Santa Bárbara recurre ante Defensa los contratos de artillería adjudicados a Indra y EM&E por 7.200 millones
El conflicto por el mayor programa terrestre de defensa de la historia de España entra en una nueva fase. Santa Bárbara Sistemas ha activado un nuevo mecanismo legal para intentar paralizar la adjudicación de los contratos de artillería autopropulsada vinculados a la financiación pública concedida a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Santa Bárbara activa un nuevo frente legal contra los contratos adjudicados a Indra y EM&E
Santa Bárbara Sistemas ha decidido subir el pulso contra el Ejecutivo tras presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa para intentar frenar los contratos de obuses autopropulsados por valor de 7.200 millones de euros adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Este movimiento se produce después de que la filial de General Dynamics haya recurrido previamente por la vía contencioso-administrativa los 3.000 millones de euros de financiación pública concedidos por el Ministerio de Industria a interés 0% a Indra y EM&E, destinados a financiar estos programas de defensa.
El recurso fue presentado el pasado 22 de enero ante la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, justo cuando vencía el plazo legal de un mes para hacerlo, según han confirmado fuentes jurídicas próximas al caso de las que han hecho eco varios medios.
Defensa tiene hasta abril para responder al recurso
Con la presentación de este recurso de alzada, el Ministerio de Defensa dispone ahora de un plazo de tres meses para emitir una resolución, hasta el próximo 22 de abril.
En caso de que no se produzca respuesta dentro de este plazo o que la resolución sea desfavorable, se abriría la vía para que Santa Bárbara Sistemas pueda recurrir la adjudicación de estos contratos ante los tribunales, a través de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
Este paso representa la activación de la vía administrativa previa obligatoria antes de acudir a la justicia ordinaria, lo que podría derivar en una nueva batalla judicial si el departamento de Defensa no rectifica la adjudicación de estos contratos estratégicos.
Santa Bárbara justifica las acciones legales tras 15 años de desarrollo
Desde la compañía, su director general Alejandro Page ha asegurado que la empresa se ha visto “abocada” a iniciar acciones legales después de haber agotado el resto de vías disponibles.
Según ha explicado el directivo, Santa Bárbara comenzó a trabajar en el desarrollo de sistemas de artillería autopropulsada hace más de 15 años, un trabajo que culminó en 2025 con la presentación de dos vehículos en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), celebrada en Madrid el pasado mes de mayo.
Los sistemas presentados fueron el Némesis y el Piranha 10x10, que según la empresa tuvieron una “gran acogida tanto nacional como internacional” durante el evento.
Falta de información sobre el mayor programa terrestre de la historia de España
Durante la primera mitad de 2025, Santa Bárbara asegura que no recibió ningún tipo de información por parte del Ministerio de Defensa sobre la posible puesta en marcha de un programa de artillería, pese a que sus vehículos habían sido presentados recientemente en Feindef.
Desde la compañía sostienen que no fueron informados ni invitados a participar en el proceso, a pesar de tratarse del que consideran el programa terrestre más grande de la historia de España, con una inversión superior a los 7.000 millones de euros.
Esta falta de comunicación ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por la empresa para justificar la interposición de los recursos legales contra la financiación y adjudicación del proyecto.
El Tribunal Supremo amplía el alcance del recurso
Aunque Santa Bárbara ha reiterado que su intención inicial era recurrir únicamente los contratos adjudicados a Indra y EM&E, el Tribunal Supremo señaló en un auto del pasado 28 de enero, en el que admitió a trámite el recurso, que el resultado del procedimiento podría afectar no solo a estas compañías, sino también al resto de entidades beneficiarias del programa.
Esto ha provocado que otras empresas implicadas en la prefinanciación de estos programas, como Oesía, Telefónica, Indra o EM&E, hayan decidido personarse en el procedimiento judicial.
Santa Bárbara fundamentó su recurso en la ausencia de un informe preceptivo del Consejo de Estado, aunque el Alto Tribunal considera que esta posible irregularidad no solo afectaría a los créditos concedidos a Indra y Escribano, sino a la totalidad del programa de financiación.
De este modo, el conflicto legal en torno a este macroproyecto de defensa podría ampliarse en las próximas semanas si la vía administrativa abierta ante el Ministerio de Defensa no prospera, abriendo la puerta a un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.