Las tensiones España-EE. UU. amenazan contratos millonarios de Indra y Navantia

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de vetar el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones ofensivas estadounidenses contra Irán ha escalado rápidamente hasta convertirse en un problema económico y estratégico para la industria de defensa española. La reacción de Donald Trump, que ha anunciado represalias comerciales contra España, ha puesto en el foco contratos millonarios y programas tecnológicos clave que afectan a empresas como Indra y Navantia. Todo ello ocurre mientras el mayor litigio de la historia reciente de la defensa española, por más de 6.000 millones de euros, sigue pendiente de resolución judicial.

El veto a Rota y Morón abre una crisis diplomática

La tensión se desencadenó el 1 de marzo, cuando quince aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos abandonaron las bases españolas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para trasladarse a la base aérea de Ramstein, en Alemania.

El movimiento se produjo después de que el Gobierno español vetara el uso de estas instalaciones para operaciones ofensivas contra Irán, dentro de la operación conjunta con Israel denominada “Furia Épica”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la decisión del Ejecutivo con firmeza. Según explicó, el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado en 1988 y actualizado en 2015 solo permite el uso de estas bases cuando las operaciones cuentan con respaldo del derecho internacional.

Al no existir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, España decidió negar el apoyo logístico a las operaciones militares.

Trump amenaza con represalias comerciales contra España

La reacción de Washington no se hizo esperar. El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó duras críticas durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al canciller alemán Friedrich Merz.

“España ha sido terrible. Vamos a cortar todo el comercio con España”, afirmó el mandatario.

Además, Trump ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, analizar posibles medidas económicas contra España. Aunque las declaraciones pueden parecer retóricas, en la industria de defensa española han encendido todas las alarmas.

Indra y Navantia, las empresas españolas más expuestas

Las empresas con mayor exposición a esta crisis son Indra y Navantia, dos compañías estratégicas para el sector de defensa español y con participación relevante del Estado.

En el caso de Indra, la compañía mantiene contratos con organismos federales estadounidenses, entre ellos la Administración Federal de Aviación y las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Además, es una de las grandes beneficiarias del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa del Gobierno español, con préstamos sin intereses que superan los 7.944 millones de euros.

Un eventual cierre o limitación del mercado estadounidense podría complicar su expansión internacional en un momento clave.

Para Navantia, el riesgo es diferente pero igualmente importante. El astillero público depende de tecnología estadounidense para el desarrollo de sus fragatas.

Su programa más ambicioso, las fragatas F-110, cuenta con 2.292 millones de euros en financiación pública e integra sistemas de combate, sensores y tecnología de origen estadounidense.

Estos componentes están sujetos a licencias de exportación bajo la normativa ITAR del Departamento de Estado de Estados Unidos. Si Washington decidiera endurecer o bloquear estas licencias, el calendario y los costes del programa podrían dispararse.

El litigio de más de 6.000 millones entre General Dynamics e Indra

La crisis diplomática llega además en un momento especialmente delicado para la industria de defensa española.

Actualmente está en marcha el mayor litigio de su historia reciente, que enfrenta a General Dynamics European Land Systems (GDELS), propietaria de Santa Bárbara Sistemas, con la UTE formada por Indra, Escribano EM&E y Telefónica.

El conflicto gira en torno a dos programas de artillería autopropulsada del Ejército de Tierra:

• ATP Ruedas, valorado en 2.686 millones de euros

• ATP Cadenas, adjudicado por 4.554 millones de euros

En total, más de 6.000 millones de euros en contratos, los mayores tramitados hasta ahora por el Ministerio de Defensa.

General Dynamics ha impugnado las adjudicaciones ante el Tribunal Supremo y no descarta llevar el caso a Bruselas por posibles vulneraciones de las normas europeas de ayudas de Estado.

El argumento central de la compañía es que el Gobierno habría combinado adjudicaciones directas con préstamos públicos sin intereses superiores a 3.000 millones de euros para financiar a sus competidores.

El Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso y el Ministerio de Defensa tiene de plazo hasta el 22 de abril para responder al fondo del asunto.

El escudo europeo frente a posibles sanciones

Pese a la tensión creciente, España cuenta con el respaldo institucional de la Unión Europea. Bruselas ha recordado que cualquier represalia comercial dirigida contra un Estado miembro podría activar una respuesta colectiva de la UE.

Esto incluiría el uso del instrumento anticoerción europeo, que permite aplicar aranceles y contramedidas comerciales frente a presiones económicas externas.

Sin embargo, los analistas advierten de que la mayor amenaza para la industria española no serían los aranceles, sino medidas más selectivas, como la exclusión de empresas españolas de contratos públicos federales estadounidenses o el endurecimiento de licencias tecnológicas.

Estas herramientas permitirían a Washington presionar directamente a empresas concretas como Indra o Navantia, sin necesidad de abrir un conflicto comercial general con la Unión Europea.