España desafía a las grandes potencias: propuesta para limitar el veto en la ONU

España ha decidido entrar en un terreno donde casi nadie se atreve: el del poder duro procedimental de Naciones Unidas. Junto a México, lidera una carta suscrita por 14 Estados para reactivar una regla olvidada que, aplicada con rigor, dejaría sin veto a Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido cuando sean parte interesada en la crisis que se debate.
La base jurídica está escrita desde 1945, pero apenas se ha usado: el artículo 27.3 exige abstenerse de votar en ciertos supuestos a quien sea “parte en una controversia”.
El movimiento llega en un momento de parálisis crónica del Consejo y de fatiga global con el veto. Y abre una pregunta incómoda: ¿reforma real sin tocar una coma de la Carta, o choque institucional en cámara lenta?

España y México impulsan una ofensiva diplomática para limitar el veto del Consejo de Seguridad cuando los miembros permanentes estén implicados en el conflicto. La propuesta se apoya en una lectura estricta del artículo 27.3 y busca ganar tracción política sin entrar en la casi imposible reforma formal de la Carta. En juego: legitimidad, poder y la capacidad real de la ONU para reaccionar.

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La carta de los 14 y el “veto por conflicto de intereses”

La iniciativa no se presenta como una revolución, sino como una corrección moral: si un Estado es juez y parte, no debería poder bloquear la decisión. Ese es el argumento que España y México trasladan en una carta conjunta firmada por 14 países, con el foco puesto en conflictos donde las potencias con asiento permanente están directamente implicadas.

El elemento disruptivo no es la denuncia —habitual en la Asamblea General— sino el objetivo: llevar la discusión al terreno operativo del Consejo de Seguridad, donde se decide con consecuencias vinculantes. El Consejo tiene 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y disponen de la llave del veto; un diseño heredado de 1945 que hoy contrasta con una ONU de 193 Estados.

La consecuencia política es clara: España intenta pasar de la crítica retórica a una palanca procedimental. Y eso, en Naciones Unidas, es tocar el nervio.

El artículo 27.3: la norma que siempre estuvo ahí

El corazón de la propuesta se apoya en una frase breve y explosiva del artículo 27.3: en decisiones bajo el Capítulo VI, “la parte en una controversia se abstendrá de votar”. No es un matiz: es la única limitación explícita dentro del propio artículo que consagra el sistema del veto.

España y México no están pidiendo formalmente eliminar el veto. Están reclamando que se aplique, con disciplina, una obligación de abstención que quedó relegada por la práctica política del Consejo. La idea es simple en su superficie —impedir que quien está implicado bloquee—, pero compleja en su aterrizaje: requiere acordar qué es “controversia”, quién es “parte” y qué tipo de decisiones encajan en el perímetro.

Lo más grave para el statu quo es que el texto existe y es invocable. El debate ya no es “si se puede”, sino “quién se atreve a forzarlo”.

La trampa jurídica: Capítulo VI frente a Capítulo VII

Aquí aparece el principal campo minado. El artículo 27.3, por su propia redacción, se proyecta sobre decisiones del Capítulo VI (arreglo pacífico de controversias) y no sobre el Capítulo VII, donde se autorizan medidas coercitivas. Es decir: la abstención obligatoria no cubre, de forma automática, la parte más dura de la caja de herramientas de la ONU.

Este hecho revela el dilema de fondo: muchas crisis contemporáneas se discuten en términos de “situación” o “amenaza a la paz” y terminan buscando amparo en el Capítulo VII, precisamente donde el veto es más determinante. Por eso, la iniciativa hispano-mexicana es también un intento de reencuadre: empujar determinadas votaciones hacia fórmulas de mediación, investigación o recomendación donde el Capítulo VI tenga peso real.

En la práctica, el choque no será solo jurídico. Será político: decidir qué etiqueta se le pone a una guerra es, muchas veces, decidir quién puede vetar.

Por qué el P5 no cede: el veto como seguro de vida

La resistencia de las potencias con veto no es capricho: el veto es un seguro de vida geopolítico. Les garantiza que la ONU no se convierta en un instrumento contra sus intereses vitales, especialmente cuando están involucrados militar o estratégicamente. El mecanismo nació precisamente para asegurar que el sistema no se rompiera por la ausencia de las grandes potencias, y su lógica sigue intacta.

Por eso, cualquier reforma formal es casi impracticable. El listón para enmendar la Carta exige dos tercios de la Asamblea General y la ratificación de dos tercios de los Estados, incluidos todos los miembros permanentes, según el artículo 108. En otras palabras: el P5 tendría que firmar su propia limitación.

De ahí el atractivo del atajo español: no tocar el tratado, sino reinterpretar su uso. Pero ese atajo tiene un precio: si prospera, el P5 lo verá como un precedente que erosiona su núcleo de poder.

El precedente que ya existe: la presión de la Asamblea en 10 días

Aunque parezca que nada se mueve, algo cambió en 2022: la Asamblea General adoptó por consenso una resolución para obligarse a reunirse cada vez que se emite un veto. El esquema fija un plazo de 10 días hábiles para el debate y elevó la presión reputacional sobre quien bloquea una resolución.

Además, no fue un gesto marginal: 83 países copatrocinaron la iniciativa, incluidos tres miembros permanentes (Francia, Reino Unido y Estados Unidos).
Ese precedente revela una tendencia: las reformas más viables no son las que amputan el veto, sino las que lo rodean de costes políticos y lo someten a escrutinio.

En paralelo, existen compromisos voluntarios para restringir el veto en atrocidades masivas: el informe de Security Council Report recoge 107 Estados apoyando la iniciativa franco-mexicana y 130 respaldando el Código de Conducta impulsado por el grupo ACT.

España intenta ahora ir un paso más allá: pasar del “veto explicado” al veto impedido cuando hay conflicto de intereses.

Qué gana España: perfil internacional y riesgo de represalias diplomáticas

España busca tres retornos. El primero, visibilidad: liderar una discusión estructural en la ONU sitúa al país en el centro de la conversación multilateral cuando el tablero está dominado por bloques. El segundo, alianzas: una coalición de tamaño medio puede convertirse en bisagra si logra sumar a Estados no alineados cansados del bloqueo permanente.

El tercero es menos evidente y más económico: un Consejo paralizado suele implicar conflictos más largos, más incertidumbre y más volatilidad en energía, comercio y rutas marítimas. Reducir la capacidad de bloqueo de las potencias implicadas puede, en teoría, acortar crisis o habilitar mecanismos de desescalada.

Pero hay contrapartidas. “Si lo que pretendes es limitarme cuando estoy implicado, entonces estás cuestionando mi estatus, no mi voto”, resume una fuente diplomática europea familiarizada con la lógica del P5. El mensaje es nítido: las grandes potencias pueden responder enfriando apoyos, endureciendo negociaciones o trasladando la factura a otros foros.