El 62% ve corrupción estructural en el PSOE
Un reciente estudio revela que la mayoría de los españoles percibe corrupción sistémica en el PSOE. Este artículo analiza los datos, el impacto en la opinión pública y las implicaciones para el futuro político de España.
El último sondeo publicado por El Mundo dibuja una fotografía incómoda para el PSOE: un 62% de los españoles considera que la corrupción en el partido es ya estructural, no una suma de casos aislados. La percepción de que el primer partido político de España tiene un problema sistémico con la integridad interna se consolida en plena tormenta por el caso Koldo, que salpica a los dos últimos secretarios de Organización.
Pese al desgaste, un 63% de los encuestados cree que Pedro Sánchez logrará agotar la legislatura, lo que sugiere una combinación de hartazgo, resignación y apuesta por la estabilidad. Pero la presión crece: casi el 39% de los españoles y más de un 34% de los votantes socialistas ven razonable adelantar las elecciones a 2026.
La crisis ya no se limita a expedientes judiciales concretos: se ha instalado en el terreno más peligroso para cualquier partido de Gobierno, el de la confianza en las instituciones. La pregunta que flota es si el PSOE está ante un bache más o frente a un cambio de percepción que puede marcar el resto de la legislatura.
Una fotografía demoscópica difícil de suavizar
El dato central del sondeo es contundente: aproximadamente dos tercios de los españoles, un 62%, consideran que el PSOE arrastra una corrupción de carácter estructural. En la práctica, esto significa que una mayoría social ha dejado de ver los escándalos como anomalías puntuales y los interpreta como expresión de un problema de fondo en la cultura interna del partido.
La elección del término “estructural” es especialmente dañina. No apunta a individuos concretos, sino a mecanismos, prácticas y tolerancias que se perciben incrustados en la organización. El efecto reputacional es mucho más profundo: un caso aislado puede corregirse con dimisiones y sanciones; una etiqueta de corrupción sistémica exige reformas internas visibles y cambios de comportamiento sostenidos en el tiempo.
Además, el contexto no ayuda. La encuesta llega en un momento en el que la ciudadanía acumula años de exposición a tramas, comisiones y contratos bajo sospecha en distintos niveles de la Administración. En ese clima, cada nuevo caso encaja en un relato preexistente de desafección, y el margen para matizar o explicar se hace cada vez más estrecho.
El caso Koldo como símbolo de un problema más amplio
El caso Koldo se ha convertido en el catalizador de esta percepción. Que los dos últimos secretarios de Organización del PSOE aparezcan mencionados en una trama de contratos y comisiones ha reforzado la idea de que la línea de mando del partido no ha sido ajena a prácticas irregulares. Más allá de las responsabilidades penales que determinen los tribunales, el daño político reside en la sensación de que los mecanismos internos de control fallaron o miraron hacia otro lado.
El relato público ya no se centra solo en un asesor concreto, sino en las ramificaciones del caso en la estructura federal del partido, sus círculos de confianza y la relación entre poder orgánico y gestión de recursos públicos. La figura del “hombre de confianza” que opera en la sombra y facilita contratos se ha convertido en un símbolo de lo que muchos ciudadanos ven como una forma de gobernar demasiado opaca.
En política, los símbolos importan. Y el caso Koldo ha cristalizado en uno poderoso: el de un partido que, según esa percepción, habría normalizado una determinada manera de relacionarse con el dinero público y con las empresas proveedoras. Que esta percepción se consolide o se revierta dependerá menos de los matices judiciales del caso y más de la respuesta política y organizativa que se articule en los próximos meses.
Un liderazgo que resiste… por ahora
A pesar del deterioro en la imagen del partido, la encuesta introduce un matiz relevante: un 63% de los españoles considera que Pedro Sánchez terminará la legislatura. Es decir, la mayoría no anticipa un colapso inmediato del Gobierno ni una caída abrupta del presidente. Esta aparente paradoja —alta percepción de corrupción estructural y, al mismo tiempo, expectativa de continuidad— revela varias claves.
Por un lado, la fragmentación parlamentaria y la dificultad para articular mayorías alternativas refuerzan la idea de que, incluso erosionado, el Ejecutivo actual puede resultar más viable que la combinación de fuerzas necesaria para reemplazarlo. Por otro, buena parte del electorado parece distinguir entre el liderazgo de Sánchez y la imagen del partido como organización, al menos en el corto plazo.
Sin embargo, la resistencia del liderazgo no es un blindaje absoluto. Un presidente que se mantiene en el poder mientras crece la percepción de corrupción alrededor de su partido corre el riesgo de verse asociado, inevitablemente, a ese diagnóstico. La línea entre un líder que gestiona la crisis y un líder absorbido por ella puede ser muy fina, y la evolución de los próximos meses será determinante.
La grieta dentro del propio electorado socialista
El desgaste no se limita al conjunto de la ciudadanía. Según el sondeo, un 34,5% de los votantes del PSOE considera razonable convocar elecciones anticipadas en 2026. Que más de uno de cada tres electores socialistas contemple un adelanto revela una inquietud interna que va más allá del ruido mediático. No se trata solo de críticas desde la oposición; es una señal desde la propia base electoral.
En el conjunto de la población, el porcentaje sube al 38,8% a favor del adelanto, lo que añade presión adicional. La lectura política es clara: una parte relevante del país percibe que la legislatura, aun siendo formalmente viable, podría llegar exhausta a 2027 si no se produce algún tipo de refresco o giro.
En el interior del PSOE, estos datos alimentan debates soterrados sobre estrategia, tiempos y relato. Continuar hasta el final de la legislatura es, hoy por hoy, la opción reiterada por Sánchez, pero el coste de hacerlo con una percepción de corrupción estructural enquistada puede ser elevado. Que la propia base empiece a considerar el adelanto como “opción válida” es una señal de que la desafección ya no se limita a los adversarios políticos.
De la corrupción del partido a la desconfianza en las instituciones
El impacto de estos datos excede las fronteras del PSOE. Cuando una mayoría social percibe que el partido que ocupa la presidencia del Gobierno está afectado por corrupción estructural, el golpe alcanza de lleno a la confianza en las instituciones. El Parlamento, el sistema de partidos, la Administración y los mecanismos de control terminan integrados en un mismo paquete de sospecha.
Este fenómeno no es nuevo en la política española, pero se reactiva en ciclos. El foco ha estado en distintos partidos en diferentes momentos, y ahora parece haberse desplazado con fuerza hacia el PSOE. La consecuencia es un círculo de desafección en el que cada nuevo escándalo confirma prejuicios previos y reduce el margen para reconstruir credibilidad.
En ese contexto, la insistencia en que se trata de “casos aislados” pierde eficacia. Una parte del electorado ya no responde a explicaciones individuales, sino que demanda reformas de fondo: mayor transparencia en la contratación, límites a puertas giratorias, controles internos más robustos y responsabilidades políticas claras. La cuestión clave es si el sistema político será capaz de ofrecer respuestas que vayan más allá de los comunicados y las comisiones de investigación de corto recorrido.
2026-2027: el dilema del calendario y el coste del desgaste
La discusión sobre un posible adelanto electoral en 2026 abre un dilema de calendario. Por un lado, mantener la legislatura hasta 2027, como Sánchez ha reiterado, permite completar reformas, consolidar proyectos y esquivar la imagen de inestabilidad. Por otro, prolongar el mandato en un clima de sospecha permanente puede agravar el desgaste y dejar a la formación en una posición más débil ante las urnas.
La encuesta muestra que una parte significativa de la ciudadanía —y del propio electorado socialista— ve con buenos ojos la opción de acortar tiempos. No tanto por entusiasmo hacia alternativas concretas, sino como vía para resetear el tablero y someter a contraste en las urnas un clima político cargado de sospechas.
Al mismo tiempo, el Gobierno podría interpretar estos datos como una razón más para cerrar filas y resistir, confiando en que el tiempo suavice la percepción y en que la agenda económica y social gane peso frente a los escándalos. En cualquiera de los dos escenarios, el margen de maniobra se achica: cada decisión de calendario llevará incorporado un coste político, ya sea por insistir en la continuidad o por asumir un adelanto a la defensiva.