Tubos Reunidos al borde del concurso de acreedores: deuda de 263 millones, pérdidas récord y la acción se desploma un 32%
Tubos Reunidos se encamina al concurso de acreedores con una deuda de 263 millones de euros, pérdidas de 118 millones y el bloqueo de la SEPI. La acción cae un 32% mientras crece la tensión política, laboral y financiera.
La siderúrgica vasca Tubos Reunidos entra en una fase crítica que puede marcar un antes y un después en su historia industrial. Según fuentes financieras recogidas por varios medios, el despacho Uría Menéndez trabaja ya en la preparación de un concurso de acreedores inminente, previsto tentativamente para la primera semana de mayo, aunque el calendario aún debe ser validado por el comité de la compañía. El movimiento se produce en un contexto de deterioro acelerado de sus cuentas, tensión política y bloqueo financiero que ha dejado a la empresa al borde del colapso.
Un concurso inminente para ordenar una deuda insostenible
El proceso concursal se presenta como la única vía viable para reestructurar la situación financiera de Tubos Reunidos y abrir la puerta a un posible inversor industrial. Fuentes del mercado subrayan que este mecanismo ya ha permitido reordenar compañías en crisis en casos como Papresa o Astilleros Balenciaga, convirtiéndose en una herramienta clave para evitar liquidaciones desordenadas.
La situación de la compañía es extremadamente delicada: acumula una deuda neta de 263 millones de euros, con la SEPI como principal acreedor tras el rescate público de 2021. A esta cifra se suman otros pasivos financieros que elevan la presión total sobre el grupo, mientras el deterioro de resultados ha sido especialmente brusco en el último ejercicio.
En 2025, Tubos Reunidos cerró con pérdidas de 118 millones de euros, frente a un beneficio de 27,7 millones en el ejercicio anterior, lo que evidencia un giro radical en su desempeño. El resultado de explotación también fue negativo en 82,5 millones de euros, con una facturación de 365,7 millones.
El golpe más preocupante llega desde el balance: el patrimonio neto del grupo ha entrado en terreno negativo, situándose en -86 millones de euros, lo que agrava la percepción de inviabilidad a medio plazo.
El bloqueo de la SEPI y el choque político-financiero
Uno de los principales nudos de la crisis es la posición de la SEPI, que mantiene más de 110 millones de euros en préstamos tras el rescate público de 2021. Según fuentes del sector, este acreedor público se ha convertido en el principal obstáculo para cualquier solución, ya que ningún inversor está dispuesto a asumir la operación sin una reestructuración previa de esa deuda.
La posibilidad de aplicar quitas sobre financiación pública ha generado un fuerte debate político, ya que supondría un precedente inédito en España y requeriría cambios legales complejos. Este bloqueo ha impedido hasta ahora la entrada de socios industriales interesados.
El Gobierno vasco intentó en las últimas semanas explorar alternativas para evitar el concurso, con el apoyo de entidades financieras y asesores como Lazard. Entre los contactos más relevantes destacó Sidenor, aunque la operación no llegó a consolidarse. El principal escollo siguió siendo el mismo: la falta de solución a la deuda con la SEPI.
En paralelo, los principales bancos acreedores —Santander, BBVA y Sabadell— observan la situación con extrema cautela ante el riesgo de deterioro adicional del balance.
Impacto laboral y judicial: huelga, ERE y tensión social
La crisis financiera ha desembocado también en un conflicto laboral de gran magnitud. Los sindicatos ELA, LAB, UGT y ESK han impugnado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, alegando que las causas económicas no están suficientemente justificadas.
El ajuste afectó finalmente a 242 trabajadores, tras reducirse desde 301 salidas iniciales, todas ellas bajo condiciones de voluntariedad, con indemnizaciones de 45 días por año trabajado y prejubilaciones desde los 57 años.
La Inspección de Trabajo, sin embargo, consideró que el proceso se ajustó a la legalidad y no detectó fraude en la negociación, lo que complica una posible anulación judicial del expediente.
Mientras tanto, la plantilla de la planta de Amurrio mantiene una huelga indefinida y ha protagonizado movilizaciones frente a la sede de la compañía en Bilbao y ante instituciones del Gobierno vasco, elevando la presión social en un momento de máxima incertidumbre.
La acción se desploma un 32%
En paralelo al deterioro operativo y financiero, el mercado ha reaccionado con extrema dureza. Según recogen varios medios financieros, la acción de Tubos Reunidos ha sufrido una caída acumulada cercana al 32%, reflejando el temor de los inversores a un escenario de concurso de acreedores inminente y posible reestructuración profunda del capital.
La pérdida de confianza se produce en un contexto donde la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa es cada vez mayor. De hecho, los auditores de Ernst & Young ya advertían en sus informes de la existencia de una “incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento”.
Este diagnóstico se suma a las advertencias de la Inspección de Trabajo, que ya apuntó que la compañía podría encontrarse en causa legal de disolución al cierre de 2025.
La combinación de deuda elevada, pérdidas récord, bloqueo institucional y tensión social sitúa a Tubos Reunidos en una de las situaciones industriales más delicadas del año en España. El desenlace del posible concurso de acreedores será determinante no solo para el futuro de la empresa, sino también para el equilibrio del sector siderúrgico y el papel del Estado en la reestructuración de compañías estratégicas.
