Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island durante partido escolar deja tres muertos
La tarde del lunes, el ruido de los patines sobre el hielo se mezcló con el estruendo de hasta una docena de disparos en el interior del Dennis M. Lynch Arena. En cuestión de segundos, un partido de hockey juvenil en Pawtucket se convirtió en una escena de pánico: dos personas resultaron asesinadas, tres permanecen en estado crítico y el autor del ataque murió de un tiro autoinfligido. Las autoridades hablan ya de un episodio de violencia doméstica que derivó en familicidio y suicidio en pleno recinto deportivo. El caso vuelve a colocar a Rhode Island en el mapa de la violencia armada pocos meses después de otro tiroteo mortal en un campus universitario.
Un ataque en plena grada
Según el relato de la policía, el tiroteo comenzó alrededor de las 14.30 hora local, durante un encuentro entre equipos cooperativos de institutos de la zona. El atacante se situó en la grada, junto a sus familiares, y abrió fuego contra ellos a muy poca distancia. Cinco personas recibieron disparos: dos murieron —una en el acto y otra en el hospital— y tres siguen ingresadas en estado crítico, mientras que el propio tirador se quitó la vida inmediatamente después.
Testigos y grabaciones del directo del partido hablan de entre 11 y 14 detonaciones en apenas unos segundos, seguidas de gritos, jugadores arrojándose al hielo para buscar cobertura y familias huyendo hacia las salidas. Muchos espectadores confundieron inicialmente los ruidos con globos explotando o golpes contra las vallas, hasta que vieron cuerpos caer en las gradas. «Nadie entendía qué pasaba, solo vimos a la gente tirarse al suelo y correr», resumía una madre a los medios locales. La escena, captada parcialmente por la retransmisión en streaming, se ha incorporado ya a la investigación policial.
Una disputa familiar frente a decenas de menores
Las autoridades han descrito el suceso como un “evento dirigido” y “relacionado con una disputa familiar”, descartando por ahora cualquier vínculo con un ataque indiscriminado contra el público o los equipos. El presunto agresor, identificado como un hombre de 56 años, acudió al pabellón para seguir el partido de un familiar directo. En la grada se encontraban varios miembros de su familia, incluidos al menos uno de sus hijos y otros parientes cercanos, que se convirtieron en objetivo inmediato.
La investigación trabaja con la hipótesis de que el tiroteo fue la culminación violenta de un conflicto doméstico escalado durante meses, en un contexto de problemas de salud mental y acceso a armas de fuego. En este tipo de episodios, el hogar deja de ser el escenario habitual y la violencia se traslada a espacios públicos donde las víctimas están localizables y desprotegidas: un pabellón, un cumpleaños, un aparcamiento escolar. La consecuencia es doblemente devastadora: no solo mueren o resultan heridos los miembros de la familia, sino que decenas de menores y familias presencian en directo un crimen que marcará su memoria de por vida.
La rápida respuesta que evitó una tragedia mayor
Dentro del horror, las autoridades subrayan que la tragedia pudo ser aún mayor. La jefa de policía, Tina Goncalves, ha confirmado que un espectador —un padre de otro jugador— llegó a enfrentarse al tirador e intentó desarmarlo, lo que habría contribuido a limitar el número de víctimas. Aun así, el atacante disponía de al menos otra arma, y las balas ya habían impactado sobre varios miembros de su familia cuando intervino este “buen samaritano”.
La respuesta policial también fue inusualmente rápida: las primeras patrullas tardaron pocos minutos en llegar al pabellón, acordonar el área y evacuar a los asistentes. Se desplegó un amplio dispositivo con fuerzas locales, estatales y agentes de la FBI, que desde el primer momento insistieron en que no existía una amenaza activa más allá del recinto. Autobuses públicos fueron utilizados para trasladar a los menores a un punto de reunión donde se produjeron, uno a uno, los reencuentros con sus familias. Los servicios de emergencias llevaron a los heridos al principal hospital del estado, que activó protocolos de seguridad y de emergencia psicológica.
El nuevo golpe para Rhode Island
El impacto emocional del ataque es mayor porque llega apenas dos meses después del tiroteo en el campus de Brown University, en el que murieron dos personas y varias más resultaron heridas. Para un estado pequeño como Rhode Island, con algo más de un millón de habitantes, dos episodios de violencia armada de alto impacto en menos de un año suponen un golpe reputacional, político y social.
El gobernador Dan McKee ha calificado el ataque como una “tragedia horrorosa” y ha prometido apoyo psicológico y económico a las familias afectadas y a los alumnos de los centros implicados. Sin embargo, el debate público se desplaza ya hacia otro terreno: cómo es posible que, tras años de protocolos contra tiroteos en escuelas y universidades, un conflicto doméstico haya derivado en un ataque mortal en un recinto municipal donde entrenan y compiten cientos de menores cada semana.
A nivel local, el ayuntamiento de Pawtucket tendrá que revisar sus normas sobre presencia de seguridad privada o policial en eventos deportivos y protocolizar controles adicionales de acceso, especialmente en partidos de alta afluencia. Cada decisión tiene costes: más vigilancia implica más presupuesto municipal, pero la ausencia de cambios tras un episodio así puede resultar políticamente explosiva.
El patrón de la violencia armada en Estados Unidos
Aunque este caso tiene todos los rasgos de un drama familiar, encaja en un patrón más amplio: la violencia armada en espacios cotidianos. En 2023 se registraron 604 tiroteos masivos en Estados Unidos, con 754 muertos y más de 2.400 heridos, según la base de datos de la organización Gun Violence Archive. Buena parte de estos sucesos tienen origen en disputas domésticas o personales que se desbordan en lugares públicos.
Los datos de 2025 apuntan a un ligero descenso de las matanzas múltiples, pero los expertos lo interpretan más como un regreso a niveles “típicos” que como una mejora estructural. Estados Unidos sigue siendo una excepción mundial por volumen de armas en circulación y por la frecuencia con la que un conflicto privado termina con varias personas muertas o heridas. En este contexto, el caso de Pawtucket no es un “cisne negro”, sino otro eslabón en una cadena de incidentes donde el acceso inmediato a armas de fuego convierte cualquier disputa en potencial masacre.
Instalaciones deportivas bajo presión
Los pabellones municipales, estadios escolares y campos de juego se han convertido en un nuevo frente de la conversación sobre seguridad. El tiroteo de Pawtucket se produce en un lugar que, hasta ahora, era un símbolo de convivencia comunitaria: la pista donde los niños aprenden a patinar, los adolescentes compiten los fines de semana y las familias se reúnen en torno a un deporte. El diagnóstico es inequívoco: si la violencia doméstica entra en estos espacios, los protocolos de seguridad deben repensarse desde cero.
En Estados Unidos, más del 60% de los centros educativos realizan simulacros de tirador activo al menos una vez al año. Sin embargo, muchos recintos deportivos municipales no cuentan con medidas comparables: ni arcos de detección de metales, ni presencia fija de seguridad, ni procedimientos claros de evacuación. Pawtucket se enfrenta ahora a un dilema que pronto puede extenderse a otras ciudades: hasta qué punto es asumible convertir instalaciones concebidas para el ocio y la socialización en entornos cuasi blindados, y quién paga esa factura en un contexto de presupuestos locales tensionados.