La crisis de reclutamiento en Ucrania llega al extremo: cuatro años escondido bajo tierra
La prolongación de la guerra está llevando a algunos ciudadanos ucranianos a tomar medidas extremas para evitar su incorporación a las Fuerzas Armadas.
El último caso difundido sería el de un hombre localizado en la región de Cherkasy después de haber permanecido supuestamente más de cuatro años escondido en un sótano o bodega situado en la propiedad de su madre.
Según las versiones publicadas, apenas habría salido al exterior durante todo ese tiempo y su aislamiento habría deteriorado considerablemente su estado físico y psicológico. Sus vecinos habrían alertado a las autoridades, tras lo cual fue localizado por responsables del sistema de reclutamiento y trasladado a un centro de formación.
Sin embargo, el episodio debe presentarse con cautela. La información ha circulado principalmente a través de medios rusos y páginas de escasa trazabilidad, que se remiten entre sí o a canales sociales sin aportar un comunicado policial, una resolución judicial o una confirmación identificable de las autoridades ucranianas. No ha sido posible verificar de manera independiente todos los detalles del relato.
Cuatro años oculto para evitar el frente
El relato asegura que el hombre decidió encerrarse poco después de comenzar la invasión rusa a gran escala y permaneció desde entonces en una estancia subterránea de la vivienda familiar.
La versión que se ha difundido sostiene que estuvo “durante cuatro años consecutivos intentando evadir el servicio militar” y que terminó siendo descubierto por sus propios vecinos.
También se afirma que el deterioro provocado por el encierro era “absolutamente abismal”, aunque no se ha publicado una evaluación médica verificable que permita conocer su verdadera situación.
Algunos medios señalan que salió del refugio únicamente durante la noche y en contadas ocasiones. Otros sostienen que fue enviado directamente a un centro de instrucción, si bien tampoco consta públicamente si antes pasó una evaluación médica ni si finalmente fue declarado apto para el servicio.
Por tanto, el núcleo de la historia resulta plausible dentro del actual contexto ucraniano, pero sus circunstancias concretas permanecen sin confirmar.
Un caso extremo dentro de una crisis real
Aunque este episodio no esté sólidamente acreditado, el problema general que representa sí se encuentra documentado.
Ucrania afronta una grave escasez de personal militar después de más de cuatro años de guerra, elevadas bajas y una rotación insuficiente de quienes llevan largos periodos desplegados.
Reportajes recientes realizados dentro de unidades ucranianas describen a nuevos reclutas cada vez mayores, con problemas de salud y escasa motivación. Algunos reconocen abiertamente que quieren regresar con sus familias y no verse destinados a una trinchera.
Uno de ellos lo resumía de forma directa: estaba “harto de la guerra después de estos cuatro años” y deseaba volver a casa en lugar de combatir.
La situación coloca al Gobierno de Ucrania ante un dilema difícil. Necesita incorporar soldados para mantener la defensa frente a Rusia, pero una movilización cada vez más coercitiva puede deteriorar la confianza de la población y provocar nuevas tensiones sociales.
Millones de personas estarían evitando el servicio
Las propias autoridades ucranianas han reconocido la dimensión del problema.
El jefe de la Oficina Presidencial, Kyrylo Budanov, afirmó en abril que el país tiene millones de personas que evitan el servicio militar. Al mismo tiempo, defendió que Ucrania no puede prescindir de la movilización mientras continúe la invasión rusa.
La policía y el Servicio de Seguridad de Ucrania siguen desmantelando redes dedicadas a facilitar exenciones fraudulentas o salidas ilegales del país.
En junio se descubrieron once nuevas estructuras que supuestamente cobraban entre 3.500 y 38.000 dólares por certificados médicos falsos, exclusiones del registro militar o rutas clandestinas para cruzar la frontera.
En julio se comunicó la desarticulación de otras doce redes, con tarifas que iban desde los 1.000 hasta los 33.000 dólares.
Estas operaciones demuestran que evitar la movilización se ha convertido también en un negocio ilegal muy lucrativo.
La población teme un servicio sin una fecha clara de regreso
Uno de los principales motivos de desconfianza es la ausencia de un plazo de servicio claramente definido.
Muchos soldados movilizados desde el comienzo de la invasión llevan años en las Fuerzas Armadas sin saber cuándo podrán regresar definitivamente a la vida civil. Las reformas prometidas no han logrado establecer todavía un sistema de rotaciones y desmovilización que satisfaga a los militares veteranos.
Expertos y miembros del propio Ejército consideran que el reclutamiento sería más aceptable si los ciudadanos supieran que prestarán servicio durante 12 o 18 meses y después tendrán garantizada una salida temporal o definitiva.
Actualmente, quien es movilizado puede temer permanecer varios años bajo las armas. Ese horizonte abierto multiplica la resistencia, especialmente entre hombres con familia, problemas médicos o personas que han visto regresar a conocidos gravemente heridos.
El supuesto hombre del sótano representaría la expresión más extrema de ese miedo: aceptar años de aislamiento y deterioro antes que afrontar una incorporación militar de duración incierta.
Choques entre civiles y centros de reclutamiento
La tensión ya no se limita a intentos individuales de ocultarse o salir del país.
El pasado 8 de julio, unas 200 personas se enfrentaron a policías y responsables de reclutamiento en Leópolis después de una comprobación de documentación. La multitud llegó a volcar y dañar un vehículo militar y un agente resultó herido.
El incidente fue considerado una señal de que la crisis de movilización podía evolucionar desde un problema político y social hasta convertirse en una amenaza para la seguridad interna.
Pese a ello, los analistas consultados advirtieron de que la resistencia activa contra el Ejército continúa siendo minoritaria y no representa al conjunto de la sociedad ucraniana.
Por tanto, resulta exagerado afirmar que toda “la población ucraniana no quiere combatir más”. Existe un cansancio evidente, una resistencia creciente y numerosos casos de evasión, pero Ucrania continúa contando con cientos de miles de militares, voluntarios y ciudadanos que colaboran con su defensa.
También existen abusos y corrupción dentro del sistema
La desconfianza hacia los Centros Territoriales de Reclutamiento, conocidos como TCC, no procede únicamente del miedo al frente.
Durante los últimos años se han documentado escándalos de corrupción, certificados médicos falsos, sobornos y casos en los que responsables de reclutamiento habrían detenido o golpeado ilegalmente a ciudadanos.
Solo durante el primer trimestre de 2026 se presentaron 1.657 reclamaciones relacionadas con el sistema, según datos recogidos por medios ucranianos.
También han existido procedimientos contra empleados de oficinas de movilización. En abril, varios trabajadores fueron detenidos en Odesa acusados de secuestrar a un hombre y exigirle un soborno de 30.000 dólares.
Estas prácticas han deteriorado gravemente la imagen del reclutamiento y han alimentado la percepción de que quienes tienen dinero o contactos pueden evitar el servicio, mientras otros son enviados al Ejército.
Los agentes de reclutamiento también sufren ataques
La violencia no se produce únicamente desde los centros de movilización hacia los ciudadanos.
Los responsables del reclutamiento han sufrido un aumento muy importante de agresiones. Ucrania registró cinco ataques contra estos trabajadores en 2022, frente a 341 durante 2025 y otros 118 en los primeros cuatro meses de 2026.
Muchos de quienes trabajan en estas oficinas son antiguos militares que fueron trasladados después de resultar heridos en combate.
Las autoridades sostienen que la demonización general de todos los empleados de los TCC es injusta y favorece la propaganda rusa. Al mismo tiempo, reconocen la necesidad de investigar cualquier abuso y reformar el sistema.
La crisis tiene, por tanto, dos caras: ciudadanos que denuncian movilizaciones violentas y empleados que sufren ataques, amenazas e incluso asesinatos cuando intentan comprobar documentación.
La guerra ha desgastado la voluntad de combatir
En febrero de 2022, la invasión rusa provocó una gran movilización social y miles de personas se presentaron voluntariamente para defender el país.
Más de cuatro años después, la situación es muy distinta.
Los primeros voluntarios llevan largos periodos combatiendo, las bajas han afectado a numerosas familias y una parte importante de la población ya conoce directamente las consecuencias físicas y psicológicas del frente.
Los nuevos reclutas no se incorporan necesariamente movidos por el mismo impulso inicial. Muchos llegan obligados, son mayores o presentan limitaciones médicas. Los mandos intentan motivarlos y ofrecerles formación adicional antes de desplegarlos, pero algunas unidades carecen incluso de tiempo suficiente para completar esos periodos de adaptación.
Esto no significa que Ucrania haya dejado de resistir ni que toda la sociedad rechace la guerra. Significa que el entusiasmo inicial ha sido sustituido por un agotamiento profundo y comprensible.
La narrativa de una Ucrania “traicionada” simplifica demasiado
Describir la situación como una Ucrania “traicionada por sus políticos, por su gente e incluso por sus mercenarios” constituye una interpretación política, no un hecho demostrado.
Los ciudadanos que intentan evitar la movilización pueden actuar por miedo, agotamiento, motivos familiares, problemas de salud o desconfianza hacia el sistema. Calificarlos automáticamente como traidores elimina toda esa complejidad.
También resulta polémico hablar del “régimen de Kiev”, una expresión frecuente en la comunicación oficial rusa para deslegitimar al Gobierno ucraniano. Ucrania mantiene un Gobierno reconocido internacionalmente y elegido en las urnas, aunque las elecciones ordinarias se encuentren suspendidas mientras continúa la ley marcial.
Esto no impide criticar sus decisiones, los abusos durante la movilización o la ausencia de una reforma adecuada. Pero una cosa es cuestionar la gestión política y otra presentar a todo el país como una estructura ilegítima.
El caso del sótano necesita confirmación
El hombre que habría pasado cuatro años oculto representa una historia impactante, pero todavía falta una fuente primaria que permita responder a preguntas básicas:
- Cuál es su identidad y edad.
- En qué localidad fue localizado.
- Qué autoridad intervino.
- Si fue denunciado realmente por sus vecinos.
- Cuál era su estado médico.
- Si fue declarado apto.
- Si terminó incorporándose a una unidad.
- Si existe alguna causa penal o administrativa.
Sin esos datos, el episodio debe contarse como una información difundida y no confirmada independientemente, no como un hecho plenamente probado.
El relato puede haber nacido de un caso auténtico, haber sido exagerado al pasar de un canal a otro o haberse utilizado deliberadamente como contenido propagandístico.
Una movilización cada vez más difícil de sostener
Más allá de la veracidad completa de esta historia, Ucrania tiene un problema innegable.
Necesita soldados para defenderse de una invasión que continúa, pero una parte creciente de la población rechaza los métodos de reclutamiento, desconfía de las instituciones o teme quedar atrapada durante años en el Ejército.
“La población ucraniana no quiere combatir más” es una generalización excesiva. Lo que sí muestran los datos es que cada vez resulta más complicado encontrar ciudadanos dispuestos a incorporarse voluntariamente y que la movilización forzosa está generando mayor conflicto.
El Gobierno necesita ofrecer reglas más transparentes, perseguir la corrupción, garantizar evaluaciones médicas fiables y establecer perspectivas creíbles de rotación y desmovilización.
De lo contrario, casos como el del supuesto hombre escondido durante cuatro años —sean completamente ciertos o hayan sido amplificados— continuarán funcionando como símbolo de una sociedad agotada por una guerra sin final visible.