El secretario del Tesoro en entrevista: Bitcoin repuntará tras aprobarse la ley cripto
Un mensaje de apenas unos segundos ha bastado para encender a la comunidad cripto. En X circula desde esta tarde un clip atribuido al secretario del Tesoro de Estados Unidos, “BREAKING: TREASURY SECRETARY JUST SAID LIVE ON CNBC THAT #BITCOIN PRICE WILL RECOVER AS SOON AS THE CRYPTO BILL IS PASSED”, acompañado de su versión en español y emojis de cohete. La frase sugiere que el Gobierno estaría prácticamente prometiendo un rebote automático del precio de bitcoin en cuanto el Congreso apruebe la llamada ley de criptomonedas. Sin embargo, los registros públicos de la entrevista de Scott Bessent en CNBC muestran un matiz importante: el responsable del Tesoro habló de dar “gran tranquilidad al mercado” con la aprobación del Clarity Act, no de garantizar una recuperación concreta de precios. Mientras tanto, bitcoin se mueve en la zona de 65.000-70.000 dólares, tras haber caído en torno a un 45% desde los máximos de octubre, y la propia Administración Trump arrastra ya una pérdida latente de casi 4.700 millones de dólares en su reserva estratégica de BTC. El contraste es evidente: el tuit promete un cohete; los datos muestran un mercado aún convaleciente y un Tesoro que, además de regular, también es uno de los mayores tenedores del activo.
Un clip que mezcla política, mercados y memes
El mensaje que ha corrido como la pólvora en redes sociales condensa, en mayúsculas y con banderas de Estados Unidos y cohetes, la esencia de la narrativa cripto más extrema: una ley mágica que haría “recuperar” el precio de bitcoin en el momento mismo de su aprobación. La versión en español repite la idea: “EL PRECIO SE RECUPERARÁ TAN PRONTO COMO SE APRUEBE EL PROYECTO DE LEY DE CRIPTOMONEDAS. ‘NECESITAMOS APROBAR LA LEY LO ANTES POSIBLE’”.
Ese formato, a medio camino entre el titular urgente y el meme, es el que domina hoy buena parte de la conversación sobre activos digitales. Pero detrás del hype hay un hecho real: en una entrevista televisiva, Bessent ha vuelto a presionar al Congreso para que apruebe cuanto antes el Digital Asset Market Clarity Act, la norma llamada a fijar por primera vez un marco federal para las criptomonedas en Estados Unidos.
Lo relevante no es solo el contenido, sino el contexto. El clip llega tras una de las peores semanas para el mercado: bitcoin ha llegado a caer por debajo de los 67.000 dólares, su nivel más bajo desde 2024, y algunos tokens ligados al entorno de Trump han perdido cerca de 1.000 millones de dólares de capitalización en apenas unos días. En ese ambiente, cualquier frase que suene a “salvavidas regulatorio” se amplifica en cuestión de minutos. La consecuencia es clara: el ruido de las redes se impone sobre la letra pequeña de lo que realmente se ha dicho.
Qué dijo realmente Bessent en CNBC
Más allá del eslogan viral, conviene volver a la fuente. En la entrevista en el canal financiero CNBC, Bessent fue preguntado específicamente por el estado de la ley cripto en plena oleada vendedora. Según el despacho de Reuters que recogió sus declaraciones, el secretario del Tesoro insistió en que era “importante” que el Congreso aprobara cuanto antes la norma y la enviara al escritorio de Donald Trump para su firma antes de la primavera.
Preguntado por el impacto en los mercados, Bessent afirmó que el Clarity Act daría “gran confort al mercado” en un momento de “volatilidad histórica”, y criticó a “un grupo de firmas cripto” que estarían bloqueando el texto porque prefieren “ninguna legislación a esta legislación”. En otros foros, el propio secretario ha descrito la reciente inestabilidad como “autoinducida” por la industria, reforzando la idea de que el problema no es la ausencia de apoyo político, sino la resistencia de parte del sector a aceptar límites sobre, por ejemplo, el rendimiento de los stablecoins.
En ningún caso, al menos en las transcripciones y resúmenes conocidos, aparece la frase literal de que “el precio de bitcoin se recuperará tan pronto como se apruebe la ley”. Esa conclusión es una interpretación maximalista que compone el ecosistema de cuentas cripto en X a partir de una idea más matizada: que un marco claro reducirá la incertidumbre y, con ello, podría favorecer un mejor tono de mercado.
La ley Clarity: la pieza que falta en el puzle cripto
El Digital Asset Market Clarity Act —conocido simplemente como Clarity Act— es el eje central de la estrategia regulatoria de la Administración Trump en materia de activos digitales. El proyecto busca establecer reglas federales de mercado, clarificar el papel de los distintos reguladores (SEC, CFTC, bancos) y fijar un régimen específico para stablecoins, plataformas de negociación y custodia.
El texto ha avanzado ya en el Comité del Senado, pero se ha encontrado con un muro en el Comité Bancario, donde varias disposiciones —especialmente las que limitan los rendimientos de stablecoins— han provocado la retirada del apoyo de parte de la industria, incluida la gran plataforma Coinbase. Coinbase y otros actores sostienen que esos límites podrían expulsar innovación fuera de Estados Unidos y favorecer a jurisdicciones con regulaciones más laxas.
Mientras tanto, el Tesoro y la Casa Blanca presionan para cerrar un acuerdo antes de finales de febrero, con el objetivo de que la ley llegue al pleno y pueda aprobarse “esta primavera”. De fondo, late un dilema: sin reglas claras, el mercado seguirá atrapado en una sucesión de litigios, enforcement selectivo y vacío normativo; con reglas percibidas como demasiado duras, parte del negocio puede simplemente migrar a otras plazas. El diagnóstico es inequívoco: la ley es necesaria, pero su diseño determinará si actúa como ancla de estabilidad o como freno a la propia industria.
Un bitcoin volátil y un Tesoro con 200.000 BTC en juego
El discurso de Bessent llega en un momento especialmente incómodo para el propio Departamento del Tesoro. Desde marzo de 2025, Estados Unidos mantiene una Reserva Estratégica de Bitcoin, alimentada con los BTC incautados en casos de fraude y delitos financieros, que el presidente Trump se comprometió a no vender. Se calcula que el Gobierno federal acumula en torno a 198.000 bitcoins, lo que le convierte en el mayor tenedor estatal del mundo.
Esa apuesta se ha vuelto contra las arcas públicas en el corto plazo. Según estimaciones recientes, la caída de bitcoin desde su máximo de octubre ha reducido el valor de esa reserva de unos 18.500 millones de dólares a alrededor de 13.800 millones, un agujero latente de casi 4.700 millones, equivalente a pérdidas de alrededor del 25% en pocos meses.
En paralelo, la última sacudida ha llevado a la criptomoneda a perder más de 17% en apenas una semana, hasta rondar entre los 65.000 y 70.000 dólares, antes de rebotar ligeramente. Para el Tesoro, el mensaje de que una ley puede “dar confort al mercado” no es solo teoría macroeconómica: cualquier mejora de confianza que estabilice o recupere el precio de bitcoin tiene un impacto directo sobre el balance público. Y eso complica aún más la percepción de sus palabras.
Moral hazard: cuando el regulador también es inversor
El hecho de que el regulador clave del sistema financiero mantenga una posición material en bitcoin plantea un problema clásico de conflicto de intereses. Si el mismo actor que diseña —y promueve públicamente— una ley que supuestamente aportará estabilidad al mercado es, a la vez, uno de los mayores beneficiarios directos de una eventual subida del precio, la línea entre política pública y gestión de cartera se vuelve difusa.
La consecuencia es clara: cada vez que el Tesoro habla del futuro del mercado cripto, el mercado se pregunta cuánto pesa el interés del contribuyente y cuánto el del propio balance gubernamental. De ahí que resulte especialmente delicado que el mensaje se condense en memes que sugieren una garantía de recuperación de precio “tan pronto como se apruebe el proyecto de ley”.
La realidad es mucho más prosaica. Aun con un marco regulatorio sólido, bitcoin seguirá expuesto a riesgos tecnológicos (como el miedo a la computación cuántica), ciclos de apalancamiento y shocks de confianza, factores que explican buena parte de la caída reciente desde niveles por encima de los 126.000 dólares en octubre. Ninguna ley puede blindar al activo frente a esos elementos, aunque sí reducir el ruido jurídico y político que agrava la volatilidad.
El choque con la industria: Coinbase y los “recalcitrantes”
Bessent no ha dudado en señalar a la industria como corresponsable del caos actual. En sus últimas intervenciones ha cargado contra un “grupo nihilista” o “recalcitrante” dentro del sector que prefiere “ninguna regulación a esta buena regulación”. Entre los críticos se encuentra Coinbase, que se desmarcó del Clarity Act tras conocerse las cláusulas que limitan el pago de rendimientos sobre stablecoins, mientras algunos bancos avisan de que una competencia desregulada por el depósito puede vaciarles de liquidez.
El secretario del Tesoro sostiene que, sin una arquitectura de mercado clara, cripto “no puede madurar” ni convertirse en un activo plenamente integrado en el sistema financiero estadounidense. Sus detractores replican que el texto actual se inclina en exceso hacia los intereses de la banca tradicional y sacrifica buena parte de la innovación que hizo crecer al sector en la última década.
En este pulso, el mensaje viral del “bitcoin se recuperará en cuanto se apruebe la ley” funciona como arma de doble filo. Por un lado, refuerza la campaña del Tesoro al presentar el Clarity Act como solución casi automática al trauma de las últimas semanas. Por otro, alimenta la sospecha de que el Gobierno está dispuesto a vender la norma como “put” implícita sobre el precio para forzar apoyos que no ha logrado en la mesa de negociación.
A corto plazo, el camino de la ley pasa por desbloquear el Comité Bancario del Senado y cerrar un acuerdo de mínimos sobre stablecoins, supervisión y reparto de competencias. Si el calendario que maneja el Tesoro se cumple, el texto podría llegar al despacho de Trump esta primavera y estrenarse antes de que termine 2026. Si, por el contrario, los demócratas recuperan la Cámara de Representantes en noviembre, la coalición bipartidista que hoy sostiene el proyecto podría deshacerse y devolver el mercado a un limbo regulatorio de duración imprevisible.
Para el precio de bitcoin, la aprobación del Clarity Act sería, como mucho, un catalizador entre muchos. Un marco estable puede atraer parte del capital institucional que hoy se mantiene al margen, pero no borra las pérdidas latentes de una caída del 45% desde máximos ni garantiza nuevos récords. De hecho, el último rebote desde los 65.000-67.000 dólares hasta la zona actual ha sido, por ahora, modesto respecto a la violencia de la caída previa.
La lección para el inversor es menos vistosa que el meme, pero más útil: ni el Tesoro ni el Congreso pueden prometer un “cohete regulatorio”. Lo que sí pueden —y deben— hacer es acabar con la incertidumbre jurídica que ha convertido al mercado cripto en una montaña rusa permanente. Lo demás, incluida la velocidad y altura de cualquier recuperación, dependerá de la combinación de adopción real, confianza y disciplina de riesgos que esté dispuesto a asumir cada participante. Ningún tuit, por virulento que sea, puede sustituir ese trabajo.