Maduro cae y 1.700 guerrilleros buscan refugio en Colombia

La captura de Nicolás Maduro en la operación militar estadounidense sobre Caracas no solo ha cambiado el tablero político venezolano. También ha puesto en fuga a los mandos del ELN y de las disidencias de las FARC que llevaban años usando Venezuela como retaguardia segura. Informes de inteligencia colombiana y fuentes militares en Cúcuta confirman movimientos de jefes guerrilleros que intentan replegarse a Colombia tras el golpe quirúrgico de Washington sobre Miraflores.

El impacto es doble: se rompe una estructura de apoyo construida durante más de una década al amparo del chavismo y, al mismo tiempo, se desplaza el problema hacia un territorio ya saturado de violencia y coca. Colombia afronta ahora el retorno, parcial o masivo, de una militancia que suma en torno a 1.700 combatientes asentados en Venezuela, según estimaciones académicas, con un tercio de reclutas locales.
 

Durante años, informes de ONG, think tanks y organismos internacionales coincidieron en el diagnóstico: Venezuela se había convertido en santuario para el ELN y las disidencias de las FARC. Estudios independientes cifraron la presencia del ELN en al menos 40 municipios de ocho estados venezolanos, mientras las estructuras pos-FARC consolidaban corredores en el oriente y en la franja fronteriza con Colombia.

Ese despliegue no era solo militar: implicaba campamentos, pistas clandestinas, economías ilegales y redes de apoyo político y logístico. A cambio de tolerancia —cuando no de complicidad—, el chavismo obtenía control territorial, brazos armados adicionales y una herramienta de presión frente a Bogotá.

La operación de Estados Unidos que terminó con Maduro engrilletado ante un juez en Nueva York ha golpeado ese equilibrio de forma brutal. Los bombardeos sobre infraestructuras militares y la captura del presidente han enviado una señal inequívoca: Venezuela ha dejado de ser refugio intocable.

«El mensaje para los mandos del ELN es claro: quedarse en Venezuela ya no es más seguro que cruzar la frontera», resume un analista de seguridad colombiano. El resultado inmediato es un éxodo silencioso de cuadros medios y altos que buscan reposicionarse en su viejo terreno: la geografía selvática y cocalera del lado colombiano.

La fuga hacia Colombia: inteligencia, cifras y riesgos

Las primeras señales llegaron, como tantas veces, desde Cúcuta. Patrullas colombianas reportaron incremento de movimientos irregulares en pasos no oficiales, mientras inteligencia militar confirmaba que comandantes del ELN y de las FARC disidentes intentan reingresar a Colombia tras la caída de Maduro.

Los números son preocupantes. Estudios previos estimaban que ELN y exFARC contaban con unos 1.700 efectivos en Venezuela, con el ELN alcanzando en total alrededor de 2.400 combatientes entre ambos lados de la frontera. A esa masa hay que añadir redes logísticas, milicianos, enlaces con bandas venezolanas y reclutas locales. No todos podrán cruzar, pero basta con que lo haga una fracción significativa para reequilibrar fuerzas en departamentos como Arauca, Norte de Santander o Nariño.

Bogotá ha reaccionado desplegando miles de soldados a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera y emitiendo alertas por posibles ataques o secuestros de alto impacto. El contexto no ayuda: la política de “paz total” de Gustavo Petro ya estaba erosionada tras la ruptura de diálogos con el ELN y la escalada de violencia en zonas cocaleras, con más de 56.000 desplazados y al menos 80 muertos solo en 2025 en escenarios como Catatumbo.

La consecuencia es clara: Colombia corre el riesgo de recibir de golpe lo que llevaba años “externalizando” al otro lado de la frontera.

Las rutas de cocaína en el ojo del huracán

Detrás de cada movimiento guerrillero hay una pregunta clave: ¿qué pasa con la coca? El ELN y las disidencias de las FARC no solo son estructuras político-militares; son empresas criminales sofisticadas que manejan rutas de cocaína, minería ilegal, extorsión y contrabando.

Venezuela había ganado peso como corredor hacia Europa, más que hacia Estados Unidos, aprovechando puertos, pistas improvisadas y una arquitectura estatal permeada por el negocio ilícito. En paralelo, informes militares subrayan que hasta el 80% de la cocaína con destino a EEUU ya viaja por el Pacífico, vía Colombia y Ecuador, mientras el Caribe y la fachada venezolana jugaban un papel relativamente menor hacia el mercado norteamericano.

La caída de Maduro y la ofensiva de Washington —con casi 1.000 toneladas de cocaína incautadas por Colombia en 2025 gracias, en parte, a inteligencia estadounidense— obligan a los grupos a recalibrar coste y beneficio de operar en Venezuela.

Si pierden acceso estable a puertos y pistas en territorio venezolano, el incentivo será intensificar el control sobre corredores internos colombianos, reabrir rutas por zonas que habían perdido peso y buscar acuerdos —o choques— con otras estructuras criminales. El riesgo de una guerra interna por las nuevas “autopistas de la coca” es real y podría convertir el repliegue desde Venezuela en un catalizador de violencia renovada.

Una frontera de 2.200 kilómetros convertida en polvorín

La línea que separa Colombia y Venezuela —más de 2.200 kilómetros de selva, ríos y trochas— ya era un foco crítico antes del asalto a Miraflores. Allí convergen guerrillas, disidencias, bandas venezolanas como el Tren de Aragua, contrabandistas y redes de migración irregular.

Con la intervención estadounidense, el riesgo se multiplica:

• Colombia ya acoge unos 3 millones de venezolanos y se prepara para la llegada potencial de hasta un millón más si la crisis en Caracas se agrava.

• Las comunidades fronterizas, como las de Catatumbo o Arauca, arrastran una década de desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y control paramilitar.

• El Estado colombiano enfrenta déficits estructurales de presencia institucional, lo que deja espacio para que los grupos armados se presenten como autoridad de facto.

«Si la salida de Venezuela se cierra para el ELN, la presión sobre la frontera será aún mayor», advierte un informe reciente de expertos europeos.
El escenario más probable a corto plazo es un aumento de choques armados, extorsiones y disputas por control de pasos ilegales, justo cuando la región intenta absorber también el impacto humanitario del éxodo venezolano.

Bogotá entre la ‘paz total’ y la presión de Washington

La ofensiva de EEUU coloca al Gobierno de Gustavo Petro en una posición incómoda. De un lado, Bogotá ha criticado duramente la captura de Maduro, calificándola de violación de la soberanía latinoamericana y alertando de sus consecuencias humanitarias. De otro, ha reafirmado su compromiso de seguir cooperando con Washington en la lucha contra el narcotráfico, aprovechando inteligencia y tecnología norteamericana.

La política de “paz total” ya estaba tocada tras la ruptura de las negociaciones con el ELN y el repunte de masacres en varias regiones. La llegada de mandos fugitivos desde Venezuela puede ser interpretada por la guerrilla como una oportunidad para recomponer fuerzas y negociar desde una posición de fuerza, o como una amenaza que empuje a una deriva más criminal y menos política.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca —que vende la operación sobre Maduro como una victoria en la “guerra contra las drogas”— presionará para que Colombia endurezca aún más su ofensiva contra cultivos y laboratorios, pese a que la evidencia muestra que la oferta global de cocaína se ha mantenido alta a pesar de años de fumigación y erradicación.

El contraste es demoledor: mientras Washington militariza el problema, Bogotá intentaba civilizarlo. El súbito desplazamiento de guerrilleros desde Venezuela puede decantar esa tensión hacia un enfoque más coercitivo.

Ganadores y perdedores en el nuevo mapa criminal

La salida parcial del ELN y las disidencias de las FARC de Venezuela no implica que el vacío quede desierto. Al contrario: megabandas venezolanas, restos del aparato de seguridad chavista y estructuras como el Tren de Aragua compiten ya por capitalizar cualquier hueco que deje la guerrilla colombiana en economías ilegales locales.

En el lado colombiano, el regreso de mandos experimentados puede reconfigurar alianzas con estructuras narco-paramilitares, desde grupos residuales ligados al Clan del Golfo hasta redes urbanas que dominan microtráfico y extorsión. El riesgo es que el conflicto deje de ser solo ideológico o territorial para convertirse en una guerra de franquicias criminales por acceso a rutas y rentas.

Los perdedores evidentes son, una vez más, las comunidades rurales y fronterizas, atrapadas entre operaciones militares, avances guerrilleros, control de bandas y la ausencia de Estado. Los números de la última década son elocuentes: más de 250.000 muertos y seis millones de desplazados en el conflicto colombiano acumulado, a los que ahora podrían sumarse nuevos ciclos de expulsión y despojo.

Este hecho revela una paradoja amarga: el éxito táctico de una operación militar en Caracas puede traducirse en un fracaso estratégico si solo sirve para desplazar el problema unos kilómetros al oeste.