David Sánchez cae por prevaricación y el daño político alcanza a Moncloa
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia considera que la Diputación pacense creó de manera arbitraria el puesto que terminó ocupando el hermano del presidente del Gobierno.
Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución y antiguo líder del PSOE extremeño, recibe 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
El tribunal descarta, sin embargo, el tráfico de influencias y no atribuye a Pedro Sánchez intervención alguna en los hechos.
La resolución no es firme y puede ser recurrida.
La causa se remonta a la creación, en 2017, de un puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. David Sánchez resultó elegido posteriormente para ocuparlo y acabó desempeñando funciones como responsable de la Oficina de Artes Escénicas.
Los magistrados concluyen que aquella plaza no respondía a una necesidad administrativa acreditada y que su configuración resultó arbitraria. La sentencia entiende que el puesto fue diseñado con características destinadas a favorecer una candidatura concreta, vulnerando los principios de objetividad e igualdad que deben regir el acceso al empleo público.
La condena no implica prisión, pero impide a David Sánchez ocupar empleos o cargos públicos durante nueve años.
Gallardo recibe la pena mayor
La situación de Miguel Ángel Gallardo es más grave. El expresidente de la Diputación ha sido condenado a dos penas de nueve años, que suman 18 años de inhabilitación, por su participación en dos decisiones administrativas calificadas como prevaricadoras.
El fallo atribuye a Gallardo una posición central en la creación y evolución de los puestos investigados. Durante el juicio, agentes de la Guardia Civil sostuvieron que la iniciativa procedía de los niveles superiores de la corporación y apuntaron directamente al entonces presidente provincial.
La diferencia entre ambas condenas no responde a una mayor cercanía política, sino al número de resoluciones delictivas que el tribunal considera acreditadas.
Sin tráfico de influencias
La Audiencia ha absuelto a los acusados del delito de tráfico de influencias. Los magistrados no consideran probado que David Sánchez utilizara su relación familiar con el presidente del Gobierno para presionar a funcionarios o condicionar directamente la decisión administrativa.
Tampoco se ha acreditado un plan dirigido desde Moncloa ni una intervención de Pedro Sánchez en la contratación. Esta distinción resulta esencial: la sentencia castiga la arbitrariedad administrativa, no una operación organizada desde la Presidencia del Gobierno.
El fallo también deja atrás otras sospechas investigadas inicialmente, como malversación o fraude fiscal, que no llegaron a sostenerse en el proceso oral.
La Fiscalía pidió absolverlos
La condena se produce pese a que la Fiscalía solicitó la absolución de los once acusados. El Ministerio Público sostuvo al término del juicio que las pruebas practicadas no permitían acreditar los delitos y que buena parte de las decisiones cuestionadas podían explicarse dentro del funcionamiento ordinario de la Diputación.
Las defensas compartieron esa tesis y subrayaron que decenas de testigos avalaron la legalidad del procedimiento. Las acusaciones populares, entre ellas PP, Vox y Manos Limpias, defendieron en cambio que la contratación fue una operación diseñada para colocar al hermano del presidente.
La sentencia se apoya principalmente en correos electrónicos, documentación administrativa y una reconstrucción indiciaria de las decisiones.
Un golpe político para Moncloa
Aunque Pedro Sánchez no figura entre los condenados ni queda señalado penalmente, el impacto reputacional resulta inevitable. La oposición utilizará la resolución para reforzar su discurso sobre la degradación institucional y el trato privilegiado al entorno familiar del presidente.
El Gobierno puede responder recordando que el tráfico de influencias ha sido descartado, que la Fiscalía pidió la absolución y que la sentencia todavía puede ser revocada. Sin embargo, una condena por crear una plaza pública arbitraria afecta directamente al relato de ejemplaridad del Ejecutivo.
El caso llega, además, en un contexto marcado por otras investigaciones judiciales vinculadas al entorno político y personal de Sánchez.
Las defensas podrán recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, posteriormente, intentar llegar al Tribunal Supremo. Hasta que se resuelvan esos recursos, la condena no será firme.
Ese recorrido puede prolongarse durante meses o incluso años. La discusión jurídica se centrará previsiblemente en la suficiencia de los indicios, la existencia real de una resolución arbitraria y la conexión individual de cada acusado con la creación de los puestos. David Sánchez ha pasado de investigado a condenado en primera instancia, y Gallardo afronta una inhabilitación de 18 años que golpea el corazón del antiguo poder socialista extremeño.