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El lunes acaba el plazo para plantear propuestas a una orden ministerial que entrará en vigor antes de fin de año.
Pedro Solbes, ministro de Economía. EFE |
A. M. Serrano / R. Martínez
Se acabaron los privilegios para la prensa y los analistas. Es la consecuencia directa de la Orden que prepara el Ministerio de Economía para desarrollar el artículo 82.5 de la Ley del Mercado de Valores, que data de 1988, sobre comunicación de información relevante.
Aunque hace 20 años la legislación ya declaró ilegal la información privilegiada, quedaban por acotar y definir aspectos puntuales sin rango de ley que el Ministerio desarrollará ahora a través de la nueva Orden.
Entre los asuntos pendientes está la prohibición de comunicar de forma selectiva información relevante a periodistas, analistas y otros grupos, con el objetivo de evitar filtraciones que otorguen ventajas partidistas e incidir sobre las cotizaciones —como, según la Asociación de la Prensa, ha ocurrido con los rumores sobre un comprador mexicano de Banco Popular que aún no ha aparecido—.
Rapidez e igualdad
El texto, que incidirá asimismo en la obligación de “difundir inmediatamente al mercado y simultáneamente a la CNMV toda la información relevante tan pronto como sea conocida”, muestra así su compromiso con la rapidez a la hora de hacer pública la información y con la igualdad de condiciones para que los agentes decidan dónde invertir.
La Orden se encuenta en periodo de audiencia pública hasta el próximo lunes, plazo contemplado para que los afectados realicen alegaciones. Incorporando las nuevas propuestas, el Ministerio redactará de nuevo el texto e iniciará unos trámites que culmirán con su aprobación, a través de la firma del ministro. La norma podría entrar en vigor antes de que acabe el año, según fuentes del Ministerio de Economía, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Aplauso unánime
En contra de lo que pudiera parecer, los analistas se muestran a favor de un texto que “incrementará la transparencia y pondrá coto a malas prácticas de información asimétrica”, según Luis Cuadrillero, de Intermoney. El experto, que niega que la norma menoscabe la obligación de las empresas de rendir cuentas al mercado y que influya a efectos prácticos sobre su trabajo, se muestra confiado en que será muy favorable para la precisión de los análisis.
“Si todos contamos con la misma información, tendremos que elaborar informes más exhaustivos y acertados si queremos diferenciarnos de nuestros competidores”, explica. En la misma línea, Fernando Hernández, responsable de gestión de Inversis, cree que irá “en beneficio de la profesión”, al eliminar ventajas partidistas. “El dinero fácil conseguido con información privilegiada no es bueno, ni siquiera para el cliente final”, apostilla.
Fallos en EEUU
Sin embargo, no todas las leyes han tenido efectos positivos en el trabajo de los analistas. En Wall Street el desatino es patente, pues la precisión para pronosticar los beneficios empresariales cayó en el segundo trimestre al menor nivel en 16 años.
Los aciertos se redujeron al 6,7% de las firmas del S&P 500, desde el 30% en 2000, año en que se aprobó la ley de Revelación Justa, que prohibía filtrar información a Wall Street. A partir de entonces los aciertos decaen. Con todo, la incertidumbre ante la crisis y los despidos masivos de profesionales en las firmas de inversión también podrían haber lastrado su labor.
Leyes que son un desatino para el mercado
Hace una década, el 60,8% de las compañías que querían cotizar acudían a Wall Street. El año pasado, el porcentaje fue de sólo el 7,7%. Detrás de este desplome está la revolución normativa financiera de 2002 en EEUU. La ley Sabarnes-Oxley y su desarrollo en las normas internacionales de contabilidad (GAAP en inglés) pretendían añadir trasparencia tras el caso Enron.
Nada más lejos de la realidad. Hay voces que critican la normativa por ser una fórmula “tonta y cara de valorar cosas que no existen”, de imponer “burocracia absurda” y de restar financiación a las nuevas empresas.
Sus dos máximos exponentes son tratar como activo tangible el fondo de comercio (elementos inmateriales como la marca) y la redefición, en algunos casos, de la cifra de negocio. El primero conlleva un engorde artificial de los balances y el segundo, resta visibilidad a los ingresos empresariales.
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