Trump acelera su apuesta cripto para cercar a China

Estados Unidos ya no habla de las criptomonedas como una anomalía financiera que conviene vigilar desde la distancia. Las está tratando como un activo estratégico, con implicaciones regulatorias, monetarias e incluso geopolíticas. Donald Trump ha vuelto a defender una política “libre y abierta” para el sector y ha insistido en que su país debe convertirse en la “indiscutible capital cripto” y en una “superpotencia Bitcoin”. El mensaje no nace de la nada: llega después de una orden ejecutiva de enero de 2025, otra de marzo para crear una reserva estratégica de bitcoin y una hoja de ruta oficial publicada en julio.

Mucho más que un eslogan

La frase de Trump sobre una política cripto “free, open” puede sonar a consigna de campaña, pero en realidad resume una arquitectura política que su Administración lleva meses construyendo. En marzo de 2025, durante el Digital Asset Summit de Nueva York, el presidente se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en dirigirse a una gran conferencia del sector y prometió que Estados Unidos “dominará las criptomonedas y la próxima generación de tecnologías financieras”. No era solo un guiño a la industria: era una declaración de prioridades.

Lo relevante es el cambio de marco. Bajo esta visión, el ecosistema deja de ser un perímetro de riesgo para convertirse en una pieza de política industrial. Ese matiz altera toda la conversación. Ya no se discute únicamente cómo limitar el fraude o la volatilidad, sino qué país atraerá empresas, talento, liquidez, minería, custodia y emisión de stablecoins en la próxima década. Y ahí Trump coloca a China como antagonista principal, utilizando la competencia estratégica como argumento para acelerar el giro regulatorio.

Del castigo regulatorio al blindaje político

El verdadero punto de inflexión llegó el 23 de enero de 2025, cuando la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para “fortalecer el liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital”. El texto revocó la orden de 2022 de la etapa anterior, defendió el acceso a redes blockchain públicas, la autocustodia, la minería y el uso legítimo de activos digitales, y además ordenó proteger el crecimiento de las stablecoins respaldadas por dólares. El diagnóstico implícito era claro: el problema ya no era la falta de control, sino el exceso de fricción regulatoria.

Lo más relevante de aquella orden no fue la retórica, sino el calendario. El Gobierno dio 30 días a las agencias para identificar normas y guías que afectaran al sector, 60 días para proponer qué debía rescindirse o modificarse y 180 días para presentar un informe integral al presidente. Además, el texto prohibió avanzar en una CBDC estadounidense, al considerar que amenazaba la privacidad, la estabilidad y la soberanía monetaria. Este hecho revela que la Administración no plantea una simple desregulación, sino una preferencia explícita por una infraestructura privada, abierta y dominada por el dólar.

La reserva que cambió el tablero

El siguiente paso fue todavía más ambicioso. El 6 de marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que creó la Strategic Bitcoin Reserve y el United States Digital Asset Stockpile. El documento sostiene que el protocolo de bitcoin limita de forma permanente la oferta total a 21 millones de monedas y lo describe como un activo escaso, seguro y comparable al “oro digital”. La señal política fue demoledora: Washington dejaba de contemplar el bitcoin como un residuo de decomisos judiciales y empezaba a tratarlo como una reserva con valor estratégico.

La letra pequeña importa todavía más. El Gobierno ordenó transferir a la reserva el bitcoin decomisado en procedimientos penales o civiles, fijó un plazo de 30 días para que cada agencia reportara sus tenencias y otorgó 60 días al Tesoro para evaluar el encaje legal e inversor del sistema. Además, el texto establece que ese bitcoin no debe venderse y que otras adquisiciones solo podrían hacerse sin coste incremental para el contribuyente. La consecuencia es clara: Estados Unidos no solo legitima el activo, sino que lo incorpora a su balance estratégico. Y eso cambia la psicología del mercado.

El verdadero rival está en Pekín

Cuando Trump advierte de que China puede tomar la delantera, no está lanzando una amenaza vacía. El contraste con Pekín resulta demoledor. En septiembre de 2021, el Banco Popular de China prohibió todas las transacciones con criptomonedas, argumentando riesgos de criminalidad financiera y una amenaza creciente para la estabilidad del sistema por su carácter altamente especulativo. Además, el debate internacional ha vinculado esa ofensiva con la voluntad de frenar la fuga de capitales. El Foro Económico Mundial recordó que, según Chainalysis, salieron más de 50.000 millones de dólares desde cuentas del este de Asia hacia otras regiones entre 2019 y 2020.

Ese es el tablero de fondo. Mientras Pekín prioriza control y cierre, Washington intenta capturar innovación, financiación y denominación monetaria. La apuesta no es menor: si el ecosistema global de pagos y activos tokenizados termina asentándose sobre stablecoins ligadas al dólar y bajo jurisdicción estadounidense, Estados Unidos reforzará su centralidad financiera. Sin embargo, si abre demasiado deprisa y sin un marco sólido, podría importar volatilidad y conflictos que terminen erosionando esa ventaja. El pulso con China, por tanto, no es solo tecnológico. También es jurídico, monetario y geoeconómico.

Wall Street ya ha tomado posiciones

La tesis procripto de Trump habría sido irrelevante sin demanda real detrás. Pero esa demanda existe, y con magnitud. Datos recientes de CoinMarketCap muestran que, a mediados de marzo de 2026, solo tres grandes vehículos cotizados acumulaban ya un patrimonio aproximado de 81.500 millones de dólares: 54.540 millones en el iShares Bitcoin Trust, 16.080 millones en el fondo de Fidelity y 10.910 millones en el Grayscale Bitcoin Trust. Es decir, el mercado ya ha dejado de ser marginal para formar parte del menú habitual de inversión institucional.

Ese proceso explica por qué el discurso político ha cambiado tanto. Las criptomonedas siguen siendo volátiles, pero el capital tradicional ya ha entrado. Barron’s señalaba esta misma semana que bitcoin superó los 70.000 dólares tras un repunte ligado al apetito por riesgo. El dato no prueba estabilidad, pero sí relevancia. Lo más grave para cualquier regulador que quiera frenar el fenómeno es esto: ya no se enfrenta a una subcultura tecnológica, sino a un mercado con gestores, custodios, ETFs y canales de distribución plenamente integrados en Wall Street. La pregunta ya no es si habrá criptofinanzas, sino dónde se concentrará su negocio.

El riesgo de confundir apertura con ausencia de control

Ahora bien, abrir no equivale a renunciar a supervisar. Trump ha denunciado la llamada Operation Chokepoint 2.0 como una forma de “lawfare” y ha defendido reglas “simples” y de sentido común para stablecoins y estructura de mercado. Además, varias acciones de la SEC contra empresas del sector han sido retiradas o enfriadas en esta nueva etapa. El problema es que una reacción pendular puede sustituir un exceso por otro. La historia financiera está llena de innovaciones prometedoras que acabaron exigiendo rescates reputacionales, regulatorios o judiciales.

La propia Casa Blanca admite implícitamente esa tensión. En el informe publicado el 30 de julio de 2025, el grupo de trabajo presidencial pidió un marco federal que aborde supervisión, protección del consumidor y gestión del riesgo, además de reforzar el liderazgo estadounidense. Esa combinación es la única sostenible. “With the right legal framework, institutions large and small will be liberated to invest”, dijo Trump. Tiene razón en una parte esencial: sin seguridad jurídica no hay inversión duradera. Pero el matiz decisivo es otro: sin controles creíbles tampoco la hay.

Las dudas éticas no han desaparecido

El nuevo clima regulatorio también arrastra una sombra incómoda. Associated Press recogió que expertos legales y éticos ven en algunos acuerdos empresariales ligados al entorno de Trump un caso de estudio sobre posibles conflictos de interés en plena expansión cripto. Time, por su parte, resumió el clima del primer gran encuentro en la Casa Blanca con una idea incómoda: para muchos observadores, la industria parecía haber ganado una influencia inédita en Washington. Ese ruido no invalida por sí solo la apuesta tecnológica, pero sí erosiona la neutralidad percibida del árbitro.

En términos políticos, ese es el flanco más vulnerable del proyecto. La Administración puede defender que Estados Unidos necesita ganar escala y liderazgo antes que nadie. Pero cuanto más intensa sea la identificación entre agenda pública e intereses privados del ecosistema, mayor será el riesgo de contestación judicial, parlamentaria y mediática. Y en un sector donde la confianza vale casi tanto como la liquidez, esa factura puede terminar siendo considerable. La desregulación vende velocidad; la credibilidad, en cambio, exige distancia institucional.