Da la clave de cómo echar a un "inquiokupa" rápido: "Llevo 6 años en el juzgado"
El fenómeno de los llamados “inquiokupas” —inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se amparan en la ley de vivienda para seguir ocupando el inmueble— se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los propietarios en España. Según ha explicado Sergio Excellence Circle, experto en inversión inmobiliaria, existe una vía legal rápida y efectiva para recuperar la vivienda, incluso cuando el inquilino se declara vulnerable. "Llevo 6 años en el juzgado", le comenta una de las propietarias que ha visto el vídeo.
La trampa de la ley de vivienda
Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, los propietarios se encuentran con un gran obstáculo: si el inquilino deja de pagar y demuestra una situación de vulnerabilidad económica, queda protegido frente al desalojo, al menos mientras el Estado no le ofrezca una alternativa habitacional.
El problema, explica Sergio, es que esas viviendas alternativas prácticamente no existen. En la práctica, el resultado es que muchos propietarios acaban asumiendo durante años el papel de vivienda social, sin cobrar la renta y sin poder recuperar su propiedad.
El punto débil del sistema
Sergio sostiene que la clave para actuar con rapidez está en cómo se califica el comportamiento del inquilino. Si se demuestra que no se trata de un simple impago, sino de un delito de estafa, el escenario cambia por completo.
“La ley de vivienda protege al inquilino vulnerable, pero no al estafador”, explica.
“Si desde el inicio actuó con engaño o con intención de no pagar, la vía ya no es civil, sino penal”.
En ese caso, el propietario puede presentar una denuncia por estafa inmobiliaria, lo que permite solicitar medidas cautelares de desalojo rápido.
La clave está en demostrar que el inquilino nunca tuvo intención de pagar o que presentó documentación falsa o manipulada al firmar el contrato.
Cómo blindarse desde el contrato
Según la explicación de Sergio Excellence Circle, la mejor forma de prevenir un caso así es incluir una cláusula específica en el contrato de arrendamiento, que contemple expresamente la posibilidad de iniciar acciones penales en caso de indicios de fraude o engaño previo.
Esa cláusula puede servir como respaldo jurídico para que el propietario actúe con mayor rapidez si detecta que el inquilino ha falseado ingresos, referencias o identidad, o si nunca llegó a abonar el primer pago completo.
Además, recuerda que el uso de cuentas verificadas, depósitos bancarios previos y comprobación de solvencia real son pasos imprescindibles para evitar caer en manos de un inquiokupa profesional.
Por qué funciona la vía penal
La estrategia se basa en un principio simple:
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En la vía civil, el impago del alquiler puede tardar meses o años en resolverse, y la ley puede proteger al ocupante si es vulnerable.
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En la vía penal, en cambio, el caso se convierte en un delito de estafa (tipificado en el artículo 248 del Código Penal), y la vulnerabilidad deja de ser un factor de protección.
En ese escenario, el juez puede ordenar un desalojo inmediato como medida cautelar, incluso antes de que se resuelva el proceso judicial.
Una alternativa legal ante un problema creciente
Los llamados “inquiokupas” —inquilinos que dejan de pagar, se declaran insolventes y se aferran a la protección legal— representan un problema en auge. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 los procedimientos de desahucio por impago aumentaron un 9 %, y más de la mitad se encuentran paralizados por causas sociales o administrativas.
La propuesta de Sergio Excellence Circle no se basa en un vacío legal, sino en aplicar correctamente el derecho penal cuando el arrendatario ha actuado desde el principio con dolo o engaño.
Conclusión
En un contexto donde los propietarios sienten que la ley no los protege, la estrategia que propone Sergio Excellence Circle ofrece una salida legal, rápida y eficaz.
El mensaje es claro: si se demuestra que el inquilino actuó con mala fe o intención de estafar, ya no es un “inquilino vulnerable”, sino un delincuente, y la ley permite actuar con celeridad para recuperar la vivienda.
Una vía que, aunque requiere asesoramiento jurídico adecuado, podría marcar la diferencia entre años de espera o un desalojo en semanas.