La pugna por los intereses de las stablecoins, el ‘glitch’ de Binance y la irrupción de la IA dibujan un nuevo mapa de poder financiero

La guerra oculta tras la Clarity Act: bancos vs rendimiento de stablecoins

La guerra oculta tras la Clarity Act: bancos vs rendimiento de stablecoins

El mercado de activos digitales atraviesa uno de los episodios más tensos desde el colapso de FTX. Un fallo técnico en Binance que desencadenó liquidaciones por 28.000 millones de dólares, el frenazo político a la Clarity Act y la batalla soterrada por el rendimiento de las stablecoins han encendido todas las alarmas. A esa ecuación se suma un factor disruptivo de primer orden: la Inteligencia Artificial, que está reconfigurando a gran velocidad el empleo y las valoraciones de las grandes tecnológicas. En conjunto, se trata de una tormenta perfecta que, como advierte Pablo Campos, Managing Partner de CH1EF, ha dejado al inversor entre la desconfianza y la necesidad de seguir en el juego. La cuestión de fondo es nítida: quién controla el dinero digital… y quién se queda con su rentabilidad.

Un mercado en tensión máxima por la tormenta perfecta

El ecosistema de criptomonedas vive un nuevo punto de inflexión. Tras años de burbujas y pinchazos, el sector se enfrenta ahora a una combinación especialmente delicada: fallos tecnológicos en infraestructuras críticas, presión regulatoria creciente y una redefinición del papel de las stablecoins en el sistema financiero. Lo que hace apenas tres años se presentaba como una alternativa desintermediada al mundo bancario clásico se ha convertido en un campo de batalla donde cada punto de rentabilidad cuenta.

Según los cálculos que maneja la industria, el episodio más reciente ha provocado caídas de hasta el 18% en la capitalización agregada de los principales criptoactivos en apenas un trimestre, con picos de volatilidad que han duplicado la media de los últimos dos años. La consecuencia es clara: los inversores institucionales han endurecido sus filtros de riesgo, mientras los minoristas vuelven a preguntarse si el precio compensa la incertidumbre.

Sin embargo, lo más importante no es sólo la magnitud de los movimientos, sino la calidad de los actores implicados. Cuando el problema se produce en un gigante como Binance, el efecto contagio trasciende el mundo cripto y alcanza a fondos, bancos y empresas tecnológicas que ya han incorporado estos activos a su balance o a su oferta de productos.

El ‘glitch’ de Binance que borró 28.000 millones en horas

El detonante inmediato del episodio actual fue el fallo técnico registrado en Binance el pasado 10 de octubre, que desencadenó liquidaciones masivas por unos 28.000 millones de dólares. En la práctica, un ‘glitch’ en los sistemas de gestión de órdenes y márgenes disparó en cadena la ejecución automática de posiciones apalancadas. En menos de 24 horas, se estima que más del 60% de las posiciones con alto apalancamiento en determinados pares quedó liquidado.

Para entender la dimensión del golpe, basta con recordar que el impacto directo supera ampliamente el colapso de FTX en 2022, aunque en aquella ocasión el epicentro fue un fraude masivo y no un error técnico. «La lección es incómoda: incluso los operadores más grandes pueden fallar, y cuando fallan, arrastran consigo a todo el mercado», resume Campos.

Lo más grave es que el episodio ha puesto en evidencia la fragilidad de la liquidez real frente a la aparente. Durante las horas del ‘glitch’, los diferenciales entre precios de compra y venta se ampliaron en algunos activos más de un 300%, mientras el volumen negociado efectivo se reducía cerca de un 40%. El diagnóstico es inequívoco: en situaciones de estrés extremo, la liquidez cripto sigue siendo menos profunda de lo que muchos modelos asumían.

Bitcoin como termómetro: huida hacia el oro y la plata

Tras el fallo de Binance, el impacto en Bitcoin fue fulminante. En apenas tres meses, la principal criptomoneda llegó a perder la mitad de su valor, consolidando la percepción de que sigue siendo un termómetro adelantado del estado de ánimo del mercado cripto. La caída no fue lineal, pero sí sostenida, alimentada por ventas forzadas, cierres de posiciones y la retirada de capital de los perfiles más conservadores.

Como ha ocurrido en otras crisis financieras, los flujos se dirigieron hacia activos refugio tradicionales. La demanda de oro y plata se incrementó con fuerza, con avances de entre el 8% y el 12% en sus cotizaciones en el mismo periodo, según las referencias del mercado internacional. El contraste con las criptomonedas resultó demoledor: mientras el relato del «oro digital» se debilitaba, el metal físico recuperaba protagonismo.

Este hecho revela algo más profundo: el ecosistema cripto aún no ha conseguido consolidar su promesa de descorrelación estructural. En los momentos de pánico, los inversores siguen reaccionando como en cualquier otra crisis: liquidan lo más volátil y se refugian en activos con décadas —cuando no siglos— de historia como reserva de valor. El discurso de la nueva arquitectura financiera choca, de nuevo, con la psicología básica de los mercados.

La Clarity Act, rehén del pulso bancos–plataformas cripto

En paralelo a la tensión de mercado, se desarrolla una batalla política crucial: la pelea en torno a la Clarity Act, la norma llamada a proporcionar un marco de transparencia y seguridad jurídica para los activos digitales. Sobre el papel, su objetivo es ordenar qué es valor negociable, qué es mercancía y cómo deben tratarse las stablecoins en materia prudencial y fiscal.

Sin embargo, el texto se ha convertido en rehén de un pulso soterrado entre plataformas cripto y bancos tradicionales. Mientras actores como Coinbase defienden un marco que permita a los usuarios obtener rendimientos claros y regulados por sus stablecoins, buena parte del lobby bancario presiona para limitar esa capacidad. El motivo es evidente: cualquier punto de rentabilidad que se desplace al ecosistema cripto es margen financiero que los bancos dejan de capturar.

Campos lo resume con una frase que circula cada vez más en despachos y conferencias: «La verdadera guerra no es por el Bitcoin, es por las stablecoins». No se trata sólo del volumen actual, sino del potencial: si una parte relevante del ahorro a corto plazo migrase a tokens estables con rendimiento directo para el cliente, el modelo clásico de depósito bancario se vería seriamente erosionado.

Stablecoins bajo sospecha: quién se queda con el rendimiento

En el centro del tablero están las stablecoins, supuestamente ligadas a activos seguros como el dólar o la deuda pública a corto plazo. La clave ya no es tanto si mantienen la paridad, sino quién se queda con el rendimiento de las reservas que las respaldan. En un entorno de tipos de interés al alza, la diferencia es sustancial: una cartera de bonos a corto plazo puede generar hoy rentabilidades cercanas al 4-5% anual.

Si ese rendimiento se queda íntegramente en la caja del emisor o de los bancos que intermedian el producto, el usuario asume el riesgo operativo y regulatorio de la stablecoin sin capturar el retorno completo. Si, por el contrario, la mayor parte de ese rendimiento se transfiere al tenedor del token, el modelo se parece peligrosamente a un depósito bancario tokenizado, pero con menos peso de la banca tradicional.

«Lo que está en juego es quién captura el flujo de intereses de un dinero que ya es casi totalmente digital», apunta Campos. Según estimaciones internas de la industria, sólo una transferencia del 50% del rendimiento de las reservas a los usuarios podría suponer una factura anual de varios miles de millones para el sector bancario. No extraña, por tanto, que la resistencia a una Clarity Act demasiado generosa con las plataformas cripto sea tan intensa como discreta.

Innovación estrangulada: el coste económico de la incertidumbre regulatoria

La pugna en torno a la Clarity Act tiene un efecto colateral claro: ralentiza la innovación financiera. Cada mes de retraso en la aprobación de un marco estable supone proyectos pospuestos, inversiones congeladas y capital que se refugia en productos más simples. La consecuencia es clara: las empresas que trabajan en soluciones de tokenización, pagos en tiempo real o finanzas descentralizadas reguladas operan en un limbo jurídico.

La historia reciente ofrece paralelismos. En otros sectores, la indefinición normativa ha terminado favoreciendo a los incumbentes frente a los nuevos entrantes. El sector cripto corre el mismo riesgo: cuanto más tiempo se mantenga la ambigüedad, más fácil será para los grandes bancos absorber la innovación en sus propios términos. Es decir, incorporarla a su oferta, pero manteniendo el control del margen.

El diagnóstico que se extiende entre los analistas es inequívoco: un exceso de prudencia regulatoria también tiene un coste económico medible, tanto en términos de empleo como de competitividad. Mientras tanto, otras jurisdicciones avanzan en marcos específicos para activos digitales, abriendo la puerta a que parte del talento y del capital migren allí donde la seguridad jurídica sea más nítida.

Inteligencia Artificial y destrucción creativa en el sector tecnológico

Sobre esta tensión financiera se superpone otra ola de cambio: la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa. Campos llama la atención sobre el impacto que ya se percibe en el empleo en Estados Unidos, donde determinadas funciones de soporte, análisis de datos o programación básica están siendo reemplazadas o automatizadas a gran velocidad. La consecuencia es doble: ajustes de plantilla y una fuerte rotación hacia perfiles más cualificados.

El contraste entre compañías es evidente. Mientras las grandes plataformas de IA capturan valoraciones récord, empresas de software más tradicional —como Monday.com y otras firmas centradas en herramientas de productividad— han visto sufrir sus múltiplos en bolsa, penalizadas por un mercado que duda de su capacidad para reinventarse al ritmo que marca la nueva ola tecnológica.

«La destrucción del viejo orden es dolorosa, pero es la única forma de abrir espacio a nuevos modelos de negocio», sostiene Campos. A medio plazo, el consenso apunta a que la IA puede impulsar la productividad global entre un 1% y un 2% anual adicional en los sectores que mejor la integren. Pero ese beneficio potencial convive con un coste social inmediato: trabajadores desplazados, formación insuficiente y una sensación de vértigo generalizada ante la velocidad del cambio.