El avión de Netanyahu desafía la orden de arresto sobrevolando naciones clave de la CPI

El avión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cruzó Grecia, Italia y Francia pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
La CPI emitió el mandato el 21 de noviembre de 2024, una fecha que desde entonces persigue cada desplazamiento del líder israelí.
Ninguno de esos Estados bloqueó el sobrevuelo. Y ese silencio operativo habla más alto que cualquier comunicado.
Porque lo que está en juego no es solo una ruta a Washington: es la línea que separa la cooperación judicial de la diplomacia de supervivencia.

Tres cielos europeos, un mismo dilema

El episodio —documentado durante un viaje a Estados Unidos en julio de 2025— colocó a Grecia, Italia y Francia en una posición incómoda: permitir el tránsito de un dirigente sobre el que pesa una orden de arresto internacional, o convertir el espacio aéreo en una extensión efectiva de sus obligaciones con la CPI.

En términos prácticos, el debate es endiabladamente técnico. En términos políticos, es devastadoramente simple: Europa no quiso escalar. La decisión de no intervenir evitó un choque directo con Israel y con Washington —especialmente sensible cuando Netanyahu se desplaza a la capital estadounidense para reunirse con Donald Trump en un contexto de alta tensión regional.

Pero la consecuencia es clara: la CPI queda expuesta a su talón de Aquiles, la ejecución. Sus órdenes solo pesan lo que pesan los Estados que deben aplicarlas. Y cuando la aplicación se vuelve selectiva —o se relega al terreno de lo “improbable”— el tribunal pierde capacidad disuasoria y gana, paradójicamente, carga política.

El mandato de La Haya y el espejo de las inmunidades

La Corte Penal Internacional dictó órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant el 21 de noviembre de 2024, en el marco de la investigación por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con Gaza.

La arquitectura del tribunal descansa sobre una premisa: 125 Estados parte del Estatuto de Roma deben cooperar con sus decisiones. Y, sin embargo, esa cooperación tropieza con un obstáculo recurrente cuando el buscado es un jefe de Gobierno de un Estado no miembro. Francia fijó esa ambigüedad en negro sobre blanco en noviembre de 2024, al afirmar que cumpliría sus obligaciones, pero subrayando que deben considerarse las inmunidades de Estados no parte.

“the Rome Statute demands full cooperation with the International Criminal Court (ICC) and also stipulates that a State cannot be required…”

Esta frase —a medio camino entre el compromiso y la salida de emergencia— resume el conflicto central: la CPI se apoya en el derecho; los Estados, en una mezcla de derecho, conveniencia y riesgo.

¿El espacio aéreo también obliga? La frontera gris de la cooperación

El punto más sensible del caso no es una detención en tierra, sino el concepto de jurisdicción. Organizaciones y expertos recuerdan que la obligación de cooperar puede interpretarse como aplicable a “todo el territorio”, y en esa definición algunos incluyen el espacio aéreo.

A partir de ahí, el debate se fragmenta: hay quienes sostienen que permitir un corredor aéreo equivale a facilitar un desplazamiento y, por tanto, a debilitar el sistema de cumplimiento. Otros replican que un sobrevuelo no implica presencia material bajo control efectivo comparable a un aterrizaje, y que la obligación operativa real se activa cuando el individuo está físicamente “en” el territorio, especialmente en un aeropuerto.

Lo relevante, sin embargo, no es la disputa doctrinal, sino el incentivo: bloquear un vuelo de alto perfil puede desencadenar una crisis bilateral inmediata; permitirlo, en cambio, suele tener un coste diferido y difuso —reputacional, jurídico, político— que raramente se factura el mismo día. Esa asimetría explica por qué el derecho internacional, en la práctica, se aplica con distinta intensidad según el pasajero y el momento.

Francia, Italia y Grecia: decisiones calculadas y mensajes cruzados

Cada capital europea ha gestionado esta cuestión con un lenguaje propio, pero con un patrón común: ambigüedad máxima, compromiso mínimo. Francia llegó a señalar que continuaría trabajando “en estrecha cooperación” con Netanyahu mientras invocaba la cuestión de las inmunidades. Italia, por su parte, pidió “claridad” sobre cómo aplicar el mandato en el caso del primer ministro israelí y, en paralelo, expresó dudas sobre la viabilidad de una detención mientras siga en el cargo.

Grecia ha quedado más en la sombra mediática, pero el hecho operativo —el tránsito— la coloca en el mismo paquete político. Y ese paquete tiene un efecto corrosivo: refuerza la percepción de que la UE es capaz de exigir cumplimiento a unos y modularlo con otros, alimentando acusaciones de doble rasero.

En un contexto donde varios Estados miembros discuten incluso sanciones comerciales o revisiones del marco de relación con Israel por Gaza, permitir un “paso limpio” en el cielo se interpreta como el síntoma de una Europa partida entre principios y alianzas.

Washington como paraguas político

El destino importa. Estados Unidos no es Estado parte de la CPI, y su posición histórica ha sido, como mínimo, de resistencia ante la jurisdicción del tribunal sobre aliados estratégicos. Que Netanyahu vuele hacia Washington en plena controversia no es solo logística: es una señal de amparo.

La visita se produce, además, con una agenda geopolítica cargada —Irán, seguridad regional, Gaza— que reduce el margen de maniobra europeo. Cualquier gesto hostil desde una capital de la UE puede traducirse en represalias diplomáticas, tensiones en foros multilaterales o presión en ámbitos donde Israel mantiene capacidad de influencia indirecta.

Pero el paraguas no es gratuito. El propio hecho de necesitar rutas “seguras” ha condicionado los desplazamientos del primer ministro israelí, con vuelos que en otros momentos han evitado parte del espacio aéreo europeo y han alargado trayectos por precaución. Es decir: incluso cuando los Estados no actúan, la existencia del mandato altera conductas. La CPI no detiene, pero encarece: en diplomacia, en seguridad, en cálculo de riesgos.

El coste económico silencioso: la palanca comercial europea se erosiona

Detrás del debate legal late un dato incómodo: Europa tiene influencia real sobre Israel, pero prefiere no usarla con toda su fuerza. La UE es su mayor socio comercial y representó el 32% del comercio israelí de bienes en 2024. El intercambio de mercancías ascendió a 42.600 millones de euros ese año: 26.700 millones de exportaciones europeas hacia Israel y 15.900 millones de importaciones desde el país.

Esa relación explica la cautela. No se trata solo de diplomacia; se trata de cadenas de suministro, sectores sensibles (química, maquinaria), contratos y cooperación tecnológica. Pero precisamente por eso el episodio del sobrevuelo es relevante: si la UE evita tensar incluso un gesto simbólico, su capacidad de condicionar comportamientos mediante instrumentos más duros —comercio, preferencias arancelarias, acuerdos— se percibe como limitada.

En otras palabras: el derecho internacional no solo pierde tracción; también la pierde la herramienta económica europea. Y cuando Bruselas intenta hablar de “valores” mientras protege la estabilidad de su relación comercial, el mensaje llega amortiguado a ambas partes: a Israel, como margen; a sus críticos, como incoherencia.

Qué puede pasar ahora: tres escenarios para Europa y la CPI

El primer escenario es el de continuidad: la UE mantiene el equilibrio actual —defensa retórica del tribunal, aplicación pragmática y selectiva— y la CPI acumula mandatos con ejecución irregular. Es el camino de menor fricción inmediata, pero el de mayor desgaste reputacional.

El segundo escenario es el de clarificación jurídica. Presiones internas, pronunciamientos de expertos o litigios podrían empujar a gobiernos europeos a definir si el espacio aéreo entra o no en el perímetro de cooperación. Esa claridad reduciría ambigüedad, pero obligaría a elegir: o se aplica o se admite el límite.

El tercer escenario es el de ruptura política: que el coste reputacional y la presión social empujen a algunos Estados a endurecer posiciones, al tiempo que otros —por alianzas o estrategia— se desmarcan. El resultado sería una Europa aún más fragmentada, justo cuando su peso geopolítico ya se discute en cada crisis.

Mientras tanto, el episodio del vuelo deja una conclusión incómoda: la CPI puede dictar, pero los Estados deciden. Y cuando deciden mirar hacia otro lado, el cielo europeo se convierte en un termómetro: no de lo que el derecho exige, sino de lo que la política está dispuesta a soportar.