Rusia apaga WhatsApp y empuja a 100 millones hacia MAX

Un apagón anunciado: de la ralentización al bloqueo total

El bloqueo de hoy no es un rayo en cielo despejado, sino la culminación de un proceso cuidadosamente escalonado. Desde el verano pasado, las autoridades empezaron a imponer “restricciones parciales” tanto a llamadas como a ciertas funcionalidades de la aplicación, bajo el argumento de que no colaboraba suficiente con las peticiones de información en casos de fraude y terrorismo.

En diciembre, medios rusos ya reportaban que el rendimiento de WhatsApp se había degradado entre un 70% y un 80%, hasta el punto de convertir en casi imposible el uso normal de llamadas y envío de archivos pesados.
El último paso ha consistido en eliminar la app del registro técnico gestionado por Roskomnadzor, el organismo que actúa como árbitro de facto del tráfico digital en Rusia. Sin ese “punto de referencia” oficial, los operadores dejan de tener instrucciones claras para enrutar el tráfico, lo que provoca una caída drástica de accesibilidad salvo para quienes recurren a VPN o herramientas avanzadas.

El diagnóstico es inequívoco: más que un problema técnico, se trata de una decisión política diseñada para redirigir a decenas de millones de usuarios hacia soluciones controladas desde dentro del perímetro estatal, en paralelo a una campaña pública que presenta a WhatsApp como insegura y “no adaptada” a la legislación rusa.

El laboratorio ruso de la censura digital

El caso de WhatsApp se inserta en una estrategia que Moscú viene ensayando desde hace una década: utilizar la ingeniería de redes no sólo para bloquear contenidos concretos, sino para reconfigurar el ecosistema digital a favor de plataformas alineadas con el poder. El propio Roskomnadzor acumula un historial de bloqueos que va desde webs opositoras hasta redes sociales globales.

Según datos recopilados por organizaciones independientes, a abril de 2024 ya se habían bloqueado más de 200.000 sitios relacionados con la guerra en Ucrania, junto a unos 150 servicios de VPN y otras 700 páginas dedicadas a anunciar herramientas para esquivar la censura.
A este listado se suma la ralentización de Twitter primero y, más recientemente, el estrangulamiento progresivo de YouTube, cuya velocidad se ha reducido de forma deliberada en varias oleadas desde 2024 hasta convertir el acceso en una carrera de obstáculos, especialmente en móviles.

Lo más grave es que estas medidas no sólo limitan la circulación de información, sino que distorsionan los incentivos del mercado, favoreciendo a servicios domésticos que crecen a la sombra de la regulación. Tras el inicio del estrangulamiento de YouTube, por ejemplo, la audiencia de Rutube se multiplicó por 7,5 veces, hasta alcanzar unos 80 millones de usuarios a mediados de 2025, gracias al cierre competitivo artificial del entorno digital.

MAX, la ‘superapp’ nacional inspirada en WeChat

En el centro de la nueva arquitectura digital rusa está MAX, una aplicación desarrollada por VK que aspira a convertirse en un “todo en uno” a imagen y semejanza de la china WeChat.
Más que un simple chat, MAX integra mensajería, redes sociales, pagos, compras online y acceso a servicios públicos como Gosuslugi, el portal de trámites del Estado.

Un dato clave fue la aprobación, en junio de 2025, de una ley que obliga a que todos los teléfonos vendidos oficialmente en Rusia lleven MAX preinstalada. Desde septiembre de ese mismo año, Roskomnadzor empezó a restringir de forma simultánea el uso de WhatsApp y Telegram mientras el Gobierno multiplicaba la publicidad de la nueva app nacional.

El contraste con otros modelos resulta demoledor. Mientras en Europa se debate sobre “autonomía estratégica” mediante reglas de competencia o exigencias de almacenamiento de datos, en Rusia el camino elegido es desmantelar la competencia extranjera a base de throttling, bloqueos y requisitos de preinstalación obligatoria. El resultado práctico es la construcción de una especie de “WeChat ruso” en el que la mensajería, la identidad digital, la firma electrónica y los pagos quedan agrupados en un mismo entorno bajo control político y regulatorio interno.

Del cifrado de extremo a extremo al control total

La batalla por el control de la mensajería no es sólo comercial; es profundamente tecnológica y jurídica. WhatsApp ofrece cifrado de extremo a extremo por defecto, lo que impide —al menos sobre el papel— que ni la propia empresa pueda leer el contenido de los mensajes. MAX, en cambio, se integra en un ecosistema en el que el Estado conserva amplios márgenes para exigir acceso a datos, metadatos y patrones de uso.

De ahí el tono inusualmente duro de la reacción de Meta Platforms, que ha acusado a Rusia de intentar empujar a los ciudadanos hacia una “aplicación estatal de vigilancia”.
La compañía insiste en que seguirá haciendo “todo lo posible” para mantener conectados a los usuarios, una referencia velada al uso de VPN, proxies y técnicas de evasión del bloqueo.

Las autoridades rusas, por su parte, niegan que MAX esté concebida para seguir la pista a los ciudadanos y presentan el proyecto como un paso necesario para garantizar la “seguridad de los datos” frente a proveedores extranjeros, en un contexto de sanciones y guerra. Sin embargo, la opacidad del código, la ausencia de auditorías independientes y el alineamiento entre el regulador, los desarrolladores y el Kremlin refuerzan la percepción de que el espacio privado de comunicación se va estrechando peligrosamente.

Golpe a Meta y aviso a Silicon Valley

En términos estrictamente financieros, el peso de Rusia en las cuentas consolidadas de Meta es limitado, sobre todo desde la prohibición previa de Facebook e Instagram. Sin embargo, el caso tiene un valor simbólico y estratégico considerable: más de 100 millones de usuarios pierden acceso directo a uno de los mayores servicios de mensajería del mundo y quedan empujados hacia alternativas controladas localmente.

Lo que se escenifica es un mensaje claro a Silicon Valley: en determinados mercados autoritarios, la continuidad del negocio queda supeditada al grado de sumisión regulatoria. La presión no se limita a retirar contenidos, sino que se extiende a la exigencia de trasladar datos, abrir “puertas traseras” o aceptar que el cifrado deje de ser realmente extremo a extremo.

A la vez, los campeones nacionales se benefician de un campo de juego inclinado. VK acumula ya iniciativas para reemplazar a una larga lista de servicios extranjeros —desde Gmail a Zoom— en la administración pública, y la combinación de MAX, Rutube y VK Video configura un ecosistema capaz de absorber decenas de millones de usuarios publicitarios desplazados por la retirada forzosa de competidores occidentales.

Los usuarios: entre el exilio digital y el uso de VPN

Para el ciudadano medio, el bloqueo de WhatsApp se traduce en una decisión incómoda: aprender a esquivar la censura o resignarse a utilizar herramientas estatales menos seguras. La experiencia de YouTube anticipa el escenario: tras las primeras oleadas de ralentización, la demanda de VPN se disparó en Rusia, con un aumento de descargas y suscripciones que algunas fuentes sitúan por encima del 200% en los meses posteriores.

No obstante, el uso de VPN conlleva riesgos legales y técnicos. Aunque no están prohibidas de forma explícita, el acoso a los proveedores y la vigilancia sobre su publicidad hacen que muchos usuarios teman convertirse en objetivo simplemente por intentar mantener su entorno digital habitual. Al mismo tiempo, MAX se ofrece como una solución “cómoda” y “totalmente integrada” con servicios públicos, lo que introduce un incentivo perverso: la comodidad a cambio de privacidad.

En la práctica, muchos rusos acabarán manteniendo un “doble circuito”: una app estatal para trámites, pagos o comunicaciones de bajo riesgo, y canales cifrados o externos —a menudo clandestinos— para conversaciones sensibles. El resultado es un ecosistema fragmentado, en el que el coste de proteger la propia intimidad aumenta y la asimetría de poder entre Estado y ciudadano se agranda.