de financiación de los ayuntamientos en los últimos años.
Poco o nada tienen que ver los ayuntamientos de hoy en día con los de hace treinta años. De ser una administración de segunda fila y con escasas competencias, ahora están llamados a prestar la mayor parte de los servicios al ciudadano. Aunque lógicamente no es lo mismo un ayuntamiento pequeño que uno grande, lo cierto es que cada vez más son los principales responsables de servicios como la educación, la sanidad, la seguridad o la protección civil, pese a ser servicios originalmente cedidos a las comunidades autónomas. Pero sin duda, este importante ramillete de "competencias impropias" delegadas por las autonomías sin la financiación adecuada, se ha convertido en un "dardo envenenado" complicado de financiar.
Si hasta ahora la principal fuente de financiación para hacer frente a esta serie de servicios provenía del ladrillo y especialmente del suelo, ahora que la coyuntura económica es radicalmente distinta, se impone sin demora un nuevo modelo de financiación local.
En este nuevo modelo serán las comunidades autónomas las que cedan competencias y por consiguiente financiación adecuada para la prestación de estos servicios. Se trataría de un modelo similar al vivido por la autonomías, que a lo largo de los últimos treinta años han recibido competencias y financiación de un importante número de servicios prestados por el Estado. Ahora les toca ceder protagonismo a favor de las corporaciones locales.
Con ello se conseguiría por un lado que estas administraciones, fuertemente endeudadas (con cerca de 6.000 millones de euros) saneasen su situación financiera y así cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria. De paso podría alcanzarse un segundo objetivo: el abaratamiento del suelo al dejar de ser ya el principal medio de financiación municipal.
Una propuesta
Sin embargo, pese a que la teoría puede parecer sencilla, lo complicado va a ser a partir de ahora buscar un consenso que satisfaga al Estado, las comunidades y los municipios y que en su conjunto sea sostenible en el tiempo. Este es uno de los deberes a los que tendrá que hacer frente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en la actual legislatura.
En este debate se ha conocido una propuesta publicada por el Instituto de Estudios Fiscales donde se cuantifica en un 27% del presupuesto total municipal el conjunto de estos servicios impropios. Se trata de una cifra cercana a los 10.000 millones de euros que en muchas ocasiones se cubre a base de endeudamiento. La propuesta lanzada en el estudio de esta institución dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda recoge como este gasto impropio debería ser financiado por los tres niveles de Administración. Sin embargo, pese al desarrollo de estos gastos impropios de los últimos años, correspondería a las comunidades el mayor soporte de estos gastos. Se trataría de un modelo donde el Estado financiaría el 25% de estos gastos, otro 25% lo prestarían las propias corporaciones locales y el 50% restante las CCAA. Además propone un incremento del Fondo de Participación en los Ingresos del Estado del orden de 2.650 millones de euros, que se corresponde con la estimación del gasto impropio de 2003. Propone la creación de un Fondo de Nivelación corriente y un Fondo Complementario de Inversiones, al tiempo que contempla un recargo local sobre la cuota del IRPF.
FUENTE: INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES |
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