EEUU abre 162 expedientes OVNI y lanza su web de desclasificación
El Pentágono publica documentos UAP y admite el atasco: miles de informes sin cerrar.
La Casa Blanca ha dado luz verde a la primera tanda: 162 archivos sobre “fenómenos anómalos”. El mensaje es político: “máxima transparencia”, aunque el contenido es áspero y técnico. Los papeles mezclan cables, entrevistas y material de la NASA. Y, sobre todo, certifican una realidad incómoda: mucho ruido administrativo y poca prueba concluyente.
Un portal retro para una promesa política
Washington ha convertido el viejo folclore de los “expedientes extraterrestres” en una operación formal de Estado. Este viernes, 8 de mayo de 2026, el Pentágono estrenó una web con estética deliberadamente vintage para alojar documentos desclasificados sobre UAP (la etiqueta oficial para lo que antes se llamaba OVNI). La primera entrega incluye 162 archivos y viene acompañada de una advertencia: el público “puede sacar sus propias conclusiones”.
El giro no es menor. El relato ya no es el de una filtración puntual, sino el de un proceso “en rolling basis”, por tandas, con varios organismos implicados —desde la inteligencia nacional hasta NASA o FBI— y con un claro telón de fondo: la presión política en el Capitolio y la demanda social de acceso a información que durante décadas se dispersó en archivos militares y administrativos. La consecuencia es clara: la transparencia se ha transformado en un activo electoral… y en un riesgo de reputación si el material publicado no satisface expectativas.
El contenido real: cables, entrevistas y una foto del Apolo 17
Lo más llamativo de esta primera hornada no es una “prueba”, sino la mezcla de fuentes. Hay cables antiguos del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de vuelos tripulados de la NASA. Entre los ejemplos citados figura la entrevista del FBI a un piloto de dron que en septiembre de 2023 describió un objeto lineal, luminoso, visible durante “cinco a diez segundos” antes de desaparecer.
También aparece una fotografía asociada al Apolo 17 (1972) con tres puntos en formación triangular, presentada como anomalía sin consenso y sujeta a un análisis “preliminar”. El efecto mediático está asegurado, pero el valor informativo es más prosaico: se trata de material que, en gran medida, ya circulaba por vías indirectas o que depende de contexto técnico para evitar interpretaciones erróneas. La desclasificación, por sí sola, no explica nada: simplemente desplaza la carga de la prueba al ciudadano… y a los analistas que sepan leer documentación incompleta.
La letra pequeña: 757 informes y una montaña de casos abiertos
El contraste entre la épica del anuncio y la contabilidad interna es demoledor. Los informes oficiales previos ya habían dibujado un panorama de saturación: solo entre el 1 de mayo de 2023 y el 1 de junio de 2024, la oficina AARO recibió 757 reportes, de los cuales 485 correspondían a incidentes ocurridos dentro del periodo analizado. A cierre de octubre de 2024, el total acumulado alcanzaba 1.652 reportes.
El diagnóstico es inequívoco: la mayoría de casos se atascan por falta de datos, mala calidad de registros o simples duplicidades. El propio documento subraya, en una frase que pincha el globo sin contemplaciones: “hasta la fecha, AARO no ha hallado evidencia de seres, actividad o tecnología extraterrestre”. En paralelo, el patrón se repite: se cierran expedientes que acaban siendo globos, aves, satélites o drones. La narrativa de “ocultación” choca con la realidad de “archivo inmanejable”.
De FOIA a archivo nacional: el cambio legal que lo explica todo
La desclasificación no nace de la nada. El salto cualitativo llegó con el mandato de centralizar registros en el Archivo Nacional. La NARA creó una “UAP Records Collection” (Registro 615) en virtud de la NDAA 2024 (Public Law 118-31), obligando a las agencias a identificar y transferir documentación para su publicación progresiva.
La primera liberación formal de ese esquema quedó fijada el 24 de abril de 2025, cuando la NARA anunció la incorporación de registros transferidos desde ODNI, el secretario de Defensa, la FAA y hasta la Comisión Reguladora Nuclear. Este hecho revela un cambio de paradigma: se pasa del goteo por peticiones FOIA —lento, fragmentado y litigioso— a un mecanismo estable de agregación. Pero también abre otra grieta: si el Estado promete “máxima transparencia” y entrega expedientes desordenados, la frustración pública crece, alimentando teorías que el propio aparato intenta desactivar.
El incentivo económico: defensa, sensores y el negocio del “anómalo”
Detrás del debate cultural hay economía dura. Un sistema que recibe cientos de avisos al año exige inversiones en sensores, análisis de datos y coordinación interagencias. Y ahí asoman los incentivos: más vigilancia, más contratos, más capas de clasificación. No por “platillos volantes”, sino por la seguridad del espacio aéreo, la proliferación de drones y la competición tecnológica.
El informe anual detalla, por ejemplo, que 392 de los 757 reportes procedían de la FAA, una señal de que el fenómeno ya no es solo militar: también es civil y comercial. La consecuencia es clara: el “anómalo” se convierte en categoría administrativa con presupuesto. Y, como ocurre con cualquier programa público, el riesgo es doble: gastar sin resolver y clasificar por inercia para proteger capacidades propias. La opacidad ya no se justifica por extraterrestres, sino por competencia industrial y doctrina militar.
La próxima batalla: 46 vídeos, expectativas y el coste de no aclarar
El frente político no se cierra con 162 documentos. Al contrario: la publicación abre apetito. En el Congreso, una carta impulsada por la congresista Anna Paulina Luna reclamó 46 vídeos de UAP identificados por denunciantes, material que —según el propio debate— podría llegar en futuras tandas. El precedente, además, pesa: la desclasificación masiva de otros archivos históricos recientes generó titulares, pero aportó “poco más” de lo conocido, alimentando el escepticismo.
El riesgo, ahora, es de expectativas. Si la Administración usa la transparencia como bandera, cada lote se medirá por su capacidad de “revelar” algo, cuando la lógica de estos expedientes es otra: registrar, ordenar, descartar. Y mientras tanto, persiste el escenario más costoso para el Estado: una conversación pública dominada por sospechas, con miles de incidencias sin datos suficientes y una maquinaria institucional obligada a demostrar que no oculta lo que, probablemente, nunca tuvo.