Bruselas avala la inspección húngara del Druzhba, 4.000 km de tensión
La Comisión Europea ha dado un espaldarazo inusual al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al calificar de “paso bienvenido” su plan para enviar expertos a inspeccionar el oleoducto Druzhba tras la interrupción del tránsito de crudo a través de Ucrania. Según Bruselas, el gigantesco conducto de más de 4.000 kilómetros y hasta 1,4 millones de barriles diarios de capacidad sigue siendo una arteria crítica para el suministro de Hungría y Eslovaquia, pese a las sanciones contra Rusia. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene una línea roja: la causa del problema no es Kyiv, sino las “masivas” ofensivas rusas contra la infraestructura energética ucraniana, que habrían dañado el tramo sur del Druzhba a finales de enero. En paralelo, Bruselas recuerda que está en “contacto permanente” con las autoridades ucranianas para coordinar reparaciones y posibles alternativas de suministro. La escena resume la nueva batalla energética en el corazón de la UE: un oleoducto soviético, un Gobierno húngaro enfrentado a Kyiv y a sus socios, y una Comisión atrapada entre la seguridad de suministro y la presión para cortar el cordón umbilical con el petróleo ruso.
El Druzhba —“amistad” en ruso— es mucho más que una tubería: es la infraestructura que ha unido desde los años 60 los yacimientos rusos con el corazón industrial de Europa central. Con más de 4.000 kilómetros de trazado principal y ramales que elevan la red hasta más de 5.000 kilómetros, el sistema puede transportar entre 1,2 y 1,4 millones de barriles diarios, lo que históricamente llegó a representar cerca de una quinta parte de las exportaciones rusas de crudo.
Desde finales de enero, el tramo sur que cruza Ucrania hacia Hungría y Eslovaquia está parado tras un ataque ruso que dañó la infraestructura en territorio ucraniano. Ese corte dejó sin flujo a los dos países, que aún cubren la mayor parte de sus necesidades de petróleo con este oleoducto pese a las sanciones de la UE. La consecuencia inmediata ha sido un encarecimiento de las importaciones alternativas y la activación de reservas estratégicas.
Lo más relevante, sin embargo, es el mensaje geopolítico. Cada incidencia en el Druzhba se convierte en una palanca de presión cruzada entre Moscú, Kyiv y los socios más dependientes de la región. Un oleoducto concebido como símbolo de cooperación se ha transformado en un campo de minas diplomático. El pulso actual por la inspección y reparación del tramo dañado es solo el último episodio de una larga historia de litigios, sabotajes y amenazas de veto.
La dependencia energética de Hungría y Eslovaquia
La crisis del Druzhba ha puesto de nuevo bajo el foco a Hungría y Eslovaquia, los dos únicos Estados miembros que siguen recibiendo de forma sistemática petróleo ruso por oleoducto gracias a una exención específica de las sanciones europeas. Antes del corte de enero, el flujo hacia ambos países rondaba los 150.000 barriles diarios, volumen que alimenta refinerías clave para sus economías y parte del suministro regional.
Budapest y Bratislava argumentan que, sin acceso al mar y con limitada capacidad de diversificación, un cierre prolongado del Druzhba obligaría a recurrir de forma masiva al oleoducto Adria —vía Croacia— y al transporte marítimo, con un sobrecoste que podría disparar los precios internos de combustibles y tensionar sus balanzas comerciales. No es una amenaza menor: en algunos momentos de los últimos años, más del 60% del crudo procesado en sus refinerías ha llegado por esta vía.
El contraste con otros socios del Este es evidente. Polonia y Alemania dejaron de importar crudo ruso por el ramal norte del Druzhba en 2023, reconfigurando su logística hacia puertos y proveedores alternativos. Esa decisión, costosa pero estratégica, ha reducido su exposición a la presión energética del Kremlin. Hungría y Eslovaquia, en cambio, han optado por exprimir al máximo la exención, convirtiendo cada incidente en el oleoducto en una crisis política de alcance europeo.
Orbán convierte el Druzhba en arma política
En este contexto, Viktor Orbán ha elevado el conflicto al máximo nivel. El primer ministro húngaro acusa abiertamente a Ucrania de retrasar las reparaciones del oleoducto por motivos políticos y ha llegado a hablar de “chantaje” energético. Como respuesta, Hungría ha suspendido las exportaciones de diésel hacia Ucrania, una medida replicada por Eslovaquia, alegando la necesidad de asegurar primero el abastecimiento interno.
El movimiento más contundente, sin embargo, ha sido la amenaza de vetar un préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Kyiv mientras no se restablezca el tránsito de crudo por el Druzhba. Con ese gesto, Orbán convierte un problema técnico —la reparación de un tramo dañado por bombas rusas— en moneda de cambio financiera en plena guerra.
La inspección unilateral que ahora plantea Budapest, y que Bruselas califica de “paso bienvenido” siempre que se coordine con Ucrania, encaja en esa estrategia: validar sobre el terreno el estado de la infraestructura para reforzar su relato de que Kyiv es responsable de la demora. Para el Gobierno húngaro, demostrar que el oleoducto podría funcionar reforzaría su posición negociadora; para Ucrania, aceptar una inspección percibida como hostil entraña el riesgo de que se minimicen los riesgos de seguridad derivados de los ataques rusos. La crisis del Druzhba se convierte así en una guerra de narrativas tanto como de válvulas y bombas.
La versión de Bruselas: la culpa es de Moscú
Frente al relato húngaro, la Comisión Europea mantiene una posición clara: el origen de la interrupción del tránsito es la campaña de ataques rusos contra la red energética ucraniana, no una decisión política de Kyiv. Portavoces comunitarios han reiterado que “la seguridad de suministro de Hungría y Eslovaquia no está en riesgo inmediato” y que se exploran rutas alternativas mientras se evalúan los daños en el oleoducto.
Bruselas se mueve en un equilibrio delicado. Por un lado, reconoce que reanudar el flujo de Druzhba aliviaría tensiones en dos economías muy dependientes; de ahí la formulación de que “daría la bienvenida” a la reparación y reactivación del tramo ucraniano. Por otro, evita fijar plazos o imponer obligaciones a Ucrania, consciente de que cada equipo de reparación que se desplaza sobre el terreno lo hace bajo el riesgo de nuevos bombardeos.
Este hecho revela la línea roja política de la UE: no puede presionar a un país agredido para que asuma riesgos adicionales solo para garantizar el flujo de crudo ruso hacia socios que, además, bloquean paquetes de sanciones o ayudas financieras. La consecuencia es clara: la Comisión busca mostrarse comprensiva con las necesidades húngaras y eslovacas, pero sin alimentar la narrativa de que Kyiv está incumpliendo sus compromisos.
Un rompecabezas jurídico y contractual
Más allá de la guerra de declaraciones, el contencioso del Druzhba se ha desplazado también al terreno jurídico. Orbán insiste en que, en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, Kyiv tiene la obligación de no poner en riesgo la seguridad energética de los Estados miembros y que el corte de tránsito vulnera esa cláusula. Desde la óptica húngara, la UE debería actuar como “parte lesionada” y exigir a Ucrania una reparación rápida.
La lectura de Bruselas y de la mayoría de capitales es distinta. Los contratos de tránsito de crudo a través de Druzhba se firmaron en un contexto de paz relativa y no contemplaban una guerra a gran escala con ataques sistemáticos a la infraestructura energética. Interpretar literalmente esas obligaciones sin introducir la variable de fuerza mayor resultaría, como mínimo, discutible.
Además, la propia UE ha decidido políticamente reducir drásticamente su dependencia del petróleo ruso, con el compromiso de poner fin a las importaciones por oleoducto para 2027, salvo excepciones muy acotadas. Exigir a Ucrania que priorice la continuidad de un flujo que Bruselas se ha comprometido a eliminar en pocos años abre un incómodo debate sobre coherencia normativa.
El diagnóstico es inequívoco: el marco jurídico del tránsito por Druzhba se ha quedado desbordado por la realidad de la guerra y por la propia agenda de sanciones de la UE.