Cuatro heridos en Atenas tras tiroteo doble en EFKA y juzgados

Un hombre armado con una escopeta de caza irrumpió en la sede de la seguridad social griega y, después, en un complejo judicial. El balance inicial apunta a al menos cuatro heridos, uno de ellos empleado, alcanzado en la pierna. El atacante huyó tras los disparos y la Policía desplegó un operativo para localizarlo. El móvil sigue sin aclararse, pero dejó sobres con documentos en la escena del juzgado. Lo más grave: el episodio golpea dos símbolos del Estado —prestaciones y justicia— en un momento de tensión administrativa.

Un ataque en dos escenarios

La secuencia fue tan rápida como quirúrgica: primero, una oficina de la principal entidad de seguridad social de Grecia; después, un edificio judicial. En ambos puntos, el mismo patrón: entrada, disparos y fuga. Según las primeras reconstrucciones, el sospechoso accedió a dependencias de EFKA en el área de Kerameikos y abrió fuego con una escopeta oculta bajo la ropa. En ese primer episodio, un trabajador resultó herido en la pierna; agentes y sanitarios actuaron en el lugar, llegando a aplicarle un torniquete antes del traslado hospitalario.

Poco después, el atacante se dirigió a un complejo de juzgados y volvió a disparar en la planta baja, con varios heridos más y evacuaciones en ambulancia. La consecuencia es clara: un incidente localizado se convierte, en minutos, en crisis de seguridad urbana cuando el objetivo son infraestructuras críticas.

La ventanilla del Estado donde se concentra la presión

EFKA no es un edificio cualquiera. Es la puerta de entrada a pensiones, cotizaciones, bajas, trámites y reclamaciones: el circuito que sostiene la vida cotidiana de millones de ciudadanos. El propio Estado griego reconoce la capilaridad del organismo en su catálogo de servicios digitales, señal de que la demanda es masiva y constante. Precisamente por eso, el contraste entre la rutina burocrática y la irrupción de un arma resulta demoledor: donde debería haber turnos, expedientes y ventanillas, hubo pánico.

Este hecho revela otra capa: la acumulación de conflictos en torno a prestaciones y expedientes. En los últimos años, tribunales y administración han tenido que diseñar planes para aligerar miles de casos vinculados a EFKA en Atenas, un indicador de fricción estructural. Cuando el sistema se atasca, el ciudadano no ve “retrasos”; ve meses de incertidumbre.

Un perfil improbable y un móvil aún opaco

El dato desconcierta: el sospechoso tendría 89 años y habría sido descrito por medios locales como chatarrero. No encaja con el perfil clásico de violencia urbana, pero sí con un fenómeno más incómodo: la desesperación individual canalizada contra el mostrador del Estado. Las autoridades no han confirmado el motivo. Aun así, la escena del juzgado deja pistas: tras disparar, el hombre habría arrojado sobres con documentos, como si quisiera convertir un conflicto personal en alegato público.

En el relato de un responsable de EFKA aparece el detalle más inquietante por su frialdad operativa: “Subió a la cuarta planta, levantó la escopeta y pidió a un empleado que se agachara”. El diagnóstico es inequívoco: no fue un disparo accidental ni un forcejeo; fue un acto deliberado, con intención de causar daño y dejar un mensaje.

La grieta en la seguridad de edificios públicos

Grecia no es, en términos comparados, un país habituado a tiroteos en instituciones. De hecho, la violencia con armas se considera relativamente infrecuente por el marco regulatorio y cultural, lo que agrava el impacto reputacional del episodio. Sin embargo, lo ocurrido expone una vulnerabilidad compartida por muchas capitales europeas: la seguridad en edificios administrativos suele estar dimensionada para el conflicto verbal, no para la amenaza armada.

La consecuencia inmediata es el endurecimiento de protocolos: controles de acceso, mayor presencia policial y restricciones que, paradójicamente, ralentizan la atención al ciudadano. Y hay un riesgo adicional: la “securitización” de servicios sociales puede elevar la tensión en la sala de espera, justo donde se mezclan urgencias económicas, frustración y fragilidad personal. El contraste con otras ciudades que blindaron juzgados y oficinas tras episodios previos resulta aleccionador: más control no siempre equivale a más calma.

El coste invisible sobre la administración y la confianza

Más allá de los heridos, el daño económico suele ser silencioso. Un tiroteo en una oficina de prestaciones interrumpe citas, detiene expedientes y desplaza recursos hacia la emergencia. Aunque el cierre sea parcial o temporal, el atasco se multiplica: lo que no se atiende hoy se acumula mañana. En el ámbito judicial, el efecto dominó es aún más claro: reprogramación de vistas, reordenación de seguridad, retrasos y saturación de pasillos ya congestionados.

Pero el golpe central es la confianza. Dos instituciones —seguridad social y justicia— sostienen la estabilidad de un país porque prometen previsibilidad: cobrar una pensión, resolver un litigio, garantizar un trámite. Cuando el ciudadano ve que un arma puede atravesar esa promesa, el contrato psicológico se resiente. Y en economías con inflación y presión sobre rentas, la confianza es un activo tan decisivo como el presupuesto: sin ella, aumentan las reclamaciones, la conflictividad y la percepción de desamparo.