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martes, 2 de diciembre de 2008 Última actualización: 16:31:18



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27/03/2008 17:06   




Caja Madrid Bolsa presentará recurso de casación ante el Supremo

La entidad se ratificó, además, en los argumentos que ha defendido sobre su "correcta actuación", ajustada no sólo a la normativa vigente, sino a las mejores prácticas del sector y a las obligaciones que había asumido en sus relaciones con Gescartera.

Madrid. Caja Madrid Bolsa aclara que siempre ha cumplido "rigurosamente" la normativa vigente en materia de prestación de servicios en el mercado de valores, y que el delito juzgado se cometió fuera de su ámbito de actuación, por lo que, según explica, "no produjo ningún perjuicio patrimonial a los clientes de Gescartera".

El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró hoy a 'La Caixa' y Caja Madrid Bolsa responsables civiles subsidiarios, por lo que podrían hacer frente al pago de 87,9 millones de euros, cantidad total defraudada por Gescartera determinada por el tribunal.

La sentencia no determina las cantidades que tendrán que abonar cada una de las entidades, cuestión que se fijará en el momento de la ejecución definitiva de la sentencia, que podría tardar alrededor de tres años, después de que el Tribunal Supremo tramite todos los recursos que se presenten contra la sentencia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los 87,9 millones de euros podrían ascender a 125 millones si se suman los intereses por los siete años transcurridos desde la intervención y a alrededor de 150 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses que se sumarían durante los tres años que tarde en ejecutarse la sentencia, según las mismas fuentes.

Junto a estas entidades, también han sido declaradas responsables civilies subsidiarias a las empresas del entorno de la agencia de valores, Gescartera Gestión, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Pormociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios, que no podrán hacer frente a los pagos por insolvencia, así como los condenados cuyas cuentas están embargadas desde la intervención por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en junio de 2001. (Ep)





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