El presidente autonómico ofrece “coadyuvar” en la acción jurídica, que ven la más adecuada para lograr las medidas cautelares ante Europa
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, han mantenido este martes un encuentro con el sector pesquero afectado por el veto a la pesca de fondo en un centenar de áreas de aguas comunitarias y, tras analizar la situación junto a juristas, han acordado pedir que el Gobierno central recurra el reglamento publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Ejecutivo autonómico anunció en días pasados que estudiaría todas las posibilidades legales para hacer frente a este reglamento que, en palabras del sector, afectaría, por ejemplo, a un 60% de la merluza en Galicia o el 50% de esta especie en España. Tras reunirse con el sector y expertos en la materia, como ha explicado el mandatario gallego, por una cuestión de legitimidad jurídica –y de prosperidad del asunto– se ha decido impulsar que sea el Ejecutivo central el que recurra el reglamento, ante lo que la Xunta será “coadyuvante” y se pone al lado del Gobierno.
En este sentido, han recordado que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ya votó en contra de este veto y que estarían en esta misma línea Irlanda y Francia, como ha explicado Rosa Quintana, quien ha señalado la importancia de que se mantenga este “no” y que la Comisión Europea revise los informes socioeconómicos, que la conselleira de Mar “duda” de que los tengan. En este sentido, agradeció que el ministro del ramo, Luis Planas, haya pedido incluir este asunto en la reunión de ministros europeos.
Adicionalmente, Alfonso Rueda ha explicado que esta misma tarde se dirigirá al presidente del Gobierno para mostrar este espíritu de colaboración y la necesidad de presentar este recurso, al respecto de lo que sostuvo que, tras también consultar con juristas, tiene más posibilidades de prosperar si es el Gobierno central el que lo presenta. Además, esto facilitaría, dijo, la suspensión cautelar de un reglamento cuya vigencia arranca en diez días, con octubre.
“La Xunta hará todo lo que está en su mano”, ha manifestado el presidente autonómico, quien ha recordado que también están afectadas otras comunidades del Estado, como por ejemplo Andalucía.
El sector ha advertido de que este veto obliga a desplazarse a otros caladeros y que puede afectar a unos 500 barcos solo en Galicia. “Daremos la batalla”, ha indicado el gerente del Puerto de Celeiro, Jesús Lourido.
MEDIDA “PERJUDICIAL”
“No acabamos de creer que se tomara esta decisión, que se aprobase con un contenido tan perjudicial”, ha manifestado Rueda en su comparecencia ante los medios, en la que lamentó que no sirviesen las “muchas explicaciones” que se dieron para informar de por qué “no era necesario tomar esa decisión”. “Esta decisión supone un golpe mortal para la flota gallega y para muchos otros que se van a ver indirectamente afectados”, ha señalado.
Rueda ha advertido de que el reglamento contiene “muchas disposiciones injustas”, por lo que tras estudiar las posibilidades, se ha decidido moverse “en el realismo para conseguir resultados”, esto es, que sea el Gobierno central el que interponga el recurso. La Xunta brinda “todo el apoyo” para lograr la revocación de esta normativa europea, que además, dijo, pone en cuestión también la “autonomía alimentaria en España y Europa”.
Rueda ha reconocido que Galicia tendría “muchas dificultades” para plantear el recurso de forma directa y que la alternativa a que lo interponga el Gobierno central sería que las propias empresas afectadas lo hiciesen, pero ni siquiera las asociaciones. Sin embargo, “lo más directo y lo que da más seguridad” es que lo haga España.
El mandatario gallego ha recordado que el propio sector es el “primero” que defiende la sostenibilidad de los recursos marinos para que no se agoten. “Entendemos absolutamente injusta e improcedente” esta normativa, ha aseverado, por lo que ha mostrado su disconformidad y ha apelado a “reaccionar con inteligencia”.
EN LA REUNIÓN DE MINISTROS
Por su parte, la conselleira do Mar ha agradecido al ministro Planas que se incluya en el orden del día de la reunión del consejo de ministros europeo esta cuestión. En el encuentro de este lunes previo a esa cita de la UE, Rosa Quintana solicitó el “máximo apoyo” del Gobierno de España y ha confiado, sin poder adelantar lo que comunicará el Ejecutivo central, en que se presente ese recurso.
“Entiendo que si en su momento se votó en contra, la vía lógica es que decida presentar el recurso”, ha sostenido Quintana, quien ha lamentado una ausencia de revisión de la documentación como se pidió en julio a las autoridades europeas que visitaron Galicia y que, entiende, no se produjo.
Para Juan Carlos Corrás, de la asociación PescaGalicia del Puerto de A Coruña, se trata de una “medida desmesurada” que “no tiene en cuenta el impacto socioeconómico” y tras un proceso de consulta “bastante sesgado” en el que se les “negó información a las asociaciones y pescadores”.
