Álvarez (UGT): “Estos Presupuestos tienen que devolver derechos a los ciudadanos”

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tienen que devolver derechos a los ciudadanos a través de la subida de las pensiones, de una mayor atención en la Sanidad Pública y de una mejora de la calidad de la Educación, entre otros aspectos.

Álvarez, en declaraciones a la prensa en una asamblea de delegados organizada por su sindicato en Alcalá de Henares (Madrid), ha señalado que el proyecto presupuestario va en la buena dirección, porque está pensado para la salida de la crisis, aunque ha reconocido que su sindicato “siempre quiere más”.

Asimismo, ha criticado la postura “catastrofista” de los partidos de la oposición ante las cuentas públicas, y les ha reclamado “responsabilidad” para no dañar la “intensa” recuperación que tendrá la economía española en 2022.

El líder de UGT ha apuntado que, además de los Presupuestos, se avecinan otras “batallas” que librar de aquí a final de año, como conseguir que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba a 1.000 euros mensuales desde el próximo 1 de enero.

Álvarez ha subrayado que su sindicato se encuentra en el “reinicio” de un proceso de movilización en el que hará balance de lo hecho en los últimos meses y se centrará en los objetivos inmediatos del sindicato, entre los que se encuentran los Presupuestos del Estado y la subida del SMI.

“Queremos que el 1 de enero no haya ningún trabajador con un salario de menos de 1.000 euros, o lo que es o mismo, con menos de 14.000 euros anuales. Es una batalla que tenemos que ganar y que afectaría a más de 4 millones de trabajadores”, ha destacado.

Al mismo tiempo, ha pedido a la patronal que se siente a negociar un nuevo acuerdo de convenios para situar el salario mínimo de convenio en 1.100 euros mensuales.

También ha reclamado una ley que garantice la privacidad de los datos personales frente a la acumulación que hacen de ellos las empresas tecnológicas, que los utilizan “sin consentimiento” alguno, según ha denunciado.