España alcanza un récord histórico con más de 10 millones de inmigrantes empadronados
La fotografía demográfica de España ha cambiado de escala. A 1 de enero de 2026, la población residente alcanza los 49,57 millones de habitantes, el máximo de la serie histórica, tras crecer en 81.520 personas solo en el último trimestre de 2025. De ese total, los nacidos en el extranjero superan por primera vez la barrera de los 10 millones de residentes y los ciudadanos con nacionalidad extranjera rozan los 7,25 millones, el 14,6% de la población. El dato clave, sin embargo, no es el récord absoluto, sino el origen del crecimiento: ya no se explica por los nacimientos, sino por la inmigración. La consecuencia es clara: España entra en una fase en la que su equilibrio económico, social y territorial dependerá de cómo gestione este nuevo mapa humano. Y el diagnóstico es inequívoco: la política pública llega tarde a un cambio estructural que ya está en marcha.
Un récord que cambia el mapa demográfico
El último avance de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica un salto histórico: más de 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero residen hoy en España, frente a una población total que roza los 49,6 millones. En apenas un lustro, la población de origen inmigrado —incluyendo a quienes han nacido fuera y a los hijos de extranjeros nacidos aquí— ha sumado más de dos millones de personas y supone ya en torno al 20,3% de los residentes, es decir, uno de cada cinco.
Este hecho revela un cambio profundo respecto al patrón migratorio de comienzos de siglo. Tras la crisis de 2008, se habló de “fin del boom migratorio” y de un país que volvía a expulsar población joven. Hoy, la realidad es la contraria: el crecimiento demográfico es casi íntegramente importado. Sin las llegadas netas del exterior, España estaría ya perdiendo habitantes de forma continuada.
La composición por nacionalidades también se reconfigura. Las principales corrientes migratorias proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, que concentran decenas de miles de nuevas altas cada trimestre, sustituyendo el protagonismo que tuvieron en los años 2000 los flujos de Rumanía o Ecuador. El país se convierte, de facto, en una economía fuertemente dependiente de la movilidad internacional de personas.
El desplome del saldo natural
Bajo este récord histórico late un dato incómodo: España encadena años con saldo natural negativo, con más defunciones que nacimientos. En 2024 se registraron solo 318.005 nacimientos, un nuevo mínimo histórico, mientras el número de muertes se mantuvo prácticamente estable. El número medio de hijos por mujer cayó hasta 1,10, muy lejos del nivel de reemplazo generacional (2,1).
La consecuencia es clara: incluso en un contexto de récord poblacional, cada año nacen menos españoles de los que se necesitarían para sostener la pirámide de edades. El peso de los mayores de 65 años aumenta y el de los menores de 16 se reduce, tensionando a medio plazo el sistema de pensiones, la sanidad y la propia estructura del mercado laboral.
Al mismo tiempo, una de cada tres criaturas que nacen en el país tiene madre nacida en el extranjero, un porcentaje que se ha disparado en la última década. En otras palabras, la inmigración no sólo compensa la caída de la natalidad: ya es la principal vía por la que se incorporan nuevas generaciones a la sociedad española. Como sintetiza una lectura fría de las cifras, “España ya no crece por sus cunas, sino por sus llegadas”.
Nacidos fuera, nacionalidad española: la nueva mayoría silenciosa
El retrato demográfico se complica al cruzar lugar de nacimiento y nacionalidad. Aunque hay más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, solo unos 7,24 millones mantienen todavía pasaporte extranjero. El resto ha adquirido la nacionalidad española en los últimos años, o son hijos de esos procesos de naturalización.
Ese colectivo de naturalizados configura una “mayoría silenciosa” de origen migrante que aparece en las estadísticas como población española, pero que introduce diversidad cultural, lingüística y social en barrios, escuelas y centros de trabajo. Esa “invisibilidad estadística” puede llevar a infravalorar la escala real del cambio demográfico cuando se diseña política pública.
La cuestión no es menor. La naturalización abre la puerta al voto, al acceso pleno a la función pública y a una relación distinta con el Estado. Sin embargo, la estrategia de integración sigue fragmentada entre ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, sin una hoja de ruta clara a diez o veinte años. La consecuencia es un mosaico de políticas descoordinadas: programas de idioma sin continuidad, barreras en el reconocimiento de títulos o sistemas de acogida saturados en determinados municipios.
Un mercado laboral envejecido que busca relevo
El impacto más inmediato se observa en el mercado de trabajo. En un país donde la fecundidad se hunde y la edad media se acerca a los 46 años, buena parte de las nuevas altas en la Seguridad Social proviene ya de trabajadores nacidos fuera. En algunos sectores —hostelería, agricultura intensiva, construcción, logística o cuidados de larga duración— los inmigrantes concentran entre el 30% y el 40% de la mano de obra en determinadas provincias, según estimaciones de servicios de empleo y organizaciones sectoriales.
Lo más grave es que esta incorporación no siempre se produce en condiciones que maximicen el potencial económico. Persisten tasas elevadas de temporalidad, sobrecualificación y salarios bajos entre los trabajadores de origen extranjero. “Importar población sin importar también derechos y oportunidades es una receta para el conflicto futuro”, advierten desde organizaciones especializadas.
A corto plazo, la llegada de mano de obra joven alivia el envejecimiento de la población activa y facilita cubrir vacantes en ocupaciones poco atractivas para los nacionales. A medio plazo, sin embargo, la ausencia de una estrategia de movilidad ascendente puede consolidar un mercado laboral dual, donde una parte de la fuerza de trabajo queda atrapada en segmentos precarios con escaso recorrido profesional.
Pensiones y Estado del bienestar ante la prueba demográfica
El giro demográfico tiene una derivada inmediata sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar. Sin los 442.000 habitantes adicionales ganados en 2025, en buena medida gracias a la inmigración, España estaría ya reduciendo su base contributiva. En un sistema de reparto como el español, donde las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores presentes, la aritmética es implacable.
Los escenarios que manejan economistas y organismos independientes coinciden en una idea: sin el empuje de la inmigración, la relación entre afiliados y pensionistas caería más deprisa y exigiría ajustes mucho más dolorosos, ya sea vía recortes, vía impuestos o vía endeudamiento. La llegada de trabajadores extranjeros no es, por sí sola, la solución; pero sin ellos, la ecuación sería casi inabordable.
La incógnita reside en la calidad de esa integración laboral. Si buena parte de los recién llegados cotiza de forma intermitente, con salarios bajos y carreras de cotización incompletas, el efecto positivo sobre la caja de la Seguridad Social se reduce. En cambio, una política activa de inserción, formación y movilidad profesional podría transformar este flujo demográfico en un auténtico dividendo económico, especialmente en sectores de alto valor añadido donde hoy hay déficit de perfiles.