La Casa Blanca prepara una compra para asegurar Diego García
La Casa Blanca explora un pago directo a Mauricio para blindar Diego García, una base clave en la presión militar sobre Irán.
Washington sopesa una jugada inédita: comprar el archipiélago de Chagos y esquivar a Londres.
El objetivo real es Diego García, el enclave que sostiene la proyección militar de EE. UU. en el Índico.
La propuesta amenaza con volar el acuerdo británico para devolver la soberanía a Mauricio y retener la base con un arrendamiento de 99 años.
Con Irán a unos 3.800 km, el tablero ya no es diplomático: es operativo.
Y la factura —política, legal y estratégica— empieza a pasarla el Pentágono.
Compra directa, veto a Londres
El plan parte de una premisa incómoda para Downing Street: si el Reino Unido transfiere la soberanía de Chagos a Mauricio, Estados Unidos podría intentar negociar directamente con Port Louis una fórmula de control de Diego García, incluso vía compra. La idea habría circulado en un documento interno para ofrecer alternativas al acuerdo impulsado por Keir Starmer, y habría llegado a Donald Trump a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Lo más relevante no es el titular, sino el mensaje: Washington deja de ser “socio” del arreglo británico y pasa a comportarse como parte principal del territorio disputado. El propio Gobierno británico ha reconocido que no seguiría adelante sin respaldo estadounidense, una cláusula de facto que convierte el acuerdo en rehén de la Casa Blanca.
Diego García, la pista que manda
Diego García no es una isla: es una plataforma de alcance. Su valor se dispara por el cruce de rutas energéticas y por el ascenso naval de Asia. En pleno pulso con Teherán, el enclave sostiene operaciones de bombardeo de largo radio y logística avanzada, con capacidad para despliegues que no dependen de terceros países.
La distancia —2.360 millas / 3.800 km hasta Irán— convierte el atolón en un “seguro” geográfico: lejos de la presión política de Oriente Medio, pero suficientemente cerca para golpear o disuadir. El contexto lo endurece: informes recientes sobre amenazas contra la base elevan el riesgo de que cualquier cambio de soberanía se lea como una grieta en la cadena de mando occidental.
El arrendamiento de 99 años y la factura oculta
El acuerdo alcanzado en mayo de 2025 entre Reino Unido y Mauricio contemplaba la devolución de la soberanía del archipiélago, manteniendo para Londres un arrendamiento inicial de 99 años sobre Diego García, con opción de extensión y un paquete de disposiciones de seguridad, medio ambiente y compensación a los chagosianos. El tratado incluye un articulado amplio y reconoce el peso creciente de los dictámenes internacionales.
El choque, sin embargo, es presupuestario y político. En Reino Unido, sectores conservadores han elevado el coste total del arrendamiento a 35.000 millones de libras, frente a una cifra gubernamental de 3.500 millones, abriendo una brecha de credibilidad que alimenta la contestación interna. Si Washington fuerza una salida por la vía de compra, Starmer quedaría atrapado entre el precio del acuerdo y el precio de no tener acuerdo: perder margen sobre la base más sensible de su relación con EE. UU.
El expediente legal que ahoga a la diplomacia
Detrás de la ingeniería política hay un problema jurídico antiguo. La disputa nace en 1965, cuando el Reino Unido separa Chagos de Mauricio antes de la independencia de 1968. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 25 de febrero de 2019, concluyó que la descolonización “no se completó legalmente” y que la administración británica constituye un “acto ilícito” que debe terminar “tan pronto como sea posible”.
El elemento humano añade presión. Los chagosianos fueron expulsados entre finales de los sesenta y principios de los setenta, y su derecho de retorno ha quedado bloqueado durante décadas. En los últimos días, representantes de refugiados han denunciado que su causa ha sido “secuestrada” por la política británica y exigen una solución que no convierta su tierra en simple moneda estratégica.
China, espionaje y el miedo a perder el Índico
La preocupación estadounidense tiene un nombre que rara vez aparece en los tratados: China. Parte del equipo de Trump teme que una Mauricio con mayor margen sobre la zona abra la puerta a riesgos de inteligencia, en un océano donde Pekín ya busca puertos, influencia y capacidad de vigilancia. El diagnóstico es inequívoco: si la base depende de un marco soberano más poroso, su valor operativo cae.
El contraste con otros precedentes resulta demoledor. Allí donde varias potencias comparten corredor marítimo, proliferan episodios de fricción silenciosa: antenas, radares, interferencias. Chagos, por el contrario, ofrece aislamiento. Por eso el debate real no es “quién manda”, sino quién garantiza que nada cambie durante seis décadas más, como insiste Londres al subrayar que la instalación ha protegido la seguridad compartida “durante casi 60 años”.
Una isla, tres capitales y un choque de soberanías
La propuesta de compra —si prospera— obligaría a un encaje previo: que Chagos sea “soberano” para permitir una negociación EE. UU.–Mauricio sin Londres. Ese requisito revela la paradoja: Estados Unidos necesitaría primero que el Reino Unido avance en la cesión… para después neutralizarla con dinero. Y, en medio, Starmer afrontaría un desgaste doble: por ceder y por no controlar el desenlace.
“Heredamos una situación en la que el control británico sobre la base estaba amenazado y era necesario actuar para proteger el interés nacional y evitar que adversarios lograran un pie en un lugar de tanta importancia estratégica”.
La frase resume el dilema: el pacto con Mauricio nació como cortafuegos y puede terminar como detonante. Si Washington decide pagar, la negociación dejará de tratar sobre descolonización para convertirse en algo más crudo: el mercado de la geopolítica.