Detienen en Alemania a dos sospechosos de sabotear buques militares

Un sabotaje frustrado por minutos

El caso se sitúa en el astillero donde se construyen y mantienen las corbetas de la clase Braunschweig, buques de unas 1.800 toneladas de desplazamiento y un coste estimado cercano a los 400 millones de euros por unidad. Entre ellas figura la corbeta Emden, cuya primera salida desde Hamburgo hacia Kiel en enero de 2025 se vio interrumpida al detectarse anomalías graves en los sistemas de propulsión durante las revisiones de rutina.

Según la fiscalía alemana, los sospechosos habrían actuado en varias ocasiones sobre distintos buques, llegando a registrarse hasta siete incidentes en al menos cinco corbetas en construcción o mantenimiento. La mecánica se repite: intervenciones discretas, difíciles de atribuir de inmediato a un sabotaje, pero capaces de causar daños de larga duración si no se descubrían a tiempo.

“No hablamos de un fallo técnico aislado, sino de una secuencia de acciones que solo tienen sentido si se busca degradar la operatividad de los barcos”, resume un alto cargo militar consultado. La consecuencia es clara: el incidente no solo afecta a unas pocas unidades, sino que pone en cuestión la seguridad de un programa de diez corbetas que ya acumula retrasos de más de dos años sobre el calendario inicial.

Los dos trabajadores detenidos y la operación europea

Los arrestos culminan una investigación que se arrastra desde 2025. Las autoridades señalan a dos trabajadores de astillero, un ciudadano rumano de 37 años y un griego de 54, como presuntos responsables del sabotaje en serie contra los buques destinados a la marina alemana.

Uno de ellos fue detenido en territorio alemán; el otro, en una pequeña localidad del noreste de Grecia, tras la emisión de una Orden de Detención Europea. De forma paralela se registraron viviendas y dependencias relacionadas con ambos en tres países distintos: Alemania, Grecia y Rumanía, lo que subraya el carácter transnacional del caso.

La coordinación ha corrido a cargo de Eurojust, la agencia de la UE especializada en operaciones judiciales complejas, que ha centralizado la información de fiscales y policías de los tres Estados miembros. “El objetivo era garantizar que ninguna laguna jurisdiccional dejara sin respuesta unos hechos de alto impacto potencial en la seguridad europea”, explican fuentes comunitarias.

Las autoridades, sin embargo, evitan por ahora hablar de redes más amplias. El mensaje oficial es prudente: se investiga si los dos trabajadores actuaron por cuenta propia, motivados por razones personales o ideológicas, o si respondían a instrucciones de terceros aún no identificados.

Detalles del presunto sabotaje: grava, tuberías y sistemas ciegos

El sumario en curso describe una cadena de maniobras técnicas de apariencia banal, pero con enorme capacidad destructiva una vez en la mar. Los sospechosos habrían vertido más de 20 kilos de grava o pellets abrasivos en los bloques motor de las corbetas, un material capaz de destruir engranajes y componentes internos en cuestión de horas de funcionamiento.

A ello se suma la perforación de tuberías de agua dulce, esenciales para el suministro de la tripulación y para determinados sistemas de refrigeración, así como la retirada de tapas de depósitos de combustible, con el consiguiente riesgo de contaminación y de entrada de impurezas. Más inquietante aún resulta la desactivación manual de interruptores de seguridad electrónicos y fusibles clave, diseñada para dejar ciegos ciertos sistemas de protección ante sobrecargas o fallos eléctricos.

En un buque militar de alta complejidad tecnológica, la combinación de estos factores multiplica los riesgos. “Basta que el barco salga a la mar con un fallo de este tipo para que un incidente controlable se convierta en un incendio inabordable o en una avería que lo deje fuera de servicio durante meses”, sintetiza un ingeniero naval.

Lo más grave es que muchas de estas intervenciones se camuflan fácilmente como defectos de fabricación o simples errores de mantenimiento. Este hecho revela un flanco débil: la dependencia del control interno en entornos donde trabajan cientos de subcontratistas y personal rotatorio.

Una investigación bajo máxima reserva

La causa está en manos de la fiscalía de Hamburgo, que investiga un presunto delito de sabotaje contra la seguridad del Estado y otros cargos conexos. Los investigadores trabajan con varias hipótesis sobre el móvil: desde un posible trasfondo político o ideológico hasta conflictos laborales o incentivos económicos. Ninguna ha sido descartada.

Por ahora no hay indicios públicos de la implicación de un Estado extranjero, pero el caso se analiza en el contexto más amplio de las llamadas “amenazas híbridas”, en las que se combinan ciberataques, desinformación y golpes selectivos contra infraestructuras críticas. “La línea que separa el sabotaje individual de una operación encubierta es cada vez más fina”, apuntan fuentes de seguridad europeas.

El hermetismo es casi absoluto. Las autoridades apenas ofrecen datos más allá de la edad y nacionalidad de los detenidos. Se han evitado filtraciones sobre su perfil personal o posibles conexiones con organizaciones extremistas, en parte para no contaminar futuras diligencias, pero también para no alimentar especulaciones políticas explosivas en plena campaña de rearme europeo.

La consecuencia es un contraste llamativo: mientras los hechos técnicos del sabotaje se han descrito con detalle, la motivación de sus presuntos autores sigue siendo una incógnita. Y, con ella, la respuesta a la pregunta clave: ¿fue un aviso aislado o la punta de un iceberg?

Alemania y Grecia blindan su cooperación naval

El caso ha colocado bajo los focos la relación entre Alemania y Grecia, dos países que comparten pertenencia a la UE y a la OTAN, pero también intereses a veces divergentes en el Mediterráneo y el mar Negro. Que uno de los sospechosos haya sido detenido en suelo griego, en una zona fronteriza sensible, añade tensión al cuadro.

Lejos de escalar el conflicto, ambos gobiernos han optado por recalcar la “plena cooperación judicial y policial” y por presentar la operación como un ejemplo de coordinación europea. Sin embargo, en Atenas ya se ha abierto un debate interno sobre la presencia de ciudadanos griegos en sectores estratégicos de terceros países y sobre el alcance de la vigilancia que puede ejercer el Estado cuando se emiten órdenes de detención desde el exterior.

En paralelo, Berlín ha reforzado discretamente los protocolos de acceso y control de antecedentes en los astilleros que trabajan para la industria de defensa, especialmente allí donde participan subcontratas extranjeras. Fuentes del sector hablan de auditorías de seguridad más frecuentes y de la posible introducción de controles aleatorios sobre sistemas críticos antes de cada salida al mar, incluso cuando se trata de pruebas rutinarias.

La cooperación entre ambos países se someterá a prueba en los próximos meses, cuando se concreten las extradiciones y se inicien los procesos judiciales. Lo que se decide no es solo la responsabilidad penal de dos individuos, sino el estándar de protección de la cadena industrial de defensa en toda la UE.

Un nuevo aviso a la OTAN y al Báltico

Aunque el sabotaje se centró en corbetas en construcción, el mensaje que se lee en los cuarteles generales de la alianza es mucho más amplio. Las corbetas de la clase Braunschweig están llamadas a jugar un papel central en la vigilancia de los flancos norte y báltico, en un momento en que la presencia naval de Rusia y las tensiones en el mar Negro obligan a un despliegue casi permanente.

Un retraso de meses en la entrada en servicio de una sola unidad puede parecer menor en términos absolutos, pero en una flota relativamente pequeña puede suponer perder hasta un 10% de la capacidad operativa prevista en un teatro concreto. Si se hubieran visto afectadas cinco corbetas, el impacto habría sido equivalente a paralizar casi medio escuadrón.

El episodio se suma a otros ataques contra infraestructuras y activos estratégicos en Europa, desde el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022 hasta los repetidos incidentes en cables ferroviarios, centros de datos y redes eléctricas. La sensación en los servicios de inteligencia es inequívoca: la frontera entre tiempo de paz y guerra latente se ha difuminado, y los astilleros militares han entrado de lleno en el catálogo de objetivos potenciales.

Para la OTAN, el caso refuerza la urgencia de armonizar estándares de protección física y cibernética en todos los socios, incluidos los puertos y astilleros civiles que trabajan para programas militares.