EE. UU. retira agentes federales de Minnesota tras violencia y protestas
La administración del presidente Donald Trump decidió retirar una parte significativa de los agentes federales desplegados en Minnesota en el marco de una operación migratoria que generó masivas protestas, enfrentamientos con autoridades locales y al menos dos muertes de civiles en Minneapolis, según confirmaron este jueves funcionarios estadounidenses. El anuncio, hecho por el “zar” de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, marca un ajuste de la controvertida estrategia de inmigración en el corazón del Medio Oeste estadounidense y pone de manifiesto el impacto político y social que esta operación ha tenido en el país.
Fin parcial de la operación más polémica del año
Homan explicó que el presidente Trump acordó poner fin a la operación migratoria en Minnesota, conocida como Operation Metro Surge, que había desplegado miles de oficiales de inmigración para arrestar y deportar a personas sin estatus legal. “Como resultado de esta operación de alto impacto, hemos reducido en gran medida el número de objetivos para acciones de aplicación, y muchos extranjeros criminales han sido arrestados y sacados de las calles”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa.
La operación, que comenzó en diciembre de 2025, llegó a reunir alrededor de 3.000 agentes federales en el estado —incluidos efectivos de ICE, la Patrulla Fronteriza y Aduanas— en lo que fue descrito por la administración como la movilización de inmigración más grande en décadas.
Sin embargo, el anuncio del retiro de agentes no implica el final absoluto de la presencia federal en el estado. Homan subrayó que la retirada es una redistribución de personal para centrarse en “amenazas de seguridad pública y nacional”, y que algunos oficiales permanecerán en Minnesota para investigaciones de fraude y actividades criminales de “agitadores” —término utilizado por la administración para describir a quienes, según ellos, obstruyen las operaciones federales.
para acciones de aplicación, y muchos extranjeros criminales han sido arrestados y sacados de las calles”
Una operación que desató protestas y críticas
La estrategia de Trump no ha estado exenta de críticas y rechazo. La operación en Minnesota se convirtió en un foco de tensión social después de que dos personas fueran asesinadas por agentes federales durante las redadas en Minneapolis, lo que provocó protestas a nivel nacional y generó amplia indignación pública.
Los líderes locales, entre ellos el gobernador demócrata Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificaron la operación como una “ocupación” y exigieron que los agentes se retiraran. Las protestas se extendieron más allá de Minnesota, con manifestaciones en ciudades como Boston, Chicago y Filadelfia, y campañas para presionar a empresas como Target, cuyas tiendas se convirtieron en puntos de protesta contra el despliegue federal.
Críticos de la administración han denunciado que la operación no solo se centró en inmigrantes con antecedentes criminales, sino que también resultó en detenciones de personas sin historial delictivo, incluyendo residentes legales y ciudadanos estadounidenses, generando alarma y rechazo entre amplios sectores de la población.
antecedentes criminales, sino que también resultó en detenciones de personas sin historial delictivo
Retirada parcial y personal reasignado
Según la administración, al menos 700 agentes federales han sido retirados de Minnesota de forma inmediata, una reducción significativa del contingente en el terreno. Aun así, alrededor de 2.000 agentes se mantienen en el estado, con planes para una retirada progresiva conforme aumente la cooperación de autoridades locales y se reduzca la violencia y la interferencia en las operaciones.
El enfoque ahora, según Homan, será priorizar las amenazas más graves de seguridad, como delincuentes violentos, tráfico de drogas y actividades que, a juicio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ponen en riesgo a la comunidad. Las autoridades también han anunciado medidas como el uso de cámaras corporales para los agentes, inicialmente en Minneapolis y posteriormente a nivel nacional, para incrementar la supervisión de las operaciones federales y responder a las críticas sobre tácticas agresivas.
Reacción política y división interna
La retirada parcial no ha detenido las críticas. Líderes demócratas y defensores de derechos civiles han reclamado una retirada completa de los agentes federales y una investigación independiente sobre los enfrentamientos que resultaron en la muerte de civiles. Algunos legisladores han vinculado la continuidad de la presencia federal con violaciones a los derechos civiles y llamados a reformar o incluso desmantelar agencias como ICE.
Mientras tanto, el gobierno de Trump ha defendido la operación como un esfuerzo legítimo para hacer cumplir las leyes migratorias y proteger a las comunidades de criminales extranjeros. Homan y otros funcionarios han subrayado que los arrestos de personas con antecedentes de homicidio, asalto o delitos sexuales forman parte de la justificación de la presencia federal, insistiendo en que la retirada parcial no representa un retroceso en la política de inmigración ni en la promesa de deportaciones masivas.
Este debate refleja una profunda fractura en la política estadounidense sobre inmigración, con una parte de la opinión pública apoyando medidas estrictas para controlar la migración irregular, y otra denunciando lo que considera abusos de poder y violaciones de derechos fundamentales.
Implicaciones para futuras operaciones
La operación en Minnesota ha servido como campo de pruebas para enfoques de aplicación de la ley más agresivos en territorio urbano, algo inusual en la historia reciente de Estados Unidos. El propio Homan ha defendido en varias ocasiones la necesidad de actuar con “inteligencia y eficacia”, ajustando tácticas conforme evolucionan las circunstancias, pero sin abandonar los objetivos estratégicos de deportación y control migratorio.
El foco en la redistribución de agentes hacia amenazas consideradas de mayor impacto estratégico indica un cambio en la priorización de recursos, aunque la retirada total dependerá, según la administración, de factores como el grado de cooperación de autoridades locales y el comportamiento de grupos opositores.
A corto plazo, la atención se centrará en cómo se desarrollan las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatal y municipal, especialmente en torno a la coordinación de arrestos y manejo de inmigrantes en custodia.
A medio plazo, la política migratoria estadounidense podría enfrentar más escrutinio público y legal, con posibles reformas impulsadas desde el Congreso o a través de decisiones judiciales que limiten ciertas tácticas de aplicación de la ley.
La consecuencia es clara: la retirada parcial de agentes en Minnesota marca un punto de inflexión en la política migratoria federal, pero no pone fin al debate nacional. Los ecos de lo ocurrido en Minneapolis —incluyendo protestas, muertes y acusaciones de abuso— continuarán alimentando un choque profundo sobre la forma en que Estados Unidos aplica sus leyes de inmigración y equilibra la seguridad con los derechos civiles.