El Supremo no limita a Indra y EM&E el acceso a la demanda de Santa Bárbara por contratos de artillería

El litigio que enfrenta a Santa Bárbara con Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por las ayudas públicas para la futura artillería del Ejército de Tierra ha comenzado a tramitarse en el Tribunal Supremo, según han informado varios medios. La filial española de General Dynamics solicitó limitar el acceso a ciertos documentos de su recurso, petición que fue rechazada por el alto tribunal al considerar que podría afectar al derecho de defensa de las demás empresas implicadas.

El recurso de Santa Bárbara ante el Tribunal Supremo

Santa Bárbara solicitó la nulidad de dos apartados del real decreto del 14 de octubre de 2025, mediante el cual el Ministerio de Industria concedía ayudas plurianuales a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y EM&E. El objetivo era prefinanciar los programas de artillería sobre ruedas y cadenas, incluidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno.

El importe total de las ayudas asciende a 3.002 millones de euros, mientras que los contratos en sí alcanzan los 7.240 millones de euros.

• Artillería sobre ruedas: 2.686 millones, con prefinanciación de 1.181 millones.

• Artillería de cadenas: 4.554 millones, con prefinanciación de 1.821 millones.

Santa Bárbara argumenta que no fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad que tramitó el departamento de Margarita Robles, y defiende que tiene capacidades suficientes para ejecutar los contratos, proponiendo su sistema Némesis.

Solicitud de limitación de documentos y rechazo del Supremo

La compañía pidió que ciertos documentos y fragmentos de su recurso fueran protegidos conforme a la Ley de Secretos Empresariales, para limitar el acceso de Indra, EM&E, Telefónica y Oesía a información sensible. Solicitó restricciones sobre:

• Acceso de personal, abogados y procuradores.

• Difusión de los documentos a testigos y peritos.

El Tribunal Supremo, en auto del 18 de febrero, rechazó esta petición, argumentando que limitar el acceso afectaría al derecho de defensa de las demás empresas codemandadas. El tribunal señaló que los documentos aportados por Santa Bárbara son relevantes para el litigio y deben ser accesibles de forma íntegra para las partes, garantizando al mismo tiempo confidencialidad según el deber de reserva y confidencialidad de los involucrados.

Otras empresas implicadas en el procedimiento

La impugnación de Santa Bárbara se dirige contra el real decreto completo, por lo que otras empresas beneficiarias de ayudas públicas se han personado en el procedimiento:

• Telefónica, en UTE con Indra en otro contrato.

• Cipherbit y Epicom, participadas por Oesía e Indra.

Santa Bárbara solicitó que estas empresas tuvieran acceso solo a extractos de la demanda y a parte del escrito relacionado con la medida cautelar de suspensión de los proyectos, petición que el Supremo también rechazó por considerarla “extravagante”.

Medidas cautelares y recurso de alzada

Santa Bárbara aún no ha logrado la suspensión de las ayudas públicas, que continúa pendiente de resolución en el ámbito administrativo. La compañía presentó un recurso de alzada el 22 de enero, con plazo de respuesta del Ministerio de Defensa hasta el 22 de abril.

En caso de que la respuesta sea negativa, Santa Bárbara anunció que acudirá a la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión de los contratos. La filial española de General Dynamics mantiene su estrategia de impugnación judicial, buscando proteger sus intereses empresariales y competitivos frente a sus rivales.

Contexto estratégico del litigio

El conflicto gira en torno a los programas de artillería del Ejército de Tierra, donde Santa Bárbara considera que las adjudicaciones favorecen a Indra y EM&E, pese a que la compañía cuenta con capacidad tecnológica propia. La disputa también involucra la protección de información sensible, dado que los contratos requieren desarrollos desde cero de capacidades militares que no existían previamente en las empresas adjudicatarias.