Un informe de la Guardia Civil revela la extracción irregular de piezas críticas durante la madrugada, comprometiendo la cadena de custodia del siniestro ferroviario
La investigación técnica y judicial del reciente accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha entrado en una fase de extrema gravedad institucional tras confirmarse una actuación irregular en el corazón mismo del escenario del siniestro. Un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la prensa de investigación, denuncia que operarios de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) procedieron a la retirada de piezas fundamentales para el peritaje sin contar con la preceptiva autorización del juez instructor. Este hecho revela una vulnerabilidad alarmante en los protocolos de transparencia del ente público, situando la instrucción del caso en una zona de sombra legal que podría invalidar pruebas decisivas. Lo más grave es que el material extraído, consistente en cupones con soldaduras críticas, representa la evidencia física necesaria para determinar si un fallo estructural en la vía fue el desencadenante de un choque que ha vuelto a poner bajo lupa la seguridad de la red ferroviaria española.
Una incursión bajo la sombra de la madrugada
El diagnóstico de los hechos es inequívoco y profundamente inquietante. Según el relato pormenorizado de la Benemérita, la extracción de los materiales se produjo en plena madrugada, aprovechando el paréntesis de vigilancia en la zona cero del accidente. Sin mediar comunicación previa con el juzgado y eludiendo la presencia de los peritos judiciales, los trabajadores de Adif manipularon elementos de la infraestructura que, por ley, deberían haber permanecido inalterados hasta su análisis oficial. Este hecho revela una praxis de hechos consumados que colisiona frontalmente con el Estado de derecho y la independencia de las investigaciones criminales en el sector del transporte.
La consecuencia inmediata es la ruptura de la cadena de custodia, un concepto jurídico sagrado en cualquier proceso judicial. Al haber sido manipuladas por una de las partes interesadas en el proceso —pues Adif es, por definición, el responsable del mantenimiento de las vías—, la validez probatoria de esas piezas queda seriamente comprometida. El contraste con los protocolos internacionales de seguridad ferroviaria resulta demoledor; mientras que la normativa exige un sellado total del escenario, en Adamuz se ha permitido una incursión que, a ojos de los investigadores, podría interpretarse como un intento de alteración de pruebas en un caso donde las responsabilidades civiles y penales podrían alcanzar cifras millonarias.
El valor técnico de los cupones extraídos
Para entender la magnitud del escándalo, es preciso analizar qué son exactamente los «cupones con soldadura» que Adif retiró de forma furtiva. Se trata de muestras físicas de los raíles donde se ha realizado una unión térmica. En ingeniería ferroviaria, estos puntos son el talón de Aquiles de la infraestructura; una burbuja de aire, una temperatura inadecuada durante el proceso o un material defectuoso pueden provocar una fractura súbita bajo la presión de un convoy de cientos de toneladas. El diagnóstico técnico apunta a que estas piezas contenían la respuesta a si el mantenimiento preventivo en la línea de Córdoba fue deficitario o si existió una fatiga de materiales no detectada.
Lo más grave es que, al ser retiradas sin supervisión judicial, no existe garantía alguna de que los cupones entregados posteriormente para el análisis sean exactamente los que se encontraban en el punto de impacto. «La manipulación de evidencias físicas en un siniestro de esta escala es una anomalía que no se veía en España desde los episodios más oscuros de la gestión de infraestructuras del siglo pasado», señalan fuentes jurídicas expertas en accidentes. Este hecho revela una ineficiencia orgánica en la supervisión de Adif, donde la urgencia por restablecer el tráfico o «limpiar» el escenario parece haber prevalecido sobre la necesidad imperiosa de justicia para las víctimas y transparencia para el mercado.
El origen de la ineficiencia y la fricción institucional
La denuncia de la Guardia Civil no es un trámite administrativo más; es un síntoma de una fricción institucional sin precedentes entre el brazo ejecutor de la justicia y la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. La Benemérita ha sido taxativa al señalar la gravedad de que una entidad estatal actúe al margen de la normativa en un escenario de catástrofe. Este hecho revela una cultura corporativa en Adif que parece considerarse por encima de los controles jurisdiccionales habituales. La consecuencia es una crisis de confianza que afecta no solo a la gestión de este siniestro, sino a la credibilidad de toda la red de seguridad ferroviaria nacional, que en el último año ha registrado un incremento del 12% en incidentes de infraestructura.
La pregunta que se hace la opinión pública es por qué Adif decidió actuar con tal celeridad y opacidad. Si no había nada que ocultar, la lógica dictaba esperar a la presencia de la comisión judicial. El diagnóstico de los analistas de riesgo es que la empresa pública podría estar intentando blindarse preventivamente ante una eventual acusación de negligencia. El contraste con otras administraciones ferroviarias europeas, como la SNCF francesa o la Deutsche Bahn alemana, es absoluto; en esos países, cualquier manipulación de restos tras un accidente sin presencia de la fiscalía se salda con ceses inmediatos y responsabilidades penales para los directivos encargados de la supervisión del área.
Accidente
Implicaciones legales: ¿Hacia la nulidad del proceso?
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la actuación de los operarios de Adif ha dinamitado la base sobre la que se asienta la acusación. Si la defensa de las víctimas intenta utilizar las muestras de soldadura como prueba de cargo, la representación legal de Adif o de las constructoras implicadas podría solicitar la nulidad de dichas evidencias alegando que fueron manipuladas. Este hecho revela un escenario de impunidad técnica provocado por la propia administración. La consecuencia es un perjuicio irreparable para las familias de los afectados, que ven cómo la posibilidad de alcanzar una verdad irrefutable se desvanece entre tecnicismos legales provocados por una irregularidad flagrante.
Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy clara respecto a la preservación del cuerpo del delito. La retirada de material sin autorización puede ser constitutiva de un delito de obstrucción a la justicia. El diagnóstico jurídico es sombrío: Adif no solo se enfrenta a una posible condena por el accidente en sí, sino a una investigación paralela sobre la gestión de las pruebas. Las estadísticas de litigiosidad ferroviaria en España indican que los casos donde se producen irregularidades en la instrucción suelen prolongarse una media de seis a ocho años más que los procesos limpios, incrementando los costes judiciales en un 25% adicional para las arcas públicas.
Lo más preocupante es el silencio administrativo que ha seguido a la denuncia de la Guardia Civil. La falta de una explicación coherente por parte del Ministerio de Transportes alimenta las sospechas de que la retirada de los cupones de soldadura no fue un error de unos operarios rasos, sino una decisión tomada en los niveles intermedios de mando. La opinión pública española, sensible tras tragedias históricas como la de Angrois, no aceptará una versión oficial que no aclare quién dio la orden de intervenir a las tres de la madrugada y por qué se ignoró deliberadamente la autoridad del juez instructor.
La retirada de pruebas clave en Córdoba es el certificado de defunción de la buena fe institucional en este caso. El diagnóstico final es que el sistema de supervisión y control ha fallado en su prueba de fuego. Mientras la Guardia Civil sigue documentando las irregularidades, el futuro de la investigación criminal de Adamuz pende de un hilo legal. Si España quiere mantener su prestigio como potencia ferroviaria mundial, no puede permitirse que la extracción irregular de un pedazo de hierro en mitad de la noche sea la que dicte la sentencia de un accidente que ha conmocionado a la nación.