El alcalde de Nueva York da un tremendo palo a Netanyahu y no le quiere dejar pisar la ciudad
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha elevado al máximo su pulso político con la Casa Blanca al declarar que Benjamin Netanyahu «no es bienvenido» en la ciudad y reclamar al Gobierno federal que actúe contra el primer ministro israelí si vuelve a Estados Unidos. El mensaje, difundido a través de las redes sociales, vincula directamente al mandatario con la devastación de Gaza y respalda la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.
Mamdani, investido como alcalde el 1 de enero de 2026, reconoce, sin embargo, el principal límite de su promesa: Nueva York no dispone de autoridad legal independiente para ejecutar la orden del tribunal internacional. La decisión final correspondería a las instituciones federales, que bajo la Administración de Donald Trump han protegido a Netanyahu y endurecido su ofensiva contra la propia Corte Penal Internacional.
Una acusación política de enorme alcance
En su intervención, Mamdani califica a Netanyahu como criminal de guerra, le atribuye la destrucción de hospitales, el bloqueo de ayuda humanitaria y la muerte de decenas de miles de palestinos. También sostiene que Estados Unidos tiene una responsabilidad directa al financiar y suministrar parte del armamento empleado por Israel.
Desde una perspectiva jurídica, conviene precisar el lenguaje. Netanyahu no ha sido condenado, pero sí está reclamado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La orden fue emitida el 21 de noviembre de 2024 y continúa vinculada a la investigación sobre los hechos cometidos en Gaza desde octubre de 2023.
La diferencia no es menor: una orden de arresto no equivale a una sentencia firme, aunque sí implica que los jueces consideran que existen fundamentos suficientes para reclamar su comparecencia.
Nueva York carece de competencias
La contundencia política del alcalde contrasta con el estrecho margen jurídico del Ayuntamiento. La Policía de Nueva York no puede convertir por iniciativa propia una orden de la Corte Penal Internacional en una detención ejecutable dentro de Estados Unidos.
Mamdani lo admite en el propio mensaje: su administración ha revisado las vías disponibles, pero la ciudad no puede aplicar íntegramente la orden sin cooperación federal. Su propuesta consiste, por tanto, en presionar a Washington y explorar cualquier mecanismo municipal compatible con la legislación estadounidense.
El problema es estructural. Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional, y rechaza que el tribunal tenga jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses o israelíes sin consentimiento de sus respectivos gobiernos.
Trump blinda a Netanyahu
La posición de Donald Trump discurre en sentido contrario. Su Administración considera ilegítimas las actuaciones de la Corte contra Israel y ha aprobado sanciones contra jueces, fiscales y otras personas vinculadas a investigaciones que afectan a estadounidenses o israelíes.
La Casa Blanca formalizó en febrero de 2025 un régimen sancionador contra el tribunal al considerar que sus actuaciones suponían una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y para su alianza con Israel. Posteriormente, el Departamento de Estado amplió las medidas contra distintos responsables de la institución.
El contraste resulta demoledor: Mamdani pide utilizar el derecho internacional contra Netanyahu; Trump trata de debilitar al organismo que pretende juzgarlo.
La CPI también actuó contra Hamás
La defensa del tribunal no puede reducirse a una ofensiva unilateral contra Israel. La misma sala que ordenó detener a Netanyahu y al entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, emitió otra orden contra Mohammed Deif, comandante militar de Hamás, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023.
Este dato debilita la tesis de que la Corte solo persigue a una de las partes. Su actuación intenta aplicar el mismo marco penal a dirigentes israelíes y responsables de Hamás, aunque el contexto político y la capacidad de ejecutar las órdenes sean profundamente desiguales.
Mamdani también ha condenado los ataques de Hamás, pero sostiene que esa condena no puede utilizarse para conceder inmunidad política a Netanyahu.
Una fractura dentro de los demócratas
La intervención del alcalde expone además la creciente división interna del Partido Demócrata. El sector progresista, representado por figuras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, reclama condicionar la ayuda militar a Israel y elevar la presión sobre su Gobierno.
Otros dirigentes demócratas mantienen una posición mucho más próxima a la alianza tradicional entre Washington y Tel Aviv. La discrepancia no afecta únicamente a Gaza. También enfrenta dos modelos de política exterior: uno apoyado en la protección incondicional del aliado estratégico y otro que exige someterlo a los mismos mecanismos internacionales reclamados para los adversarios.
Mamdani ha convertido esa fractura en una cuestión municipal, nacional y moral al mismo tiempo.
El gesto que obliga a posicionarse
La probabilidad de que Netanyahu sea detenido en Nueva York bajo la actual Administración resulta remota. Trump controla las competencias federales relevantes y su Gobierno ha intensificado, no reducido, la confrontación con la Corte Penal Internacional. Incluso en 2026, el Departamento de Estado ha anunciado nuevas medidas para limitar la capacidad operativa del tribunal.
Sin embargo, el mensaje de Mamdani no busca únicamente provocar una detención inmediata. Pretende fijar una línea política: la condición de aliado de Estados Unidos no debería garantizar inmunidad frente a acusaciones internacionales graves.
La ciudad no tiene capacidad para resolver por sí sola el conflicto de Gaza ni para ejecutar una orden internacional. Pero su alcalde ha situado en el centro del debate una contradicción que Washington lleva años evitando: exigir responsabilidades penales a los enemigos mientras protege a sus socios. La detención parece improbable; el coste político de ignorar la orden, en cambio, seguirá creciendo.