La Administración rectifica en apenas cuatro horas ante la presión de las aerolíneas mientras mantiene suspendido el programa Global Entry por el cierre del DHS
La Administración de Donald Trump ha protagonizado este domingo un giro de guion tan inesperado como revelador sobre la fragilidad operativa del Gobierno federal. Tras anunciar la suspensión total de los programas de seguridad aérea acelerada debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Casa Blanca ha decidido dar marcha atrás y mantener operativo el sistema TSA PreCheck. Esta rectificación, que se produce apenas cuatro horas después de la entrada en vigor teórica de la suspensión, evita —al menos temporalmente— un caos logístico en los aeropuertos estadounidenses que habría afectado a más de 20 millones de ciudadanos. Sin embargo, el diagnóstico de esta crisis revela una gestión de «hechos consumados» donde el servicio público se utiliza como moneda de cambio en la guerra presupuestaria entre republicanos y demócratas por la política migratoria.
El laberinto de un cierre por decreto
El origen de esta ineficiencia administrativa se remonta a la parálisis presupuestaria que atenaza al Congreso, donde el desacuerdo sobre la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha dejado al DHS sin fondos operativos. Lo más grave de la situación es que, en un primer momento, el Departamento decidió suspender tanto el PreCheck como el Global Entry, citando la falta de presupuesto. Este hecho revela una inconsistencia flagrante con respecto a crisis anteriores; durante el cierre de gobierno de 43 días registrado el año pasado, ambos programas permanecieron activos sin mayores contratiempos. La consecuencia es clara: el Ejecutivo ha intentado testar la resistencia de la opinión pública mediante la amenaza de paralizar el tránsito aéreo en plena temporada alta de viajes.
La rectificación de este domingo no es, por tanto, una cuestión de disponibilidad de fondos, sino de cálculo político. La TSA confirmó que el programa PreCheck «permanece operativo sin cambios para el público viajero», aunque advirtió que evaluará las operaciones «caso por caso» a medida que surjan restricciones de personal. El diagnóstico es inequívoco: la Administración ha detectado que el coste reputacional de bloquear las colas rápidas en los aeropuertos superaba el beneficio de presionar al Partido Demócrata en las negociaciones migratorias. Sin embargo, la incertidumbre ya se ha filtrado en la planificación de las aerolíneas, que operan estos días con niveles récord de pasajeros.
Global Entry: el rehén de la frontera
A pesar del indulto técnico al TSA PreCheck, el programa Global Entry parece seguir en el limbo de la suspensión. Este sistema, vital para los viajeros internacionales de bajo riesgo que regresan a los Estados Unidos, permite un despacho de aduanas acelerado que ahorra miles de horas de espera diarias. Este hecho revela una estrategia de presión selectiva: mientras se alivia el frente doméstico para evitar las quejas masivas de los votantes locales, se mantiene la asfixia sobre el tráfico internacional. La consecuencia es un perjuicio directo para el sector de los viajes de negocios y el turismo de alta gama, que dependen de la fluidez en los controles fronterizos para mantener sus agendas operativas.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, no ha tardado en calificar este movimiento como una «táctica de intimidación». Según Schumer, la Administración Trump prefiere infligir dolor a la ciudadanía antes que aceptar reformas de sentido común en la agencia ICE. Este diagnóstico subraya la politización extrema de servicios técnicos que, en teoría, deberían estar blindados frente a las cuitas de Washington. La suspensión del Global Entry actúa como una barrera burocrática adicional que erosiona la competitividad logística de los aeropuertos estadounidenses frente a otros hubs internacionales, justo cuando la economía global exige una conectividad sin fricciones.
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El órdago a las aerolíneas en temporada récord
La industria aérea ha recibido la noticia con una mezcla de alivio y profunda preocupación. El CEO de Airlines for America, Chris Sununu, ha criticado duramente el escaso margen de maniobra con el que se comunicó la intención de suspender los programas. Sununu, que representa a gigantes como American Airlines, Delta y United, ha calificado el anuncio inicial como «especialmente problemático» dado que el país se encuentra en cifras de tráfico aéreo históricas. El diagnóstico es que la Casa Blanca ha jugado con los márgenes de beneficio de un sector estratégico sin medir las consecuencias de un posible colapso de las colas de seguridad durante el Spring Break.
Lo más grave es que la suspensión de estos programas obligaría a reubicar a millones de pasajeros en las líneas de inspección convencionales, las cuales ya sufren una carencia crónica de personal debido al propio cierre gubernamental. Este hecho revela un riesgo de efecto dominó: si los controles de seguridad se colapsan, los retrasos en los vuelos se vuelven inevitables, lo que a su vez dispara los costes operativos de las aerolíneas y daña la experiencia del usuario. La decisión de mantener PreCheck evita este escenario de pesadilla, pero la volatilidad de la orden ejecutiva deja al sector en una situación de vulnerabilidad jurídica ante posibles cambios de criterio en las próximas 48 horas.
La paradoja de las tasas de usuario
Una de las críticas más sólidas contra la intención inicial de suspender el programa proviene de la U.S. Travel Association. Su CEO, Geoff Freeman, ha recordado un dato fundamental que el Gobierno parece haber ignorado: el TSA PreCheck es un programa financiado íntegramente por tasas pagadas por los usuarios. Cada viajero que se inscribe abona una cantidad que cubre el coste administrativo y de personal del servicio. Por tanto, no existe una razón presupuestaria real para su suspensión, ya que el dinero no proviene de la asignación general del Congreso que actualmente está bloqueada.
Este hecho revela que la suspensión no era una necesidad contable, sino una decisión política discrecional. «No hay razón para que PreCheck sea suspendido en este momento», afirmó Freeman, subrayando que el DHS estaba a punto de crear una crisis de su propia cosecha. El diagnóstico es que la Administración intentó utilizar la arquitectura del servicio pagado por el ciudadano como una palanca de fuerza, una maniobra que roza la arbitrariedad administrativa. La consecuencia de este episodio es una pérdida de confianza de los usuarios en la estabilidad de un programa por el que han pagado de forma privada, lo que podría desincentivar futuras suscripciones si la seguridad del servicio depende de los caprichos del calendario legislativo.
FEMA y el coste humano de la parálisis
Mientras el foco mediático se centra en las colas de los aeropuertos, el cierre del DHS está teniendo consecuencias mucho más sombrías en otras áreas. La Administración ha ordenado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que suspenda el despliegue de cientos de trabajadores de ayuda en zonas afectadas por desastres naturales. Este hecho revela la escala del riesgo que asume la Casa Blanca al mantener el pulso presupuestario: la seguridad nacional no es solo el control de fronteras, sino la capacidad de respuesta ante tragedias civiles.
La parálisis de FEMA, sumada a la suspensión de escoltas de cortesía para miembros del Congreso por parte de la TSA, dibuja un escenario de desmantelamiento progresivo de las funciones básicas del Estado. El contraste con la agilidad que el Gobierno muestra en otras áreas resulta demoledor. La consecuencia es una población civil que queda desamparada ante contingencias climáticas o de seguridad pública mientras Washington debate sobre partidas presupuestarias para la aplicación de leyes migratorias. El diagnóstico de los analistas de gestión pública es que el DHS ha entrado en una fase de fallo multiorgánico que difícilmente se resolverá con parches temporales como el de la TSA.
Si comparamos la situación actual con el cierre de gobierno del año pasado, queda claro que la Administración ha decidido elevar la agresividad de sus tácticas. En 2025, el cierre de 43 días no afectó a los programas de confianza para viajeros, lo que permitió que la economía y el transporte mantuvieran un pulso vital. En 2026, sin embargo, el recurso a la suspensión de PreCheck indica que el Ejecutivo ha agotado las vías de negociación tradicionales y busca ahora el impacto masivo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Este hecho revela un cambio de paradigma en la gobernanza de Donald Trump: la confrontación ya no es solo entre instituciones, sino que incluye la utilización de la eficiencia estatal como un arma arrojadiza. El diagnóstico es preocupante: el sistema de controles y contrapesos de los Estados Unidos está siendo testado hasta su punto de ruptura. La consecuencia a largo plazo podría ser una reforma radical de cómo se financian y gestionan agencias críticas como la TSA para evitar que sean rehenes de las disputas partidistas, aunque en el clima de polarización actual, cualquier reforma parece un espejismo lejano.