MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia este viernes, 24 de junio, el procedimiento de consulta pública para flexibilizar el acceso a las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Esta iniciativa tiene como objetivo flexibilizar el acceso a las ayudas por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, para paliar las pérdidas ocasionadas por la sequía en determinados cultivos, las heladas tardías ocurridas en numerosas comarcas españolas y las repercusiones de la guerra en Ucrania.
La nueva norma incorpora las flexibilidades autorizadas por las instituciones comunitarias, solicitadas por España desde el pasado mes de abril, y que se plasmarán en las necesarias modificaciones de los reglamentos comunitarios, actualmente en tramitación.
Las modificaciones propuestas más destacables que recoge el proyecto normativo son: la reducción desde el 60% al 30% del porcentaje mínimo de ejecución del programa operativo, la utilización para el cálculo de la ayuda del 100 % del valor de la producción comercializada en el anterior periodo de referencia, cuando este se haya reducido en más de un 35%, siempre que la organización de productores demuestre que dichas causas eran ajenas a su responsabilidad y control o la posibilidad de presentar anticipos en cualquier fecha.
A ellas se suman la eliminación de la limitación de poder realizar únicamente cada dos meses modificaciones de los programas operativos durante la anualidad en curso, la posibilidad de incluir inversiones y conceptos de gasto en el marco de actuaciones que no estuvieran previamente aprobadas y la eliminación de limitaciones de gasto entre medidas y para determinadas acciones.
Las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas a través de estos programas operativos canalizaron cerca de 300 millones de euros en la última anualidad pagada en 2021 (correspondiente a los programas operativos ejecutados en 2020), con una tendencia creciente en España desde la constitución de esta ayuda por parte de la Unión Europea.
El texto se tramitará de manera urgente y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022, con el fin de que su aplicación sea lo más rápida posible para los beneficiarios.
