España cancela la compra del F-35: soberanía tecnológica y apuesta europea marcan el nuevo rumbo
El Gobierno español ha decidido cancelar la adquisición del caza estadounidense F-35 Lightning II, en una decisión que trasciende lo militar y pone el foco en la soberanía tecnológica, el gasto responsable y el fortalecimiento de la industria europea de defensa. Una apuesta estratégica que redefine el papel de España en la seguridad continental.
España ha optado por desmarcarse de uno de los programas armamentísticos más avanzados del mundo. La decisión de cancelar la compra del F-35 Lightning II, fabricado por Lockheed Martin, representa un giro significativo en la política de defensa nacional. No se trata solo de un asunto técnico o económico, sino de una declaración estratégica que prioriza la autonomía y la inversión dentro del continente europeo.
El F-35 estaba llamado a sustituir progresivamente a dos aeronaves clave en las Fuerzas Armadas españolas: los veteranos Harrier AV-8B de la Armada y los F-18 del Ejército del Aire y del Espacio. Los Harrier, con medio siglo de servicio a sus espaldas y serias dificultades de mantenimiento, debían ser reemplazados con urgencia. El Ejército del Aire, por su parte, buscaba diversificar su flota para no depender exclusivamente del Eurofighter. El F-35, en su versión B, ofrecía capacidades de despegue vertical imprescindibles para operar desde el buque Juan Carlos I, el único portaaeronaves español.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha valorado otras consideraciones más allá de la operatividad inmediata. Uno de los principales argumentos ha sido la pérdida de soberanía tecnológica que implicaría la adquisición del F-35. Estados Unidos mantiene el control sobre los sistemas más críticos del caza, lo que genera una dependencia potencialmente lesiva. La posibilidad de que Washington pueda desactivar funciones clave de forma remota no encaja en la visión de una defensa soberana.
A esta preocupación se suma el elevado coste de mantenimiento del F-35 y las infraestructuras específicas que exige, percibidas por varios países europeos como excesivas. Y, sobre todo, el nuevo enfoque presupuestario español, alineado con Bruselas, que estipula que el 85% de los fondos destinados a defensa deben reinvertirse en industria europea. Aunque Lockheed Martin ha argumentado que los F-35 destinados a España serían ensamblados en Italia, el argumento no ha convencido al Ejecutivo, que lo sigue viendo como un producto bajo control estadounidense.
La renuncia al F-35B abre un interrogante importante sobre el futuro de la aviación embarcada española. Al no existir alternativas europeas con despegue vertical, la Armada se enfrenta a un vacío operativo en el buque Juan Carlos I. La única salida sería la construcción de un nuevo portaviones de pista convencional, una solución que requeriría años de planificación y presupuesto.
Mientras tanto, el horizonte se sitúa en el FCAS (Future Combat Air System), el proyecto de caza europeo de sexta generación liderado por Francia, Alemania y España. Una apuesta tecnológica y política que, sin embargo, no verá la luz antes de 2040.