“Apagón en España: un año después, las eléctricas y Red Eléctrica siguen en guerra y sin responsables”
Doce meses después del mayor colapso energético de la historia reciente de España, el sector eléctrico vive una situación sin precedentes: una guerra corporativa abierta entre las principales compañías energéticas, sin responsables claros y con miles de millones de euros en juego.
La entradilla de esta crisis no es solo técnica, sino también institucional y empresarial. Mientras las grandes eléctricas y el operador del sistema se señalan mutuamente en el Parlamento, la industria española continúa asumiendo el coste de un apagón cuyas causas exactas siguen sin esclarecerse.
Las comisiones de investigación evidencian la fractura del sector eléctrico
Las comparecencias en la comisión de investigación del Congreso han confirmado lo que ya se intuía en el mercado: no existe un relato único sobre el apagón del 28 de abril de 2025.
Los máximos responsables de Iberdrola, Endesa y Naturgy acudieron al Parlamento con una estrategia común: defender sus posiciones y trasladar la responsabilidad al operador del sistema, Red Eléctrica.
Esta posición coordinada anticipa un escenario de litigios que podría prolongarse durante años, con consecuencias económicas y reputacionales para todo el sector.
El contexto no es menor. Aquel apagón paralizó infraestructuras críticas y servicios básicos durante horas, generando un impacto económico que aún hoy sigue repercutiendo en empresas y consumidores.
Iberdrola, Endesa y Naturgy apuntan a Red Eléctrica como responsable
Las tres grandes eléctricas coincidieron en su diagnóstico: la responsabilidad recae en Red Eléctrica como operador del sistema.
El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, defendió que el debate debe centrarse en el plano técnico y regulatorio, señalando la existencia de “vacíos regulatorios en un sistema que ha evolucionado más rápido que la normativa”.
Desde Naturgy, su presidente Francisco Reynés también rechazó cualquier responsabilidad directa, pese a los expedientes abiertos por el regulador, insistiendo en que no existe un criterio técnico unificado.
Por su parte, Endesa aportó detalles sobre las centrales bajo investigación, lo que refleja la complejidad técnica del caso y el alcance de los expedientes en curso.
Red Eléctrica responde y niega cualquier incumplimiento
Frente a estas acusaciones, Red Eléctrica ha defendido su actuación con contundencia. Su presidenta, Beatriz Corredor, ha recordado que el sistema eléctrico es un engranaje complejo en el que participan múltiples actores y ha subrayado que el operador ha cumplido en todo momento con la normativa.
El informe de expertos europeos publicado en marzo de 2026 apunta a un origen multifactorial del incidente, con una primera oscilación detectada en una planta privada. Este elemento ha sido utilizado por Red Eléctrica para reforzar su posición de defensa.
Sin embargo, lejos de cerrar el debate, este informe ha intensificado el enfrentamiento entre compañías.
Los 9.000 archivos ocultos elevan la tensión institucional
Uno de los puntos más controvertidos de la investigación es la negativa de Red Eléctrica a entregar más de 9.000 archivos internos, incluidos correos y conversaciones del día del apagón.
Estos documentos se han convertido en una pieza clave para las eléctricas, que consideran que podrían esclarecer el papel del operador del sistema.
La falta de acceso a esta información ha generado críticas incluso en el ámbito político, alimentando la percepción de falta de transparencia.
El conflicto salta a los tribunales: Iberdrola demanda a Red Eléctrica
La batalla ya no se libra solo en el Parlamento. Iberdrola ha llevado a Red Eléctrica ante los tribunales por presunto daño reputacional, en una demanda sin precedentes en el sector energético español.
La compañía considera que las declaraciones públicas del operador han perjudicado su imagen al vincularla con el origen del apagón.
Este movimiento judicial confirma la profundidad de la crisis y anticipa un largo recorrido legal.
55 expedientes sancionadores y sin responsables claros
El regulador ha incoado más de 55 expedientes sancionadores, con posibles infracciones muy graves para Red Eléctrica y graves para varias eléctricas.
Sin embargo, un año después del apagón, no hay responsables definitivos, lo que agrava la incertidumbre en el sector.
La propia CNMC ha reconocido que existían herramientas regulatorias para evitar el colapso, lo que añade presión sobre los actores implicados.
La industria española paga la factura del apagón
Mientras las compañías se enfrentan, el impacto económico recae sobre el tejido productivo.
El sobrecoste energético acumulado supera ya los 3.000 millones de euros, con incrementos significativos en los servicios de ajuste del sistema eléctrico.
Para las industrias electrointensivas, estos costes pueden representar hasta el 25% del coste de producción, afectando directamente a su competitividad.
Un frente empresarial sin precedentes
Ante esta situación, las principales asociaciones industriales y energéticas han creado un observatorio conjunto para vigilar los costes eléctricos.
Este movimiento refleja el creciente malestar del sector empresarial, que reclama:
- Mayor transparencia en los costes energéticos
- Reformas regulatorias estructurales
- Medidas fiscales que alivien la presión sobre la industria
Un sistema eléctrico bajo presión y un futuro incierto
El apagón de 2025 ha dejado al descubierto debilidades estructurales en el sistema eléctrico español, desde la capacidad de la red hasta la coordinación entre actores.
Además, la saturación de la red está frenando inversiones industriales valoradas en miles de millones de euros, lo que añade un nuevo factor de riesgo para la economía.
Un año después, la crisis sigue abierta
Doce meses después del gran apagón, España se enfrenta a una situación inédita:
- Una guerra corporativa entre las principales eléctricas
- Decenas de expedientes sancionadores sin resolver
- Demandas judiciales en curso
- Un impacto económico creciente sobre la industria
Lejos de cerrarse, el episodio ha abierto una crisis estructural en el sector energético que podría prolongarse durante años.
El sistema eléctrico español nunca había estado sometido a un nivel de tensión corporativa, regulatoria y económica de esta magnitud, y el desenlace sigue siendo incierto.