Innovación social y alivio fiscal

Canadá avanza hacia prestaciones automáticas: 5,5 millones beneficiados sin declarar impuestos

UNSPLACH / ABOODIVESAKARAN
El gobierno canadiense presentó una propuesta radical: a partir de 2026, la Agencia Tributaria (CRA) realizará automáticamente la declaración de impuestos de personas con bajos ingresos que reúnan requisitos, garantizándoles el acceso a subsidios como el crédito por consumo (GST/HST), la prestación infantil y otro tipo de beneficios. La iniciativa busca simplificar el acceso social y cubrir hasta 5,5 millones de canadienses en 2028.

El primer ministro Mark Carney y su equipo revelaron una de las medidas más audaces del nuevo presupuesto federal: que el Estado se adelante a las necesidades, presentando automáticamente las declaraciones de impuestos de quienes por su nivel de ingresos o situación tributaria “simples” no presentan declaración, para asegurar que reciban los beneficios que les corresponden.

Según el anuncio, este mecanismo automático —denominado “automatic federal benefits”— comenzará a aplicarse en el año fiscal 2026, escalando progresivamente hasta cubrir cerca de 5,5 millones de personas hacia 2028.  A través de este sistema, la CRA (Agencia Tributaria de Canadá) se encargará de presentar una declaración prellenada dentro de My Account para ciudadanos con escenarios tributarios sencillos, evitando que queden excluidos de beneficios ya existentes como el GST/HST credit, la Canada Child Benefit, la Canada Disability Benefit, entre otros. 

Paralelamente, el gobierno decidió convertir en permanente el Programa Nacional de Alimentación Escolar, brindando comidas diarias a hasta 400.000 niños con una financiación sostenida, con la convicción de que una mejor nutrición repercute en el rendimiento académico y el bienestar social. 

El propósito es claro: reducir la brecha de exclusión institucional, garantizar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan aún sin que ellos las reclamen, y aliviar la burocracia que tantas veces se convierte en barrera real para los de menores recursos. Además, se busca reducir la carga administrativa del sistema tributario y optimizar recursos estatales.

No obstante, esta medida no está exenta de desafíos técnicos y críticos. Algunos expertos ya advierten que el actual sistema simplificado de impuestos de la CRA (programas como SimpleFile) no cumple plenamente con su promesa de facilidad para las personas de bajos ingresos, quienes aún encuentran barreras de acceso, comprensión o tecnología. 

Uno de los obstáculos clave es la complejidad tributaria canadiense: muchas personas están sujetas a créditos provinciales variables que no pueden prellenarse desde el nivel federal. Por ello, hay preocupación de que el sistema automático quede “incompleto” para casos intermedios o situaciones no estándar.

Para mitigar estas limitaciones, los defensores de la medida apuntan a que el Estado aproveche experiencias internacionales: países como Reino Unido, Países Bajos, Suecia y España ya han implementado sistemas semi-automáticos de declaración de impuestos, donde el contribuyente revisa o corrige lo prellenado por el Estado. 

 

Un estudio de campo llevado por la red Communities Ending Poverty (CEP) subraya los efectos positivos de programas tipo auto-filing: incremento del alcance de beneficios, reducción en costos de intermediación y mejor focalización de recursos. En Canadá mismo, se estima que entre un 10 % y 12 % de los ciudadanos no presentan declaración de impuestos, incluso cuando podrían calificar para créditos o beneficios; muchos simplemente no presentan porque no tienen obligación de pagar impuestos o por desconocimiento. 

Con el despliegue progresivo de la medida, se espera que el número de personas “automáticamente habilitadas” para recibir soporte crezca. Por ejemplo, en 2027 se calcula que la CRA preparará declaraciones automáticas para 1 millón de individuos con situaciones fiscales simples, ampliando ese universo en años posteriores hasta alcanzar los 5,5 millones. 

Otro efecto colateral deseable es la democratización del acceso a beneficios menos visibles o infrautilizados, como los vinculados a discapacidad o créditos provinciales, que muchas personas ni siquiera saben que podrían reclamar.

Sin embargo, el éxito dependerá de que la implementación sea robusta: que las declaraciones automáticas sean confiables, transparentes y con mecanismos de corrección sencilla para quien detecte errores o quiera modificar datos. En ese sentido, las instituciones deberán reforzar el soporte digital, auditabilidad y educación ciudadana.

Este paso hacia prestaciones automáticas refleja una visión progresista del Estado: no esperar que el ciudadano dé el primer paso, sino anticiparse para ejercer justicia social. Si el proyecto se ejecuta con solidez técnica y ajusta los detalles pendientes —complejidades tributarias, credibilidad del sistema y participación del contribuyente—, Canadá podría convertirse en un referente en políticas sociales eficaces. Pero si esas fisuras no se corrigen, el riesgo es que la simplificación quede en promesa y no materialice su potencial transformador.