España abre una investigación parlamentaria a Meta por rastrear usuarios de Android
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles, 19 de noviembre de 2025, la apertura de una investigación parlamentaria sobre posibles violaciones de privacidad por parte de Meta Platforms, matriz de Facebook e Instagram. La iniciativa se apoya en una investigación académica realizada en España, Países Bajos y Bélgica que atribuye a las aplicaciones de la compañía un «mecanismo oculto» capaz de rastrear la actividad de usuarios de móviles Android, incluso cuando navegan en modo incógnito o a través de una VPN. Si se confirma, este sistema podría vulnerar varias normas europeas de protección de datos y competencia digital.
El caso sitúa de nuevo a Meta en el centro del pulso entre gobiernos europeos y grandes tecnológicas, en un contexto en el que Bruselas ha reforzado su arsenal regulatorio con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). España se convierte así en uno de los primeros Estados miembro en activar formalmente los mecanismos parlamentarios para examinar presuntos abusos derivados del uso masivo de datos personales por una de las mayores plataformas digitales del mundo.
Investigación en el Congreso
La investigación será liderada por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, ante la que deberán comparecer representantes de Meta para dar explicaciones técnicas y jurídicas sobre el funcionamiento de sus aplicaciones en dispositivos Android. El objetivo inicial es esclarecer qué tipo de información se habría recopilado, durante cuánto tiempo y sobre cuántos usuarios, así como determinar si existió consentimiento válido por parte de los afectados.
Según adelantó el Ejecutivo, el trabajo de la comisión podría desembocar en recomendaciones al Gobierno, en la remisión de las conclusiones a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a los reguladores europeos, e incluso en propuestas legislativas específicas para reforzar el control sobre la recogida y el tratamiento de datos en grandes plataformas. La comparecencia de directivos de Meta ante el Congreso se interpreta como un gesto político destinado a subrayar que «la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran plataforma tecnológica», en palabras de Sánchez.
El «mecanismo oculto»
La alarma se desencadenó a raíz de una investigación conjunta de centros de investigación en España (IMDEA), Bélgica (KU Leuven) y Países Bajos (Universidad de Radboud). Los equipos técnicos habrían identificado un sistema integrado en las aplicaciones de Meta que permitiría rastrear la actividad de navegación de los usuarios de Android más allá de la propia app, incluyendo las páginas visitadas en el navegador del dispositivo.
Los investigadores sostienen que este «mecanismo oculto» vincularía esa actividad con la identidad del usuario en Facebook e Instagram, incluso cuando la persona navega en modo incógnito o utiliza una red privada virtual (VPN), herramientas que en teoría aportan una capa adicional de privacidad. La clave del hallazgo reside en que el seguimiento se habría realizado sin que el usuario fuera consciente de ello, lo que cuestiona la transparencia de la información ofrecida y, sobre todo, la existencia de una base legítima para tratar esos datos.
Normas europeas en el punto de mira
De confirmarse los hechos, el sistema de rastreo podría vulnerar el RGPD, que exige una base jurídica clara —habitualmente el consentimiento explícito— para tratar datos personales y limitar su uso a finalidades determinadas, explícitas y legítimas. El reglamento establece, además, que el consentimiento debe ser «libre, específico, informado e inequívoco», algo difícil de conciliar con mecanismos que operan sin conocimiento del usuario.
La presunta práctica también chocaría con la DMA, que prohíbe a los llamados “gatekeepers” combinar datos personales procedentes de distintos servicios sin una autorización expresa y separada, y con la DSA, que impone obligaciones reforzadas de transparencia y gestión de riesgos sistémicos a las grandes plataformas en la UE. En un escenario extremo, una infracción grave y continuada de estas normas puede traducirse en multas de hasta el 10 % del volumen de negocio mundial de la compañía, además de obligaciones de modificar profundamente sus modelos de tratamiento de datos.
Antecedentes de Meta en la UE
La compañía que dirige Mark Zuckerberg acumula ya varios conflictos con las autoridades europeas. En 2024, la Comisión Europea impuso a Meta una multa de 798 millones de euros por prácticas abusivas vinculadas a Facebook Marketplace, al considerar que la plataforma favorecía indebidamente sus propios servicios frente a los de competidores. Además, Bruselas abrió investigaciones adicionales sobre su modelo publicitario de «pagar o consentir» a la luz de la DMA.
Facebook, Instagram y WhatsApp figuran entre las denominadas Plataformas Online Muy Grandes (VLOP) bajo la DSA, lo que implica obligaciones adicionales en materia de moderación de contenidos, transparencia algorítmica y evaluación de riesgos. La nueva investigación impulsada desde España se suma así a un marco de creciente escrutinio sobre el uso que Meta hace de los datos de cientos de millones de usuarios europeos y sobre el impacto de sus productos en la competencia y en los derechos fundamentales.
Impacto para usuarios y sector digital
Para los usuarios españoles, el caso reabre el debate sobre hasta qué punto las aplicaciones gratuitas de redes sociales se financian mediante una explotación intensiva —y a menudo poco visible— de sus datos personales. Si se confirma que Meta fue capaz de rastrear la navegación web incluso cuando el usuario creyó adoptar medidas adicionales de privacidad, se reforzará la percepción de que el control efectivo sobre la información propia sigue siendo limitado, pese al despliegue de herramientas como el modo incógnito o las VPN.
En el plano empresarial, la investigación puede acelerar cambios en el ecosistema publicitario digital. Un eventual pronunciamiento contundente del Congreso o de los reguladores podría obligar a Meta a rediseñar parte de su infraestructura de seguimiento, con efectos en la segmentación de campañas y en el valor de la publicidad personalizada. Al mismo tiempo, enviaría una señal al resto de grandes plataformas sobre los riesgos de apoyarse en técnicas de recopilación de datos que se sitúan en el límite —o fuera— del marco regulatorio europeo.
Escenario abierto
A corto plazo, la investigación parlamentaria servirá para recabar testimonios de expertos, académicos, reguladores y representantes de Meta con el fin de reconstruir con precisión el alcance del presunto «mecanismo oculto» y sus implicaciones jurídicas. En paralelo, no se descarta que la AEPD y las autoridades europeas de competencia y supervisión digital abran o coordinen sus propios procedimientos, a la espera de las conclusiones que emanen del Congreso.
El desenlace del caso ofrecerá una prueba relevante de la capacidad de España y de la Unión Europea para hacer valer en la práctica su ambición regulatoria en el entorno digital. Si las sospechas se confirman y se traducen en sanciones o en restricciones técnicas severas, el mensaje será claro: los intentos de explotar de forma opaca los datos de los usuarios, incluso mediante soluciones sofisticadas y difíciles de detectar, se enfrentan a un marco legal cada vez más exigente y a un escrutinio político y social en aumento.