Irán se sacude: protestas masivas ponen contra las cuerdas a Khamenei

Irán atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Un estallido social de gran alcance, con protestas extendidas en múltiples ciudades y consignas inéditas contra el ayatolá Ali Khamenei, ha puesto a prueba la capacidad del régimen para mantener el control interno. Las movilizaciones, alimentadas por una crisis económica profunda, han roto el muro del miedo con gritos directos de “muerte” al líder supremo.
Ante este escenario, las autoridades han respondido con fuerza policial, amenazas de medidas excepcionales y la posibilidad de un confinamiento generalizado, que se plantea como herramienta para sofocar las concentraciones en la calle. La tensión social se mezcla con un deterioro económico marcado por inflación de dos dígitos, pérdida acelerada de poder adquisitivo y desplome de la moneda local.
El pulso entre manifestantes y aparato de seguridad se desarrolla, además, en un contexto regional muy sensible, en el que la estabilidad de Irán sigue siendo un factor clave para la geopolítica de Oriente Medio. Lo que ocurra en los próximos meses puede redefinir las relaciones entre la sociedad iraní y las estructuras de poder que la gobiernan desde hace décadas.

Consignas que rompen el miedo y cruzan líneas rojas

Las actuales movilizaciones se distinguen por un elemento político central: la figura de Khamenei se ha convertido en blanco directo de las protestas. A diferencia de otros episodios de descontento, centrados en precios, resultados electorales o medidas concretas, esta ola incorpora consignas que apuntan al núcleo del sistema.

En diversas ciudades se han escuchado gritos de “muerte a Khamenei”, una fórmula que hasta hace poco se consideraba impensable por el riesgo personal que entrañaba. La extensión de este tipo de eslóganes revela un desgaste profundo de la autoridad simbólica del líder supremo, que durante años se había sostenido sobre una mezcla de legitimidad religiosa, control institucional y aparato represivo.

Las manifestaciones se repiten en grandes urbes como Teherán, Isfahán o Mashhad, pero también en ciudades de tamaño medio, lo que indica una base territorial amplia del malestar. Concentraciones espontáneas, marchas nocturnas, bloqueos de calles y caceroladas se han convertido en escenas habituales, difundidas en redes sociales pese a los intentos de censura.

Este hecho marca un punto de inflexión: ya no se trata solo de cuestionar a un gobierno concreto, sino de interpelar al entramado teocrático en su conjunto, un elemento clave para entender el alcance potencial de la crisis.

Una economía al límite: inflación y deterioro del nivel de vida

En el origen del estallido se encuentra una crisis económica prolongada, agravada en los últimos meses. La inflación se mantiene en niveles por encima del 40% anual, según estimaciones de analistas internacionales, mientras el coste de bienes básicos —alimentos, energía, alquileres— ha subido mucho más rápido que los salarios.

El rial ha sufrido una depreciación acelerada frente al dólar, hasta el punto de perder más del 50% de su valor en el último año en algunos mercados paralelos. Para la población, esto se traduce en una pérdida tangible de poder adquisitivo: ahorros que se evaporan, dificultad para acceder a productos importados y encarecimiento de servicios esenciales.

El impacto es particularmente grave en las clases medias urbanas y en los jóvenes, donde el desempleo supera el 25% en ciertos tramos de edad. Muchos graduados universitarios no encuentran trabajo estable y, cuando lo hacen, sus ingresos no cubren el aumento del coste de la vida.

Así, la protesta económica deja de ser una queja puntual para convertirse en una percepción de bloqueo vital: la idea de que, con las reglas actuales, resulta imposible mejorar la situación material. Ese sentimiento actúa como catalizador del descontento político.

El peso que se evapora: la moneda en caída libre

La crisis del rial es uno de los elementos más visibles del deterioro económico. La sucesión de sanciones internacionales, limitaciones en las exportaciones de petróleo y restricciones financieras ha reducido la entrada de divisas, lo que presiona a la baja a la moneda local.

En mercados informales, el tipo de cambio se ha disparado hasta niveles inéditos, con episodios de saltos diarios superiores al 5%. Comerciantes e importadores trasladan inmediatamente estos movimientos a los precios, generando una espiral de inflación y de pérdida de confianza. Muchas familias recurren a la compra de oro, dólares u otros activos como escudo, lo que a su vez incrementa la demanda de divisas y retroalimenta la devaluación.

Las autoridades han intentado responder con controles cambiarios, intervenciones puntuales y medidas punitivas contra el mercado negro, pero sin lograr estabilizar el valor del rial. La población percibe que el dinero que entra en casa cada mes alcanza para menos productos y servicios, mientras los salarios en el sector público y privado se actualizan con retraso.

Este proceso erosiona una de las bases tradicionales del contrato social implícito del régimen: la capacidad de garantizar, al menos, un mínimo de seguridad económica y abastecimiento.

Mano dura en la calle: la respuesta del aparato de seguridad

La reacción oficial ha sido rápida. Las fuerzas de seguridad —policía, Guardia Revolucionaria y unidades antidisturbios— se han desplegado en los principales puntos de protesta, recurriendo a cargas, detenciones y dispersión con métodos coercitivos.

En las zonas donde las manifestaciones han ganado más fuerza se ha informado de cortes de internet, interrupciones selectivas de redes móviles y restricciones al transporte, medidas orientadas a dificultar la coordinación entre grupos de manifestantes y la difusión de imágenes al exterior.

El objetivo declarado es evitar que las protestas adquieran una dimensión nacional coordinada. Sin embargo, estas mismas medidas alimentan la percepción de endurecimiento y cerrazón del régimen, especialmente entre una población joven acostumbrada a utilizar canales digitales como forma básica de comunicación e información.

La estrategia entraña un riesgo claro: cuanto más se identifica el descontento con una respuesta exclusivamente represiva, más difícil resulta para las autoridades restablecer cauces de diálogo o introducir reformas limitadas que descompriman la situación.

El fantasma del confinamiento total como herramienta de control

En este contexto, ha cobrado fuerza la posibilidad de que las autoridades recurran a un confinamiento generalizado como mecanismo para vaciar las calles y reducir las concentraciones. La experiencia de las restricciones por motivos sanitarios durante la pandemia ha dejado un precedente sobre la capacidad del Estado para limitar la movilidad y el espacio público.

Las advertencias sobre un posible cierre masivo se interpretan en clave política: más que una medida de salud pública, se perciben como instrumento de control social. Un confinamiento permitiría restringir desplazamientos, concentraciones y reuniones, y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en puntos clave.

Sin embargo, un cierre total también tendría efectos económicos negativos: afectaría al comercio, al empleo informal y a las cadenas de suministro internas, agravando la situación de quienes ya se encuentran en condiciones precarias. En ámbitos analíticos se plantea el dilema de fondo: un confinamiento podría sofocar temporalmente las protestas, pero al coste de aumentar el malestar estructural y de reforzar la imagen de un régimen que recurre a medidas extremas para mantenerse.

El cálculo del liderazgo: preservar el poder en plena erosión social

Para el entorno de Khamenei, la crisis actual concentra varias amenazas a la vez. En el plano político, la erosión de la autoridad simbólica del líder supremo y de las instituciones asociadas —Consejo de Guardianes, cuerpos religiosos, Guardia Revolucionaria— plantea interrogantes sobre la capacidad de mantener la cohesión interna.

Al mismo tiempo, el sistema debe gestionar las expectativas de élites económicas y redes clientelares que dependen de la continuidad del régimen para conservar privilegios y acceso a recursos. Una concesión mal calibrada podría ser interpretada como signo de debilidad; un endurecimiento excesivo, como una ruptura definitiva con amplios sectores sociales.

En este equilibrio complejo, el liderazgo evalúa opciones que van desde la introducción de ajustes económicos y subsidios focalizados hasta el despliegue de mayores recursos represivos, pasando por posibles cambios de gobierno o remodelaciones institucionales. Ninguna de estas salidas resuelve, por sí sola, el problema de fondo: la desconexión creciente entre una parte de la sociedad y el modelo político vigente.

Implicaciones regionales y atención internacional

La situación en Irán tiene impacto más allá de sus fronteras. El país es un actor central en Oriente Medio, con influencia directa en conflictos y dinámicas en Irak, Siria, Líbano, Yemen o el Golfo Pérsico. Un período prolongado de inestabilidad interna podría alterar el equilibrio regional, ya sea por cambios en las prioridades de política exterior, ya por un uso más intensivo de frentes externos para desviar la atención interna.

La comunidad internacional observa con especial atención el desarrollo de los acontecimientos. Organismos multilaterales y gobiernos occidentales han expresado preocupación por el uso de la fuerza contra manifestantes y el deterioro de las condiciones económicas, al tiempo que calibran el impacto de las sanciones en el tejido social iraní.

Los países vecinos y otros actores como Rusia o China analizan las protestas desde una doble perspectiva: por un lado, la posible afectación a la seguridad energética y comercial; por otro, las implicaciones de un eventual cambio de correlación de fuerzas dentro de la República Islámica.

En conjunto, el episodio actual refuerza la imagen de un país en el que los factores económicos, sociales y geopolíticos se entrecruzan, generando un escenario en el que pequeñas decisiones pueden tener consecuencias de gran alcance.

De cara al corto y medio plazo, se dibujan varios posibles escenarios. Uno de ellos pasa por una contención gradual de las protestas mediante una combinación de represión y medidas económicas paliativas, sin cambios estructurales significativos. Otro contempla una escalada de movilizaciones, con ampliación de la base social y aumento del coste político y económico para el régimen.

También se baraja la posibilidad de un proceso de negociación indirecta, en el que se introduzcan ajustes en políticas económicas, cierta apertura limitada en el espacio público o cambios de figuras visibles, manteniendo el núcleo del sistema.

En cualquier caso, el episodio actual confirma que el modelo iraní se enfrenta a presiones internas crecientes, derivadas de la combinación de crisis económica, demandas sociales y agotamiento de ciertos consensos históricos. La forma en que el régimen gestione este momento crítico será determinante para el rumbo del país en los próximos años y para la percepción que la ciudadanía tenga de sus márgenes reales de cambio.