La doble moral de Europa: efectivo solo para emergencias y el indispensable control del BCE

Desde hace meses, el BCE ha hecho pública una recomendación que sorprendió a muchos: los ciudadanos europeos deberían conservar algo de dinero en metálico para cubrir situaciones imprevistas, como un apagón o una crisis financiera. En su estudio “Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el rol único del dinero físico en cuatro crisis”, la autoridad sostiene que en contextos de bloqueo tecnológico o fallos sistémicos el efectivo constituye una reserva tangible de liquidez —y solicita que cada persona disponga de entre 70 y 100 euros para emergencias domésticas.

La paradoja salta a la vista: promover el uso del efectivo como “seguro social” al mismo tiempo que se maximiza la digitalización del sistema de pagos y se desarrollan herramientas capaces de rastrear cada movimiento económico. El BCE argumenta que el euro digital será un complemento al dinero físico, y no un reemplazo, y que debe garantizarse el acceso generalizado al efectivo.

Pero esa narrativa oficial coexiste con hechos y regulaciones que parecen restrictivas al uso cotidiano del efectivo. Por ejemplo, hay límites legales para pagos en metálico (en España ronda los 1 000 euros para transacciones entre particulares) o sanciones por retirar grandes sumas sin justificación clara. Estas políticas generan la impresión —y el reproche— de que el efectivo solo es tolerado en la periferia de lo cotidiano, como un paliativo ante crisis, pero no como alternativa legítima de pago.

Un caso reciente ilustra cómo este modelo oportunista choca con la realidad. En la península ibérica, un apagón masivo dejó sin electricidad a decenas de millones de personas, paralizando cajeros, redes bancarias y sistemas de pago digital. Según datos del BCE, en las zonas afectadas los pagos con tarjeta cayeron más de un 40 % y el comercio electrónico se desplomó más de un 50 %. Esa dependencia tecnológica demostró cuán frágil es un sistema que asume que los circuitos digitales siempre estarán disponibles. En cambio, quienes contaban con algo de efectivo pudieron responder, aunque con limitaciones.

Más allá del episodio puntual, el BCE observa patrones sistemáticos: cuando la estabilidad se ve comprometida —pandemia, guerra, crisis financiera— los ciudadanos retiran efectivo o lo acumulan preventivamente como protector frente a lo imprevisible. En ese sentido, el efectivo deja de ser un simple método de pago y se convierte en una manifestación de confianza individual ante el riesgo institucional.

Ese rol no es anecdótico: el BCE y los bancos centrales nacionales insisten en que el efectivo permanezca legalmente aceptado, y de hecho promueven regulaciones que obliguen a los comercios y proveedores públicos a admitirlo como forma de pago. Pero esas normativas conviven con una presión creciente hacia lo digital: incentivos fiscales, estructuras de costos, interoperabilidad en sistemas móviles, y proyectos como el euro digital, que implican una trazabilidad mucho más intrusiva que los pagos en efectivo anónimos.

Críticos alertan que esta aparente moderación técnica es una trampa de doble filo: mientras el ciudadano común se siente persuadido a prescindir del efectivo por conveniencia, el sistema institucional gana poder de intervención. La restricción del efectivo limita la capacidad de evasión o eludir supervisión, lo cual supone un control que va más allá de simples regulaciones fiscales. En otras palabras: se penaliza el uso del efectivo cotidiano para reservarlo en ámbitos donde el sistema ya controla menos.

Ante ese escenario, cabe preguntarse: ¿por qué un medio de pago plenamente legal debe ser objeto de estigmatización y márgenes regulatorios? ¿No es legítimo que una persona decida operar con billetes o monedas si lo considera conveniente? La libertad de elección entre efectivo y digital debería ser parte esencial de un sistema que afirma promover inclusión financiera y autonomía ciudadana.

Europa enfrenta así una tensión clave. De un lado, tecnologías digitales que prometen eficiencia, reducción de costos y mejores datos para políticas públicas. Del otro, ciudadanos que desean un espacio de certeza, privacidad y liquidez no dependiente exclusivamente de redes electrónicas. Un desequilibrio mal gestionado podría avanzar hacia un sistema en el que el control se disfraza de progreso.