Síndrome de La Habana: el arma invisible que investiga el Pentágono

La aparición del llamado síndrome de La Habana en 2016 se convirtió en una pesadilla silenciosa para decenas de diplomáticos y agentes de inteligencia. Mareos, zumbidos, náuseas, problemas de memoria… síntomas reales sobre los que, casi una década después, Estados Unidos sigue sin un diagnóstico definitivo. Más de 1.500 reportes en 96 países dibujan un fenómeno global, pero el origen permanece en la penumbra.

Ahora, el hallazgo de un dispositivo capaz de emitir energía electromagnética, en manos del Pentágono y sometido a pruebas desde hace más de un año, vuelve a encender todas las alarmas. Investigadores del Departamento de Defensa estudian si este aparato podría estar relacionado con los episodios bautizados oficialmente como anomalous health incidents (AHI).

El giro es profundo: si se confirma el vínculo, no solo se reescribiría la historia del síndrome de La Habana. Cambiarían las reglas del juego en inteligencia, diplomacia y seguridad nacional. Armas no letales, difíciles de detectar, con efectos neurológicos y un enorme potencial desestabilizador entran en el centro del tablero.

Mientras la ciencia duda y las agencias discrepan, una certeza se impone: la guerra ya no solo se libra con balas, ni siquiera solo con ciberataques, sino también con ondas invisibles y daños difíciles de probar. Y la pregunta que sobrevuela Washington es incómoda: ¿quién controla ese nuevo arsenal?

Los datos que nadie consigue cerrar

Casi diez años después de los primeros casos en la embajada de Estados Unidos en Cuba, el balance numérico es tan impresionante como ambiguo. Fuentes oficiales hablan de al menos 1.500 personas afectadas —diplomáticos, espías, personal militar y familiares— en casi un centenar de países, desde China o India hasta Austria o Vietnam.

Sin embargo, esos datos esconden varias capas. Un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y una evaluación de 2023 concluyeron que era “muy improbable” que un adversario extranjero estuviera detrás de la mayoría de los incidentes, apuntando a enfermedades comunes, factores ambientales o explicaciones psicológicas.

En paralelo, el Congreso, comités del Senado y asociaciones de afectados han cuestionado abiertamente ese diagnóstico, señalando casos muy concretos, concentrados en determinados destinos y contextos operativos, que difícilmente encajan en una explicación banal.

A ello se suma el dato que el Pentágono no puede ignorar: según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), al menos 334 personas han completado el proceso para recibir atención especializada en el sistema sanitario militar por estos incidentes. En otras palabras, la administración estadounidense ha terminado reconociendo de facto que existe un problema real de salud, aunque no acepte todavía un culpable claro.

El cuadro se vuelve aún más complejo si se mira la evolución temporal: más de la mitad de los casos se notificaron antes de 2022 y los reportes se han reducido de forma significativa desde entonces, pero sin desaparecer. La consecuencia es clara: el fenómeno se ha vuelto más difícil de rastrear, pero no menos políticamente tóxico.

Tecnología en la mira y posible vínculo

Sobre ese terreno ambiguo aterriza ahora el elemento más inquietante: la existencia de un dispositivo físico, presuntamente capturado en un tercer país, que sería capaz de emitir energía electromagnética dirigida y que se está probando en instalaciones del Pentágono desde hace más de un año.

Las filtraciones apuntan a un aparato portátil, con alcance limitado pero suficiente para concentrar energía sobre un objetivo concreto a corta o media distancia. En teoría, sería capaz de generar síntomas neurológicos agudos, compatibles con los descritos por numerosos diplomáticos: mareos, presión craneal, acúfenos, dificultades de concentración o episodios de desorientación súbita.

Nada de esto está aún confirmado, pero el simple hecho de que el Departamento de Defensa haya invertido más de doce meses de pruebas internas indica que los técnicos consideran verosímil el riesgo. Para el ecosistema de seguridad nacional, este hecho revela algo fundamental: las capacidades de energía dirigida ya no son solo un concepto teórico, sino una dimensión real del arsenal que grandes potencias pueden estar desarrollando en paralelo a sus programas cibernéticos o de guerra electrónica.

La hipótesis que se discute en círculos de defensa no es solo si ese dispositivo explica todos los casos, algo que muchos expertos descartan, sino si podría explicar un subconjunto de incidentes “atípicos” y, sobre todo, si hay otros aparatos similares en circulación que aún no han sido identificados.

Por qué es tan difícil confirmarlo

Asignar de forma concluyente estos síntomas a un arma acústica o electromagnética es, por ahora, casi imposible. Los estudios del Instituto Nacional de Salud (NIH) han encontrado afectados con síntomas severos, pero sin evidencia de daño cerebral detectable por resonancia magnética ni biomarcadores claros.

Sin biomarcadores, la ciencia forense se queda sin su herramienta más poderosa. Los episodios, además, suelen producirse en entornos complejos —ciudades densas, edificios antiguos, múltiples fuentes de ruido y radiación— donde reconstruir el escenario exacto resulta extremadamente difícil.

Por otro lado, cualquier investigación sobre posibles armas de energía dirigida choca con un muro de secretismo militar. El acceso a documentación, pruebas de laboratorio o simulaciones avanzadas está restringido por razones de seguridad nacional. La consecuencia es que la comunidad científica civil trabaja con información incompleta, mientras los informes clasificados alimentan sospechas pero rara vez ofrecen certezas públicas.

En ese vacío se han instalado hipótesis que van desde la histeria colectiva o el estrés extremo hasta la exposición a plaguicidas o la acción deliberada de servicios de inteligencia extranjeros. Ninguna ha conseguido cerrar el caso. “Sin pruebas concluyentes, cada hipótesis se convierte en narrativa política”, resume un analista de seguridad consultado por medios estadounidenses.

La dificultad no es solo técnica. Es también ética: reproducir en laboratorio los efectos que denuncian las víctimas exigiría experimentos de altísimo riesgo, sencillamente inasumibles en un entorno regulatorio democrático.

Seguridad nacional y estrategias en alerta

Para el Pentágono, el problema ya no es únicamente determinar qué ocurrió, sino cómo proteger a su personal en adelante. Las embajadas, bases y residencias oficiales han tenido que revisar protocolos de seguridad, incluir procedimientos para reportar rápidamente síntomas inusuales y reforzar la vigilancia de posibles fuentes de radiación o interferencias anómalas.

La guerra moderna combina hoy ciberataques, operaciones de influencia, sabotajes físicos y, potencialmente, armas de energía dirigida. No son sustitutas de la artillería o los drones, pero sí un complemento que puede desestabilizar a cuadros diplomáticos clave, obligar a evacuar legaciones o sembrar desconfianza interna.

El dilema estratégico es evidente: si una potencia reconoce que este tipo de ataques son posibles, se ve empujada a desarrollar capacidades similares, aunque solo sea en clave disuasoria. Si los niega por completo, corre el riesgo de dejar desprotegidos a sus operativos.

Lo más grave es que, incluso sin una atribución clara, el mero miedo a lo invisible tiene impacto operativo. Hay destinos que pasan a ser percibidos como de alto riesgo, carreras diplomáticas que se frenan y familias que se niegan a acompañar a los funcionarios. En términos de capital humano, el coste es difícil de cuantificar pero nada despreciable.

El tablero geopolítico que se dibuja

El caso del síndrome de La Habana ha abierto además una guerra soterrada de relatos entre agencias y países. En 2024, una investigación conjunta de medios internacionales vinculó los incidentes a la unidad 29155 del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso especializado en operaciones encubiertas y sabotaje, sugiriendo el uso de dispositivos de energía dirigida contra personal estadounidense y sus familias en varios países.

Moscú lo ha negado tajantemente. Washington, por su parte, se aferra a la evaluación oficial de su comunidad de inteligencia, que mantiene que es “muy improbable” que un adversario extranjero sea responsable de la mayoría de los incidentes. El contraste entre ambas posiciones resulta demoledor: mientras una parte del aparato político y mediático señala a Rusia, la línea oficial preserva un margen de ambigüedad que irrita a las víctimas y alimenta teorías alternativas.

Otros actores —Cuba, China, incluso aliados europeos donde se han registrado casos— observan con inquietud cómo su nombre aparece asociado recurrentemente a episodios que nadie consigue explicar del todo. En este contexto, la diplomacia clásica se mezcla con la diplomacia tecnológica, donde la transparencia sobre capacidades y ensayos de nuevas armas se convierte en un factor crítico de confianza.

El diagnóstico es inequívoco: el síndrome de La Habana no es solo un problema médico, sino un espejo que refleja la opacidad, las rivalidades estratégicas y la carrera armamentista en dominios emergentes.

Diplomacia tecnológica y cooperación

Si algo ha dejado claro este caso es que el marco de control de armamentos vigente está desfasado respecto a la nueva generación de tecnologías militares. Convenios como la Convención de Armas Químicas o Biológicas no cubren de forma específica dispositivos de energía dirigida que, sin matar, puedan producir daños neurológicos o incapacitar temporalmente a un objetivo.

Varios expertos proponen ya avanzar hacia acuerdos de transparencia tecnológica, que obliguen a los Estados a notificar pruebas de sistemas experimentales con efectos sobre la salud humana, al menos cuando se realicen fuera de su territorio o en entornos donde puedan afectar a personal extranjero.

La cooperación, sin embargo, choca con la realidad geopolítica. Las potencias que más invierten en estas capacidades son las mismas que menos incentivos tienen para someterlas a supervisión. Y, aun así, la alternativa es peor: un escenario en el que cada país sospecha del otro, los incidentes se multiplican y cualquier síntoma extraño se interpreta como un ataque encubierto.

En este contexto, la Unión Europea y otros actores intermedios podrían desempeñar un papel relevante impulsando foros multilaterales específicos sobre armas de energía dirigida y efectos neurológicos, un terreno donde aún no existe una arquitectura regulatoria sólida.

Qué puede pasar ahora

La gran incógnita es qué ocurrirá si las pruebas sobre el dispositivo en manos del Pentágono arrojan resultados concluyentes. Un escenario posible es que se demuestre que es capaz de reproducir, al menos parcialmente, los síntomas descritos por algunas víctimas. En ese caso, la presión política para identificar origen, cadena de suministro y responsables se dispararía. El efecto dominó sobre sanciones, represalias encubiertas y nuevas inversiones en defensa sería inmediato.

El escenario opuesto —que el aparato se revele como insuficiente para explicar los incidentes— no sería necesariamente más tranquilizador. Confirmaría que, pese a años de investigaciones, Estados Unidos sigue sin una explicación técnica robusta, mientras las dudas de los afectados y la brecha entre informes oficiales y testimonios personales se ensanchan.

Entre ambos extremos, el camino más probable es un punto intermedio: reconocer que ciertas tecnologías de energía dirigida pueden haber jugado un papel en un número limitado de casos, sin que ello explique la totalidad del fenómeno. Pese a su ambigüedad, ese reconocimiento bastaría para consagrar la entrada de un nuevo tipo de arma en el imaginario de la seguridad internacional.

Lo que sí parece claro es que el síndrome de La Habana ha inaugurado una era en la que la frontera entre guerra, espionaje y biomedicina se vuelve difusa. Y en ese terreno, como admiten en privado varios responsables de defensa, la pregunta clave ya no es solo quién disparó primero, sino quién será capaz de imponer las reglas antes de que la tecnología se les escape de las manos.